• Diputados aprobaron el dictamen a iniciativa del Ejecutivo para expedir una Ley Federal
• Aprobado en lo general y en lo particular, se envió al Senado para los efectos constitucionales

14-12-2015.- La Cámara de Diputados aprobó con 366 votos a favor, uno en contra y 54 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país con mayores rezagos en desarrollo social, mediante inversión, productividad, competitividad, empleo y mejor distribución del ingreso.

Al fundamentar el dictamen –enviado al Senado de la República para efectos constitucionales— el presidente de la Comisión de Economía, diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), refirió que la iniciativa enviada por el Presidente de la República el 29 de septiembre de este año, crea un marco jurídico que contribuye a abatir la desigualdad y cerrar las brechas de desarrollo de las regiones más pobres, como el sur-sureste del país, uno de los desafíos más importantes de México.

“Las Zonas Económicas Especiales no son una solución definitiva a todos los problemas de desigualdad entre regiones de nuestro país, pero sí puedo asegurar que son un planteamiento serio e innovador que busca incorporar experiencias internacionales exitosas para detonar el desarrollo regional y generar condiciones de igualdad y progreso para millones de mexicanos”.

Se configura jurídicamente a las Zonas como áreas en las cuales los inversionistas que reciban autorización para instalarse en ellas, puedan realizar actividades de manufactura, procesamiento, transformación y almacenamiento; prestación de servicios de soporte a esas actividades y de otras que se consideren necesarias.

Se prevé que estas regiones económicas sean prioritarias para el desarrollo nacional, por lo que el Estado deberá promover las condiciones e incentivos que, con la participación del sector privado, contribuyan al desarrollo económico y social de los lugares donde se ubiquen, a través de una política industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales.

Se propone establecerlas como una política dirigida a focalizar en espacios geográficos definidos, los esfuerzos de los sectores público y privado, en acciones que impulsen el desarrollo de actividades económicas de alta productividad en los estados más rezagados del país.

Las Zonas Económicas Especiales deberán tener una ubicación geográfica estratégica para aprovechar su potencial productivo y logístico; se sujetarán a un régimen especial de estímulos e incentivos económicos y administrativos a favor de empresas o inversionistas que propicien actividades productivas con ventajas comparativas y vocación productiva de cada área.

Se plantea la existencia de un administrador integral, público o privado, que deberá construir, desarrollar, administrar y mantener los sistemas y servicios de urbanización, electricidad, agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, saneamiento, telecomunicaciones y seguridad de la Zona.

Dávila Flores indicó que la Comisión a su cargo, modificó la propuesta original para precisar diversos aspectos y mejorar el régimen jurídico de operación de las Zonas y sus áreas de influencia.

También se cambió la naturaleza del Consejo Consultivo para constituirlo como órgano técnico de seguimiento permanente de la operación de la Zona Económica y se incorporó la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CONADEPI).

Sobre el permiso a sociedades mercantiles constituidas para construir, desarrollar, administrar y mantener una Zona Económica Especial, se propone que sea de 40 años, prorrogables una vez hasta por otros 40.

A fin de que el Congreso de la Unión tenga una participación activa en la evaluación, constitución y desarrollo de dichas zonas, se establece un mecanismo para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le brinde información puntual de manera periódica. Además, la Comisión Intersecretarial deberá invitar a sus sesiones a un representante de cada Cámara.

Posicionamientos

Al fijar su posicionamiento, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) señaló que las Zonas Económicas Especiales son una prioridad para generar riqueza en los sitios principalmente marginados del país, como el sur-sureste.

El dictamen tiene bondades y cuestiones perfectibles, pero en lo general “servirá para mandar un mensaje de justicia social al sureste del país”. Con la nueva ley se reconoce que los programas sociales no son suficientes, y no han funcionado como debe ser “porque sigue habiendo una alta marginación en esa zona del país”.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral (Nueva Alianza) consideró que esta ley establece condiciones, incentivos, alcances y regulación para el establecimiento y operación de las Zonas Económicas Especiales, que generen crecimiento y desarrollo en regiones con altos índices de pobreza y desigualdad. El objetivo, agregó, es generar bienestar para las comunidades de las regiones donde se establezcan, mediante políticas públicas integrales que impulsen el desarrollo de los estados más rezagados del país.

Sin duda, añadió, vendrán grandes inversiones para el desarrollo de la infraestructura, lo que impulsará la creación de empleos y una mayor capacitación y educación de esos recursos humanos. “Todo ello coadyuvará para resarcir las condiciones de pobreza multidimensional en que viven más de 53 millones de mexicanos”.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Carlos Lomelí Bolaños comentó: la creación de Zonas Económicas Especiales en el sur de México, permitirá a las autoridades retomar el control sobre una zona donde “el crimen organizado ha echado raíces y ha contribuido al estancamiento de las actividades productivas y económicas”, pues el alto nivel de inseguridad y los efectos asociados a ésta frenan la llegada de inversiones.

Mi grupo parlamentario coincide con el espíritu en lo general del dictamen. No obstante, “creemos que las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y otras instancias involucradas se presten a la discrecionalidad, lo que puede generar conductas para favorecer a ciertos empresarios para la explotación de estas zonas sin la adecuada transparencia y rendición de cuentas que se necesitan, propiciando, por tanto, posibles actos de corrupción”, por lo que anunció se abstendría de votar.

El diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) estimó que lo que falta en el futuro es una ley de industria que haga de la transformación una tarea esencial al país. “Será solamente la manufactura la que va a generar empleo de alta calidad en un país con las características de México. No son una política de desarrollo para las zonas más pobres del país. Es simplemente tratar de tener un proyecto de una zona industrial con ciertas características que beneficien a la industria, la que hoy se está aprobando”.

Es necesaria una política industrial que haga énfasis en el contenido nacional como prioridad de la transformación nacional y la absorción de tecnología como el mecanismo que genere manufactura de alto valor agregado, y “esto integrarlo en comunidades capaces de absorber estos empleos, esta industria y que al final sí tengamos desarrollo; ahí es donde hemos fallado”. Agregó: “sirva este intento, este pequeño paso que se está dando para que México sí tenga en los próximos años una política industrial que genere desarrollo”.

Por el Verde Ecologista, la diputada Lorena Corona Valdés recordó que en la frontera norte del país tres de cada 10 personas son pobres, mientras que en el sur esta proporción asciende a siete por cada 10. Por otra parte, Oaxaca es la entidad con mayor rezago educativo a nivel nacional, seguida por Chiapas y Guerrero.

Tales cifras, opinó, vuelven a esta reforma un “proyecto novedoso” para dar igualdad de oportunidades a las regiones necesitadas; empero, subrayó que si bien a nivel mundial se han implementado tres mil 500 zonas económicas especiales que han demostrado su efectividad, las que operen en México “no serán una solución por sí mismas, sino que requieren del esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno”.

La diputada Lluvia Flores Sonduk, del PRD, lamentó que la economía nacional haya perdido impulso en la productividad, lo que afecta la capacidad de las empresas para tener éxito en los mercados locales e internacionales. Este, dijo, es uno de los motivos de la enmienda: elevar la productividad mediante políticas que fortalezcan el encadenamiento productivo y que detonen el desarrollo de las regiones.

“Cuando uno mira hacia el sur, lo único que ve es subdesarrollo y una pobreza que permea en la mayoría de los pobladores. En esa tesitura, resulta loable pensar que en nuestro territorio existan zonas económicas especiales a fin de impulsar la economía en los estados que más lo necesitan”, agregó.

De Acción Nacional, Miguel Ángel Salim Alle calificó esta modificación legal como “una de las más relevantes que se votarán en la actual legislatura”, pues se trata de un mecanismo para auxiliar a Chiapas, que tiene un crecimiento económico negativo de 2.1 por ciento; a Michoacán, con crecimiento económico negativo también de 2.0 por ciento; Oaxaca, 0.8 por ciento, y Veracruz, que no creció económicamente, de acuerdo a recientes datos del Inegi.

Sostuvo que actualmente existe un “claro desequilibrio” en México. Pese a los múltiples esfuerzos de política social en los estados mencionados, consideró, “estamos obligados a implementar una nueva estrategia que pase de la visión actual del gobierno –cien por ciento asistencialista-, a una que genere certidumbre para la inversión, más empleos y mejor calidad de vida”.

Por el Revolucionario Institucional, el diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela refirió que, en los últimos 20 años, las entidades cercanas a la frontera elevaron su PIB per cápita hasta en 47 por ciento, mientras que los estados del sur sólo lograron el 7 por ciento, por lo que urge disminuir las brechas de desarrollo entre poblaciones y territorios.

“Debemos sentirnos comprometidos con la oportunidad de ser parte de la transformación de nuestro país y contribuir con las herramientas legales que fomenten progreso y desarrollo, en especial del sur y sureste de nuestra tierra, por décadas rezagados. El desarrollo de esas regiones es imprescindible para aprovechar y generar riqueza, no sólo para combatir la pobreza”, enfatizó.

El diputado Adán Pérez Utrera (MC) manifestó su voto en abstención a la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, porque no define las reglas básicas de operación que garanticen la transparencia y la eficacia de sus propósitos y hubo inconsistencias en su dictaminación, pues no se tomó en cuenta a la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste, que representa 27.5 del territorio nacional y concentra 17.5 millones de personas en condiciones de pobreza, y más de 6 millones en pobreza extrema.

El diputado Waldo Fernández González (PRD) afirmó que sólo con crecimiento económico se reducirá la brecha de desigualdad y generar una mejor distribución de la riqueza. Manifestó su voto a favor del dictamen pues las zonas se ubicarán entre los 10 estados con mayor incidencia de pobreza multidimensional; se impulsará la construcción de infraestructura, se fortalecerán la seguridad pública y el desarrollo económico, y se instrumentarán programas de apoyo financiero.

A favor del dictamen, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) adujo que la “democratización de la productividad” es uno de los elementos más importantes para reducir la pobreza. Por tanto, consideró estas zonas económicas especiales como una “iniciativa valiente y necesaria” para cerrar la brecha entre las regiones y, particularmente, mejorar la situación del sur-sureste mexicano.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (PRI) también calificó positivamente el dictamen, ya que beneficia a millones de mexicanos que “históricamente han permanecido excluidos del desarrollo” y por representar una oportunidad que “no se debe desperdiciar”. Sostuvo que, contrario a lo que han señalado fracciones políticas de oposición, la comisión dictaminadora realizó las consultas necesarias para enriquecer la reforma.

Reservas

En lo particular, el Pleno aprobó por unanimidad de 430 votos modificaciones a los artículos 1, 10 y 33 del decreto que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y dejó en términos del dictamen el artículo 12.

Se aprobó la propuesta de modificación del diputado Juan Romero Tenorio (Morena), al artículo 1, párrafo segundo, con la finalidad de incluir al sector social en el proyecto de Zonas Económicas Especiales para que se logre beneficiar a ejidatarios, comuneros y pequeños agricultores.

Romero Tenorio indicó que es “impensable impulsar esta ley sin el sector social, el cual controla prácticamente la mitad del territorio como propiedad ejidal, es decir, 29 mil 500 ejidos. De igual manera, organizaciones rurales poseen cien millones de hectáreas, lo que representa el 51 por ciento del territorio nacional de este total; 80 por ciento es de bosques, 33 de litorales y agrupan cerca de tres millones de personas que esta ley excluye”.

También se aceptó la reserva del diputado Vidal Llerenas Morales (Morena), para modificar el artículo 10, párrafo tercero, inciso cuarto, con el propósito de sujetarse a lo previsto a las reglas para determinación y acreditación del contenido nacional conforme la legislación aplicable, tratándose procedimientos de contratación pública y de carácter nacional.

Afirmó que esta modificación pretende evitar un esquema meramente maquilador, en donde sólo haya mano de obra. Para ello, continuó, se requiere hacer que el contenido nacional sea la gran preocupación de la industria de la transformación en México.

Asimismo, se avaló la reserva presentada por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena), la cual modifica el artículo 33 fracción décimo tercera con la intención de que se contrate al personal necesario que requiera para sus funciones, incluyendo a los niveles directivos, conforme a la legislación laboral, privilegiando a los nacionales.

Lo que se busca es fortalecer el bienestar de los mexicanos y evitar la concentración de la riqueza de unos cuantos y que los pobladores de esta región reciban salarios miserables al ser contratados, pues en ocasiones se trae mano de obra de otras zonas, la cual no permite un cambio favorable en la economía de esta localidad.

Finalmente, Fernando Galván Martínez (PRD) presentó reservas a los artículos 1 y 12, los cuales fueron aprobados en términos del dictamen.

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