• Respeto a los derechos humanos e impartición de justicia expedita y eficaz, sus objetivos

• Eliminar visión de sistema retrasado, pues no da cauce suficiente a temas de justicia: Pacheco Rodríguez

29-04-2015.- La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para homologarla con las reformas constitucionales que transformaron el Sistema de Justicia Penal, de uno mixto a uno adversarial o de corte acusatorio y oral, en el 2008.

El documento, aprobado por unanimidad, con 387 votos, fue enviado al Senado para su revisión, y se deriva de los cambios a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución Política, publicados el 18 de junio de 2008. A partir de estas reformas, se estableció un plazo de 8 años para que todas las instituciones involucradas realicen las adecuaciones a los ordenamientos jurídicos en el ámbito de sus competencias.

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), explicó que la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, es un asunto que se viene impulsando desde años atrás. “Lo requerimos y necesitamos los mexicanos para eliminar la visión de un sistema retrasado, que no da cauce suficiente a los temas de justicia”.

Reconoció el trabajo de la comisión, y de los coordinadores parlamentarios de los diversos partidos políticos, para validar la reforma que, “aun pareciendo un dictamen menor, significa la punta de una madeja que transformará al Distrito Federal y al país para tener un sistema de justicia que requieren los ciudadanos”.

El dictamen, agregó, es un buen ejemplo, para todos los integrantes de la Legislatura, de cómo puede elaborarse una labor que implique a los diferentes órdenes de gobierno y grupos parlamentarios.

En su turno, el diputado José Arturo López Candido (Morena) precisó que el nuevo sistema de justicia penal pretende “despauperizar” las cárceles y dejar de crear delincuentes, dejando de lado la obligación primordial de la procuraduría, que es la investigación de los delitos.

Asimismo, exige que los servidores públicos tengan mucha profesionalización y equipo apto para las necesidades que se requieran, y demanda un módulo de atención oportuna, ya que actualmente los abogados del área de mediación son pocos, lo que implica que la gente que denuncia tarde entre seis a 10 horas.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo señaló que la reforma tiene el propósito no sólo de dar mayor transparencia, eficacia y celeridad a los procesos judiciales, sino garantizar la reparación del daño a las víctimas, subrayando la importancia del respeto a los derechos humanos durante todo el proceso.

Entre sus innovaciones, detalló, el Ministerio Público podrá recibir denuncias o querellas por medios electrónicos, por actos u omisiones que puedan ser constitutivas de delito. De igual forma, continuó, es positivo que la o el titular de la procuraduría pueda establecer políticas dirigidas a las comunidades indígenas, a fin de garantizar un efectivo acceso a la justicia.

En su turno, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) destacó que al cierre de noviembre de 2014, el Distrito Federal ocupó el segundo lugar en el índice de delitos del fuero común cometidos en México, sólo por debajo del Estado de México.

En ese mismo año, recalcó, se estima que se cometieron 165 mil 892 presuntos delitos en las demarcaciones de la Ciudad de México. Aseguró que aún se presentan cifras altas de personas que pretenden levantar una denuncia y no lo pueden hacer porque el sistema no lo permite.

Enfatizó que la Procuraduría del Distrito Federal deberá afrontar en el corto plazo una serie de retos para contribuir a su operatividad en el territorio y mejorar la procuración de justicia; además deberá de diseñar y aplicar una verdadera política criminal; combatir eficientemente la corrupción y los delitos electorales, así como enfocarse en los recursos de la institución para combatir los delitos con mayor impacto social.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) expresó, estamos convencidos del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, lo único que estamos haciendo es poner a la zaga y actualizar todo el marco, conforme a la cual se organizan las estructuras encargadas de la investigación y la persecución de los delitos para poder confrontarlos y hacerles frente.

El propósito, comentó, es ser mucho más efectivos en el combate contra la delincuencia, “ya que no hemos retrocedido en ver por el respeto irrestricto de los derechos humanos y que también son parte de todo el proceso penal, por lo que tienen que tratarse con puntualidad por parte de los ministerios públicos y las policías a favor de todos aquellos que son acusados o procesados”.

La diputada Edith Avilés Cano (PRI) precisó que actualmente el Distrito Federal se mantiene en una etapa de planeación, por lo que es necesario impulsar la entrada en vigor de los juicios orales, que beneficiará la administración de justicia penal a través de la aplicación de principios como la oralidad, la publicidad, inmediación, contradicción, celeridad, presunción de inocencia, reparación del daño, respeto a los derechos humanos, y los medios alternativos de solución de controversias.

La reforma, subrayó, permitirá que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tenga un esquema estructural para consolidar la implementación del sistema procesal penal acusatorio adversarial, armonizando su legislación y estructura organizacional a las reformas constitucionales del año 2008.

“Con esta adecuación, el Distrito Federal consolidará el desarrollo de los juicios orales e impulsará la profesionalización y capacitación de los operadores del nuevo modelo”, acotó.

El diputado del PRD, Ernesto Germán Sánchez Jiménez, mencionó entre las virtudes de la reforma, que establece una nueva organización de la Procuraduría del Distrito Federal creando unidades de derechos humanos, atención a víctimas de prevención del delito; se delimitan las facultades del Ministerio Público y su autonomía técnica de gestión, en concordancia, tal y como lo señala nuestra Carta Magna.

En el mismo sentido, se fijan requisitos para que los agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación cumplan con los procesos de profesionalización, certificación, evaluación y controles de confianza, encaminados a tener un Ministerio Público que no solo actúe profesionalmente, sino que también garantice un resguardo seguro para el ejercicio de nuestro derecho de acceso a la justicia.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (PAN) dijo que la iniciativa presenta mejoras, entre ellas, reafirma las garantías de legalidad y el debido proceso, señala las facultades del Ministerio Público, brinda legalidad a la actuación de los facilitadores y mediadores, se crean nuevas unidades administrativas y una fiscalía y se promueven los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Mencionó que mediante la reforma, la implementación del nuevo sistema de justicia penal, permitirá mejorar la impartición de justicia en nuestro país. “Estamos conscientes de que seguirán presentándose problemáticas que requerirán de más modificaciones, las cuales seguiremos atendiendo como nos lo mandata la Constitución en aras de una mejor impartición de justicia y en beneficio de la sociedad mexicana”, concluyó.

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