16-01-2015.- Al sostener reunión de trabajo con los titulares de la Consdusef, la CNBV y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, para tratar el caso Ficrea, diputados y senadores de distintas fracciones parlamentarias cuestionaron el tiempo que demoró a dichas instancias tomar cartas en el asunto, además de los motivos para hacerlo.

Aunado a ello, exigieron a los funcionarios explicar cómo se resarcirán adecuadamente los daños provocados por esta sociedad financiera a sus ahorradores, y si los activos monetizados serán suficientes para cubrir sus demandas.

Por su parte, Jaime González Aguadé (CNBV), Mario Di Costanzo Armenta (Condusef) y Alberto Bazbaz Sacal (SHCP), coincidieron en que no se dio paso a la impunidad en el caso, y se intervino oportunamente para detectar el fraude, gracias a lo cual pudieron ser identificados y asegurados varios activos de la sociedad financiera, que se emplearán para pagar a sus ahorradores.

Durante la primera ronda de preguntas, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (PRI) consideró importante conocer cuál es el procedimiento para garantizar el pago de los ahorradores defraudados por Ficrea y cuestionó las causas específicas para la intervención de la CNBV y determinar que Ficrea operaba de manera irregular.

Preguntó cuál ha sido el avance en las investigaciones sobre el fraude hecho a los ahorradores, así como cuántas sanciones se han aplicado a sociedades financieras defraudadoras que operan de manera irregular.

En tanto, el diputado Carlos Alberto García González (PAN) cuestionó al titular de la CNBV qué efecto tiene este caso en la totalidad del sistema financiero mexicano y el impacto sobre la solidez del mismo “¿Se pudo haber detectado con más anticipación este caso, es decir, ¿se actuó de manera oportuna?”.

También preguntó si se tendría que reevaluar el alcance del seguro del depósito de las 25 mil Udis en las sociedades financieras populares.

En su turno, la diputada Jessica Salazar Trejo (PRD) preguntó por qué hasta el 2014 se dieron cuenta de la relación que existía entre Ficrea y Leadman; se tomó la decisión de la disolución y liquidación de Ficrea y no se llevaron a cabo otros mecanismos como la fusión, la escisión y la venta.

En el caso de la Condusef, ¿por qué permitieron que no se cumplieran los acuerdos que se llevaron a cabo con los ahorradores? Asimismo, inquirió al funcionario de la Unidad de Inteligencia por qué giraron una orden de aprehensión para Rafael Olvera y dónde se encuentran los demás socios.

El senador Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM) pidió al presidente de la CNBV, de acuerdo con experiencias internacionales, como el de Bernard Madoff en Estados Unidos, informar ¿cuánto tiempo les tomó a las autoridades detectar y resolver un problema como éste? y explicar cómo operaba el mecanismo de fraude en Ficrea.

El titular de la CNBV, Jaime González Aguadé, señaló que las causas de la intervención de esta comisión fueron diversas, pero sobre todo el problema era la falta de información de los acreditados, de cómo se iban a repagar los créditos que se habían otorgado, que es la fuente principal del pago a los ahorradores.

Refirió que en el caso de Madoff, las autoridades de Estados Unidos no lo detectaron y nada más duró 18 años, porque igual que éste caso, los fraudes están hechos para que no lo pueda detectar la autoridad. Asimismo, explicó que el fraude en Ficrea funcionaba con un esquema donde hacían firmar dos créditos o dos adeudos a los clientes.

Y además, les hacían firmar una carta donde se mandaban todos los recursos a Leadman. Entonces, “no solamente el fraude está en los depositantes, sino que hay cerca de 700 acreditados que tienen dos adeudos y nada más recibieron una vez ese flujo”.

Afirmó que sí se sabía de la relación entre Leadman y Ficrea, pero todo estaba hecho para que en las visitas de inspección no se pudiera detectar.

Sin embargo, en las observaciones previas a la Sociedad Financiera Popular se le dijo que estas operaciones no se podían hacer. “Pero como muchas otras que le observó la comisión a la sociedad financiera popular Ficrea, les iba poniendo parches”.

González Aguadé explicó que Ficrea era la segunda sociedad financiera popular más grande del sector; sin embargo no tiene un efecto sistémico y mucho menos en todo el sistema financiero mexicano. Afirmó que se intervino oportunamente “cuando lo teníamos, paramos un deterioro mayor de los activos, paramos un aumento de los depositantes”.

La decisión de la liquidación no la toma la comisión, sino el fondo de protección creado por ley e integrado por las propias sociedades financieras populares”.

Enfatizó que hay que revaluar cómo está construida la ley, quién administra el seguro de depósito, si es suficiente o no, cómo podemos acotar que si son sociedades financieras populares realmente atiendan al sector popular, “porque hoy no es un delito lo que se hizo en cuanto a la captación, lo que se hizo fue la defraudación de los recursos”.

El titular de la Condusef precisó que en el 2014 se aplicaron 3 mil 841 sanciones por un monto de 94 millones de pesos que no fueron necesariamente a instituciones fraudulentas, sino por cuestiones de falta de transparencia, de información a los usuarios y de atención o cumplimiento a los procesos de conciliación.

De ese total, dijo, fueron mil 645 instituciones de crédito; 107 al Sistema de Ahorro para el Retiro; 628 al sector asegurador; mil 349 al sector Sofomes, y 42 al sector de entidades de ahorro y crédito popular.

Di Costanzo Armenta indicó que en todo momento la Condusef ha inducido y ha procurado que estos acuerdos que se llevaron a cabo con los ahorradores se vayan cumpliendo. “La mejor prueba es que el diálogo no está cerrado”.

Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia de la SHCP, precisó que la primera, de lo que parece serán muchas órdenes de aprehensión y persecuciones criminales e investigaciones, es precisamente no por el fraude que existe y por las infracciones administrativas, sino por el delito particular de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aclaró que la orden de aprehensión no es solamente contra una persona y no será la única. Precisó que la actuación del órgano regulador y coordinado con el órgano de investigación, por ejemplo la Unidad de Inteligencia y particularmente la PGR, “no sólo deja en claro que no hay impunidad, sino que en esa primera fase logró la identificación y el aseguramiento de activos que serán utilizados”.

Activos recuperados de Ficrea serán insuficientes para pagar a ahorradores

En la segunda intervención del Revolucionario Institucional, el senador Aquímedes Oramas Vargas cuestionó a los funcionarios si los activos con los que se cuentan alcanzarán para cubrir a todos los ahorradores defraudados por Ficrea y lo qué ocurrirá con estas personas, en caso contrario.

Por otra parte, sostuvo que la “desinformación” que ha trascendido en los medios de comunicación contribuye a que la sociedad no conozca apropiadamente el caso y lo que se ha hecho para resolverlo.

De Acción Nacional, el senador Javier Lozano Alarcón requirió dar a conocer la situación en la que se encuentran los 130 empleados de Ficrea que, dado el estatus de la financiera, no han cobrado su salario.

Asimismo, exigió aclarar el supuesto “terrorismo fiscal” contra los ahorradores de esta sociedad financiera popular para que desistan de las acciones legales, como lo han denunciado algunos medios, e instó a la SHCP a revisar los casos de inversionistas que únicamente recurren al caso para obtener beneficios, sin haber sido afectados por la financiera.

El senador Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM) preguntó a los funcionarios qué otras situaciones han detectado además del caso Ficrea, para que sean revisadas por el Congreso, y en qué aspectos concretos se puede mejorar el marco regulatorio de instituciones financieras.

Por el PRD, la senadora Dolores Padierna Luna preguntó al titular de la CNBV por qué aun conociendo el fraude que ejecutaba la empresa Ficrea, se permitió la captación de 45 por ciento de nuevos ahorradores.

Cuestionó, además, cuánto se entregó de cuotas de seguro de depósitos por parte de Ficrea al IPAB, y finalmente, cuántos Tribunales Superiores de Justicia y gobiernos –municipales o estatales- depositaron en esa empresa.

González Aguadé comentó que los activos monetizados no alcanzan para pagar a los ahorradores de Ficrea.”Los tres mil 200 millones, más 400 mil, más los otros 400 mil de cartera que hay en la financiera, más los activos que pudimos recuperar durante la intervención, no alcanzan porque no tienen ese valor en el mercado”.

Derivado de esto, consideró que se debe trabajar en recuperar más activos para poder pagar más a la gente.

Aseguró que la desinformación en los medios ha hecho más grande el tema de Ficrea. “Otros se han aprovechado para tomar esto como bandera política y que se genere un mal ambiente”, añadió.

Aclaró que todos los empleados de Ficrea han recibido su sueldo normalmente; sin embargo, comentó que no se les ha pagado a los contratados por Baus and Jackman y otros outsourcings ligados a la empresa, y de quienes se tiene que ver su situación laboral para apoyarlos.

Por otra parte, aseguró que se tendrán pláticas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para aclarar el supuesto “terrorismo fiscal” que han sufrido algunos ahorradores de la financiera.

De este punto, Alberto Bazbaz agregó que la SHCP tiene únicamente la intención de satisfacer las necesidades de los ahorradores y no hacer una persecución contra ellos ni criminalizarlos.

En otros asuntos, González Aguadé refirió que existen cosas que pueden mejorar, por ejemplo, el gobierno corporativo de las instituciones de ahorro, que no es igual de sólido ni con las mismas responsabilidades que tienen otros organismos. Explicó que México va a la vanguardia en cuanto a la regulación de indicadores financieros; sin embargo, instituciones como Ficrea, que son más grandes que algunos bancos, no tienen los mismos niveles de calidad.

Por su parte, Alberto Bazbaz Sacal consideró que lo realizado en este caso pone en evidencia que las herramientas legislativas existentes se pueden utilizar para tratar las situaciones que sean posibles. En materia de investigación y persecución financiera, indicó, debe haber una sofisticación de procesos.

González Aguadé explicó que la detección del fraude se realizó por medio de una investigación que llevó tiempo y a su vez se respetó el periodo de derecho de audiencia al Ficrea, y al tratarse de un fraude, “todo estaba construido para que no nos diéramos cuenta”, subrayó.

Sobre las cuotas que pagaba, dijo, eran al seguro de depósito creado por Ley, que es administrado por las propias sociedades financieras populares. Finalmente, de los Tribunales, refirió que por diferentes formas se ha sabido que tenían depósitos y tendrán que reclamarlos a través de los medios legales.

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