• Serán de carácter estatal y municipal, en apoyo de los 38 millones de mexicanos jóvenes

30- 04- 2015.- La Comisión de Juventud, presidida por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga (PAN), avaló por mayoría el dictamen a la minuta que faculta al Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) a celebrar acuerdos y convenios con las autoridades estatales y municipales, a fin de promover la integración de Consejos Ciudadanos de Seguimiento de Políticas Públicas para esta población a nivel local.

El 19 de septiembre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen, pero el Senado de la República lo desechó y devolvió la minuta a la colegisladora, cuya Comisión de Juventud la avaló.

La Cámara de Senadores argumentó la improcedencia de la propuesta, porque ya existe la representación de los estados en la composición del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud (Consepp), y se contrapone con el numeral segundo del párrafo tercero del artículo 33 del Estatuto Orgánico del Imjuve. Además, estimó que la institución ya tiene la atribución propuesta.

Sin embargo, la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados sostuvo que “no se aprecia contradicción alguna” y consideró incorrecto este razonamiento, “toda vez que la iniciativa no pretende suplir deficiencias de representación en ese órgano”.

Se busca, aclaró, fomentar la creación de entes con características y funciones análogas a las del Consepp -su labor se limita al ámbito federal- en todos los estados, en particular en donde no existan órganos con una estructura o funciones similares.

Precisó que no se puede plantear la inviabilidad de una reforma o adición legal con base en que su contenido es contradictorio con el de normas jerárquicamente inferiores.

El Estatuto Orgánico del Imjuve, explicó, así como el de los demás organismos descentralizados federales, es un ordenamiento que se funda en la ley y su validez está supeditada a las disposiciones de la norma legal que prevé su expedición y sus reformas.

“Este criterio no puede aplicarse a la inversa, sin objeciones de jerarquía normativa. A partir de la interpretación sistemática de diversos artículos constitucionales, en particular el 1º y el 133, resulta que el legislador únicamente está limitado en el ejercicio de sus funciones por lo dispuesto en la Constitución y los Tratados Internaciones de Derechos Humanos, no por el contenido de otros ordenamientos”, señaló.

Argumentó que no existe una “sobreregulación”, ya que la celebración de convenios para establecer Consejos de Seguimiento de Políticas Públicas a nivel local “constituye una medida de fomento de la participación ciudadana en la evaluación de programas y acciones en favor de la juventud; implica una innovación”, indicó.

A través de estos consejos locales, agregó, los jóvenes de todo el país podrán participar y supervisar los programas públicos expedidos por los gobiernos locales, a fin de emitir opiniones y propuestas con el propósito de que se atiendan y resuelvan sus problemas reales.

De esta forma, la juventud se suma a la construcción de las estrategias públicas, ya que apenas el 11 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad participa en organizaciones civiles. Es decir, sólo uno de cada 10 desarrolla actividades de carácter social.

El grupo de entre 15 y 19 años es el que participa con más frecuencia, en el 40.6 por ciento de los casos, mientras que los jóvenes de 25 y 29 años sólo lo hacen en 15.4 por ciento, mostrando que a mayor edad menor es el interés de participación, debido a la falta de tiempo, desinterés, desagrado o desconfianza del alcance real de sus acciones.

Por ello, Oliveros Usabiaga refirió la importancia de crear los Consejos Ciudadanos de Políticas Públicas y resaltó que “es urgente en México generar una política pública transversal que permita a los jóvenes estar informados en todo momento y que participen en ella”.

En este contexto, la instancia legislativa aprobó la adición a la fracción XVI del artículo 4 y reformó el 8, así como la denominación del Capítulo III para armonizarlos con el nombre del Consepp, contenidos en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Por otra parte, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas (PRI), secretaria de la comisión, refirió la importancia de construir una Ley General de la Juventud, a fin de atender las demandas de las personas de entre 12 y 29 años de edad y se les reconozca como sujetos de derecho.

Dijo que es valioso que haya interés por parte de los legisladores para impulsarla; lamentó que no se haya logrado aprobar en la presente Legislatura e hizo votos por que en la próxima se avance en la construcción de este nuevo marco jurídico, que reconozca plenamente los derechos de este sector, conformado por más de 38.2 millones de mexicanos, es decir, más de un tercio de la población total del país.

Al respecto, Oliveros Usabiaga aseguró que la comisión no ha sido omisa y reconoció el compromiso de los legisladores por avanzar en edificar un marco jurídico general.

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