20-01-2015.- La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente aprobó 25 puntos de acuerdo sobre diversos temas; uno de ellos exhorta al Ejecutivo federal a informar los avances físicos y financieros de los proyectos presidenciales en el sur y sureste de México.

Otro punto, solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Contraloría General capitalina un informe sobre el avance de las investigaciones al ex jefe delegacional en Iztapalapa, Jesús Salvador Valencia Guzmán, en relación con probables irregularidades en diversos contratos.

Uno más, pide a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR, coadyuvar con la procuraduría general de Veracruz en las investigaciones relacionadas con los hechos de violencia en esta entidad, los cuales incluyen homicidios, secuestros y amenazas contra periodistas.

De igual forma, se solicitó a las autoridades federales, estatales y municipales que fortalezcan e implementen nuevas acciones que permitan brindar protección a los periodistas, cuya labor es de gran importancia para la conservación de los valores democráticos.

Uno más, exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar las medidas pertinentes y se restablezca el orden constitucional en Guerrero, respecto a la agresión de periodistas y personas que hagan uso de su derecho a la libertad de expresión, así como restablecer las libertades civiles.

Además, se pide al gobierno de Guerrero y a la Procuraduría atender las denuncias presentadas por los integrantes del Club de Periodistas de esa entidad y se aplique la ley a los responsables de las agresiones a la libertad de expresión perpetradas el 13 de diciembre de 2014 en el poblado de Tlapa, Guerrero.

Del mismo modo, se aprobó solicitar a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de la Contraloría de Querétaro, investigar y, en su caso, consignar y sancionar penal y administrativamente al presidente municipal y al secretario de Administración del municipio de El Marqués, por la probable comisión de diversos ilícitos en contra del servicio público.

La comisión también avaló pedir a la Fiscalía General de Nayarit investigar los hechos ocurridos en contra de Julián López Cánare, miembro del Consejo Indígena Náyeri.

Asimismo, se exhortó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a integrar y hacer público el informe de la indagatoria de los asesinatos del activista Adrián Rodríguez y su acompañante, el hondureño llamado Wilson dedicados a auxiliar migrantes centroamericanos hechos, el pasado mes noviembre, en esta entidad.

Otro acuerdo, pide a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal armonizar sus leyes en materia de la niñez y adolescencia, con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de diciembre de 2014.

Igualmente, se solicitó a los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y a los municipios para que, a través de todos los medios de comunicación a su alcance, difundan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con el ánimo de crear una cultura de respeto.

La comisión también avaló exhortar al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a implementar nuevas acciones encaminadas a erradicar expresiones de discriminación hacia las comunidades y pueblos indígenas en redes sociales e implementar campañas permanentes para concientizar a la sociedad del valor de estos pueblos.

Uno más, insta a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, respecto a la instalación e instrumentación en la ciudad de Tijuana del Modelo de Atención de la Población indígena en zonas fronterizas, con la suficiencia presupuestal, humana, técnica, material y logística.

Asimismo, se aprobó exhortar al comisionado del Poder Ejecutivo federal, ante la Comisión de Concordia y Pacificación, informe sobre las acciones y trabajos que ha realizado a efecto de abonar a la pacificación en el estado de Chiapas, así como el plan de trabajo que en ese sentido se tiene diseñado para 2015. Además, que el Ejecutivo instruya a la Secretaría de Gobernación inicie un proceso de consulta a los pueblos indígenas del estado, con el objetivo de elaborar un acuerdo de concordia y pacificación.

También se solicitó al comisionado nacional de Seguridad para que en irrestricto apego al pacto federal, lleve a cabo un convenio de coordinación con las autoridades locales y municipales de Guerrero para la planeación de acciones inmediatas orientadas a salvaguardar la seguridad pública en las escuelas de educación básica, con el objetivo de que concluya el ciclo escolar en las mejores condiciones.

Otro punto, solicita al secretario de Relaciones Exteriores coadyuvar con el gobierno de Honduras para establecer los protocolos y medidas que aseguren el retorno e integridad del ciudadano �ngel Amílcar Colón Quevedo y que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue las violaciones a sus derechos humanos para emitir las recomendaciones correspondientes.

Uno más, exhorta al titular de la Procuraduría General de Guerrero a agilizar con legalidad e imparcialidad las investigaciones derivadas del asesinato de los sacerdotes Gregorio López Gorostieta, John Ssenyondo y José Ascensión Acuña Osorio.

Del mismo modo, se solicitó al titular del Ejecutivo federal para que en el ejercicio de la facultad que le confiere el segundo párrafo del artículo 109 de la Ley del Seguro Social, solicite al Consejo Técnico de dicho instituto la ampliación del periodo de conservación de derechos.

Asimismo, se pidió al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizar una visita urgente al Cereso Francisco J. Mújica de Morelia, Michoacán, y verifique las condiciones en las que se encuentran las dos mujeres de las autodefensas, encarceladas en ese penal. Además, que la Secretaría de Gobernación las reubique en un penal femenil.

La comisión también avaló exhortar al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que aplique los protocolos de Investigación Ministerial, Policial y Pericial que favorezcan el pleno respeto a los derechos humanos, en la investigación del delito de feminicidio cometido en agravio de Yanira Esparza Noriega.

Otro acuerdo, pide a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a los DIF estatales para que informen respecto al operativo llevado a cabo los días 19 y 20 de julio de 2014 en Zamora Michoacán, en el albergue denominado “La Gran Familia�, así como del estado que guardan las personas rescatadas.

Igualmente, se requirió a la Procuraduría General de la República informe sobre las investigaciones por la probable comisión de ilícitos del ciudadano José Ricardo Gallardo Cardona, alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Potosí.

De la misma forma, un acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, a investigar de manera pronta, expedita, completa e imparcial el asesinato de Julián González Domínguez, dirigente de la zona triqui de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños.

También se solicitó a los congresos de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, armonizar su legislación con la Constitución Política y tratados internacionales en lo que México es parte en materia de pueblos y comunidades indígenas.

Asimismo, se exhortó al gobernador y al procurador de Justicia de San Luis Potosí, a que informen el estado que guarda la indagatoria del asesinato del bebé Diego Sánchez Carrasco, en septiembre de 2013.

Por último, se avaló un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal para que informe los avances de los 266 compromisos que asumió y que fueron firmados ante notario público.

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