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Boletín N°. 5521 Avalan diputados que agentes extranjeros de migración, aduanales y de seguridad puedan portar armas en México
  • Pleno aprobó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; se remite al Ejecutivo

 

  • Bajo principio de reciprocidad, será la Sedena quien autorice la portación temporal

 

  • Habrá control del uso de armas, con límites específicos de espacio y de tiempo: Fernando De las Fuentes

 

23-04-2015.- El Pleno camaral aprobó, en lo general y en lo particular, la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para autorizar el ingreso y portación temporal de armas de fuego en territorio mexicano a servidores públicos extranjeros de migración y aduanas, así como a los agentes de seguridad en las visitas oficiales de jefes de Estado, gobierno, ministros o equivalentes.

 

El documento avalado en lo general, con 288 votos a favor, 82 en contra y 9 abstenciones, destaca que con las reformas se logrará fortalecer la cooperación aduanera con los principales socios comerciales de México; reducir costos y tiempos de las operaciones aduaneras.

 

Incentivar el turismo e incrementar el número de visitantes internacionales al país, derivado de la disminución de los costos y el establecimiento de nuevas rutas; impulsar la inversión, al contar con un mayor número de aeropuertos que puedan ser destino u origen para los viajes de negocios, y otorgar más garantías para la protección de los jefes de Estado, ministros y altos funcionarios de otras naciones.

 

Conforme al dictamen enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales y que deriva de una iniciativa de éste, a partir del principio de reciprocidad, será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que autorice la portación temporal de armas.

 

Argumenta que los servidores públicos extranjeros que acompañen como agentes de seguridad a un jefe de Estado, de gobierno, ministros o equivalentes en visitas oficiales, deberán portar revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a 40 milímetros o su equivalente.

 

En casos excepcionales, se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas, siempre que a juicio de la Sedena se justifique la necesidad de su uso.

 

Las secretarías de Gobernación o de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán responsables de tramitar ante la Sedena, cuando menos con 15 días de anticipación al inicio de la comisión, los permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego respectivos, para los servidores públicos extranjeros de migración y aduanas.

 

Dichos permisos tendrán una vigencia de 6 meses; en caso de que la comisión sea mayor a este período, podrán renovarse semestralmente.

 

En el caso de los agentes de seguridad en las visitas oficiales de jefes de Estado, gobierno, ministros o equivalentes, será la Sedena la responsable de tramitar dichos permisos, cuando menos con 15 días de anticipación al inicio de la visita y a solicitud del Estado o sujeto de derecho internacional correspondiente. Tal permiso tendrá una vigencia durante el tiempo que dure la comisión de la visita oficial.

 

En la fundamentación, el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, diputado Fernando Donato De las Fuentes Hernández (PRI), expresó que ahora el Estado mexicano, bajo el principio de reciprocidad internacional, estará en posibilidades de implementar acuerdos de cooperación aduanal y migratoria.

 

Con el dictamen, dijo, se fortalecen los procesos de cooperación migratoria y aduanera en México con el resto del mundo para hacer más eficiente el flujo de personas y mercancías, así como establecer reglas claras para atender las necesidades especiales de seguridad que requieren los jefes de Estado o de gobierno, ministros o equivalentes, en visitas de alto nivel que realizan al país.

 

Indicó que la portación de armas sólo podrá realizarse en el local o instalación en el que el funcionario extranjero desempeñe sus actividades, es decir, “quedarán resguardadas en su lugar de trabajo. Existirá un control estricto con límites específicos de espacio y de tiempo”.

 

México, expresó, garantizará a otros países que sus funcionarios aduaneros y migratorios cuenten en nuestro país con las condiciones idóneas de seguridad para el desempeño de sus funciones, medida que la nación contraparte deberá garantizar a los funcionarios mexicanos en el marco de los acuerdos suscritos.

 

La portación de armas en conexión con la cooperación interinstitucional en materia aduanera y migratoria, expuso, está vinculada a los principios de voluntariedad, ya que los viajeros interesados en participar en el programa lo harán de forma voluntaria al adquirir un boleto de avión o contratar un chárter.

 

Sobre la soberanía, dijo, hay todo un respeto porque las autoridades aduaneras no ejercerán funciones o actos de autoridad en territorio extranjero ni podrán actuar en contra de la legislación nacional. “La reciprocidad significa que las atenciones brindadas a las autoridades extranjeras, podrán ser retiradas en caso de un trato desfavorable”.

 

Al iniciar los posicionamientos, la diputada Loretta Ortíz Ahlf, de la agrupación Morena, señaló que el dictamen no solamente es una lesión severa a la soberanía nacional, que podría catalogarse como traición a la patria, sino un golpe a los derechos fundamentales en caso de utilizarse las armas.

 

Preguntó qué sucederá con estos permisos si los agentes llegan a matar a algún centroamericano o mexicano; cuál será la ley aplicable y cómo se les va a exigir alguna responsabilidad. “La reforma no solamente es contraria a la Constitución, sino que se está cometiendo el delito de traición a la patria”.

 

Sonia Rincón Chanona, diputada de Nueva Alianza, destacó que estas reformas están en armonía no sólo con la legislación nacional, sino con disposiciones internacionales a las que el Estado mexicano se ha adherido, y que se contribuirá a mejorar los procedimientos y hacer más eficientes y expeditas las acciones de preinspección en materia aduanera.

 

La reforma es pertinente porque contribuye a eliminar un vacío legal que se presenta cuando hay visitas oficiales, pues la antinomia que se provoca con esta laguna legal, se subsana con esta medida al otorgar a la Sedena el conocimiento sobre quiénes son los agentes que portan armas y por cuánto tiempo permanecerán en el país.

 

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) argumentó que en México, no se ha realizado un análisis serio y crítico de la afectación de medidas del uso de armas por agentes extranjeros, migratorios y aduanales, y cómo estos podrían afectar la soberanía nacional y el marco jurídico aplicable. “Hoy entregamos este monopolio y la soberanía a países extranjeros que no sabemos qué van a hacer con esta pequeña puerta que les estamos abriendo”.

 

Refirió que desde 2010, al menos 17 mexicanos han sido asesinados por representativos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en la frontera de México con Estados Unidos. “Votaremos en contra, porque creemos que es una aberración. La Cámara de Diputados debería defender la soberanía del país, pero hoy la vulnera tan abiertamente”.

 

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano) expuso que uno de los argumentos es el relativo a la reciprocidad internacional; sin embargo, dijo, en la práctica no se respeta, y un ejemplo es la privación de la vida del connacional Edgar Tamayo, ejecutado en Estados Unidos el 22 de enero de 2014, a pesar de que México y dicha nación son Estados parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares desde 1963.

 

No existe garantía alguna de que a funcionarios mexicanos se les garantice la autorización para portar armas en iguales circunstancias. La reforma resulta inconstitucional y violatoria a la soberanía nacional.

 

Por el PRD, la diputada Aleida Alavez Ruiz rechazó las reformas, toda vez que ponen en grave riesgo la seguridad, la vida e integridad de los mexicanos, y abundó que uno de los principales problemas en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en las últimas décadas, ha sido el control del tráfico de armas, cuyo crecimiento ha exponenciado los niveles de la violencia del crimen organizado.

 

Indicó que el dictamen tiene problemas, como la ampliación en la obtención de licencias de portación de armas para cualquier extranjero que acredite su residencia, y que agentes estadounidenses cuestionados por la ilegalidad en el uso de la fuerza, incluso letal y constantes violaciones a derechos humanos de migrantes, puedan portar armas. “México no necesita más armas legales o ilegales; necesita y anhela paz y el libre goce de los derechos humanos”.

 

Alfredo Rivadeneyra Hernández, diputado de Acción Nacional, señaló que se posibilitará que acuerdos discutidos en la última década, hagan más eficiente el flujo de personas y mercancías, propiciando la integración de cadenas productivas de México con la de otros países e incrementando la afluencia turística hacia destinos nacionales, incluso algunos que hoy son pocos visitados.

 

Debido al principio de reciprocidad internacional, que se basa en el respeto irrestricto de la soberanía de los estados, la colaboración debe privar y ser igualitaria, y a que las reformas conllevan a la aplicación de dicho principio; se debe perfeccionar el proceso sobre límites y restricciones específicas para que los servidores públicos extranjeros puedan obtener el permiso referido de ingreso y portación temporal de armas de fuego, agregó.

 

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (PRI) manifestó que las reformas están bajo esquemas de cooperación internacional y del principio de reciprocidad, por lo que, “no sólo nosotros como país vamos a otorgar estas concesiones, sino que aquélla nación que tenga la intención de llevar a cabo la aplicación de alguna de estas medidas, de igual forma tendrá que permitir que nuestros agentes las apliquen en su territorio”.

 

Resaltó que se establece con precisión los alcances de actuar de los funcionarios extranjeros y el uso de armas, con lo cual México mantiene el control, su gobierno y autoridad en su territorio. Es decir, “mantiene intacta su soberanía. Se generará una nueva regulación encaminada a fortalecer los procesos de cooperación migratoria y aduanera”.

 

Al intervenir en contra del dictamen, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD) mencionó que las reformas representan una clara imposición desde el exterior a México. “Es una evidencia del proceso de aislamiento de México en materia de seguridad internacional. No se establece el límite de armas, tampoco se detalla dónde ni bajo qué resguardo quedarán”.

 

El diputado Fernando Zárate Salgado argumentó que no se viola la soberanía nacional, pues los agentes que van a portar armas no podrán emitir ningún acto de autoridad, y en esta materia, habría que utilizar el juicio de amparo.

 

De la agrupación de Morena, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara expresó que esta cámara, atiende a los agentes extranjeros en territorio nacional, pero “no es capaz de atender a los mexicanos y mexicanas en políticas públicas, de seguridad y prevención al delito”.

 

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano) subrayó que la iniciativa atenta contra los derechos humanos y toda la Constitución. “En un futuro, vamos a ver a policías extranjeros haciendo uso de sus armas bajo un criterio de fobias y racismo”.

 

Por el PT, el diputado Javier Gutiérrez Reyes refirió que uno de los grandes problemas de la inseguridad en el país es que las armas que la delincuencia utiliza provienen del vecino país del norte, y dijo que “esta Legislatura va a pasar como una retrógrada y antinacional, por toda la serie de barbaridades que se han aprobado en contra de la patria”.

 

Amalia Dolores García Medina, diputada del PRD, destacó que el tema no sólo es de armas de fuego, sino de soberanía. “No podemos admitir un asunto de esta naturaleza, en absoluto. No sólo es muestra de incapacidad del Estado mexicano para garantizar seguridad en su territorio, sino es pérdida de soberanía. La reforma es absolutamente inconstitucional”.

 

También del PRD, la diputada Gloria Bautista Cuevas puntualizó que para esta reforma “apátrida”, se alegan razones económicas y de fomento al turismo, “pero sólo es un paso más en el proceso de integración inconstitucional”.

 

Discusión en lo particular

 

Con 198 votos a favor, 127 en contra y una abstención, el Pleno avaló en términos del dictamen las reservas impulsadas por diputados del PAN y PRD, a los artículos 11, 27, 28 y 28 Bis, así como los transitorios, primero y segundo.

 

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