• Refrenda compromiso ante legisladores de la Tercera Comisión de la Permanente para atender la inseguridad con una política y visión de Estado
• En dos años se ha consignado penalmente a cerca de 360 servidores públicos de la PGR: Benítez Tiburcio
• “No abandonar ninguna línea de investigación, incluya a quien incluya”: diputada Aleida Alavez

20-01-2015.- Ante diputados y senadores de la Primera Comisión de la Permanente, Monte Alejandro Rubido García, comisionado Nacional de Seguridad, informó que durante el segundo año de la actual administración federal la incidencia de los delitos de alto impacto disminuyó.

Sostuvo que de acuerdo con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el comparativo del 2014 contra 2013 se afirma que el homicidio doloso continúa su tendencia decreciente al registrar 15 por ciento menos casos y una baja de 11 por ciento en el delito de robo.

Además, se logra revertir la inercia en el alza de secuestros, los que disminuyeron en un 18 por ciento, así como las extorsiones que se redujeron en 30 por ciento.

Rubido García refrendó a los legisladores su convicción de que la seguridad pública debe atenderse con una política y visión de Estado, que requiere del análisis, diseño e implementación de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno.

Al inicio de la reunión, la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD), presidenta de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, señaló que no hay un viraje sustancial en las estrategias aplicadas por la Comisión Nacional de Seguridad, centrada únicamente en el uso de la fuerza que ha conducido a la más grave de las crisis humanitarias que haya vivido el país.

Apuntó que la lista de víctimas es larga en Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Puebla y Coahuila, además de que las violaciones graves a los derechos humanos son cada vez más frecuentes en el país, por lo que cuestionó: ¿qué están haciendo para detener esta ola de violencia?

Refirió los asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas y de defensores de derechos humanos, los feminicidios, el incremento en la frecuencia y saña con que actúa la delincuencia, producto de la connivencia de las autoridades municipales y estatales con el crimen organizado y “la absurda ineficacia de las autoridades federales”.

Indicó que en el caso de la PGR “se atestigua su paulatino desmantelamiento que la ha convertido en el elefante blanco que no garantiza el derecho de acceso a la justicia y que, por el contrario, mantiene los índices de impunidad e ineficacia que dan por resultado una institución cara e ineficiente”.

Esta institución, dijo, ha perdido su representatividad social y ha abandonado su esencia; no es capaz de garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la justicia imparcial, pronta y expedita como ha quedado plasmado en la falta de resultados en los lamentables acontecimientos de San Fernando, Tlatlaya y Ayotzinapa.

“Revela la incapacidad de las autoridades para crear un mecanismo de búsqueda efectivo y demuestra su miopía para ver la realidad, o lo que es peor aún, la corrupción que corroe a todos los ámbitos en materia de seguridad”, subrayó Aleida Ruiz.

Sostuvo que los mexicanos exigen resultados en materia de seguridad ante la incapacidad de las instancias del sector para implementar políticas públicas que fortalezcan la gobernabilidad democrática y el derecho de acceso a la justicia, que ha colocado a los ciudadanos en vulnerabilidad frente a la autoridad. “Esta situación debe cambiar”, insistió.

En el caso Ayotzinapa, Alavez Ruiz demandó “no abandonar ninguna línea de investigación, incluya a quien incluya, y se den respuestas a siete preguntas”.

¿Qué respuesta hay a la indicación del GPS del celular de un normalista que registró que el 26 de septiembre estaba en el 27 Batallón de Iguala? ¿Cuántos detenidos hay por el caso Ayotzinapa?

Asimismo, ¿cuántos son policías y cuántos de la delincuencia organizada?; ¿cuál es su estatus jurídico?; ¿Cuántas fosas clandestinas se han descubierto a partir del 26 de septiembre de 2014?; ¿cuántos restos se han encontrado? y ¿quién encabeza la investigación de esos hechos y la identificación de cadáveres?

Alavez Ruiz solicitó “no agotar las líneas de investigación, sobre todo ahora que la Universidad de Austria hace del conocimiento que los restos de ADN que analizan no son de los normalistas; por eso exigimos no cerrar ninguna línea de investigación”.

Durante su exposición, Rubido García explicó que en números relativos, el Inegi indica que la cantidad de homicidios por cada 100 mil habitantes en 2014 es similar al que existía en 1992, debido al crecimiento poblacional del país. Las cifras del Secretariado Ejecutivo revelan que el número de homicidios por cada 100 mil habitantes es inferior al que se dio en los años de 1994, 1995 y 1996.

Informó que de una lista de los 122 objetivos prioritarios para el gobierno de la República a la fecha, 88 delincuentes han sido neutralizados y una inmensa mayoría fue detenida gracias a labores de inteligencia y sin necesidad de efectuar un solo disparo. Como ejemplo, refirió que el año pasado se lograron detenciones relevantes como la de Joaquín Guzmán Loera, Héctor Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuentes, entre otras.

Dijo que es indispensable escuchar todas las ideas y las propuestas en un marco de absoluta pluralidad que permitan abordar el fenómeno de la inseguridad desde una perspectiva transversal y multidisciplinaria, en la que converja no sólo la visión de los Poderes del Estado, sino también de los integrantes de la sociedad civil, ya que es precisamente hacia los ciudadanos a quienes van encaminados los esfuerzos.

Asimismo, recapituló los operativos coordinados con autoridades locales y del gabinete de seguridad del gobierno federal, para coadyuvar a mejorar las condiciones de seguridad en algunos territorios focalizados, como la zona metropolitana de Nuevo León, la región de La Laguna, Ciudad Juárez y Tijuana, así como luchar contra el secuestro en Morelos, y logar actualmente avances en entidades como Michoacán, Tamaulipas y Estado de México.

“Tenemos confianza de que el operativo implementado en las regiones norte y tierra caliente de Guerrero –que fue puesto en marcha el 4 de diciembre pasado–, presentará en el corto plazo resultados favorables”, que incluye ocho municipios mexiquenses: Amatepec, Ixtapan de la Sal, Sultepec, Tejupilco, Tlatlaya, Tonatico, Zacualpan y Seapagón.

Comentó que hasta el momento se han efectuado 2 mil 720 patrullajes y se han inspeccionado 456 puntos, derivados no sólo de las investigaciones ministeriales, sino también de las versiones o informaciones que ofrecido los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, con los cuales se ha mantenido una comunicación y coordinación constante.

Busca PGR recuperar confianza ciudadana: Benítez

Al participar, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, garantizó que la institución trabaja cada día para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Refirió los cuatro ejes en que se basan las estrategias, y reconoció que “falta mucho por hacer” si bien se han hecho grandes esfuerzos, “estamos conscientes de que faltan aún muchos retos por superar y problemas por resolver”.

Apuntó que para transitar adecuadamente hacia un nuevo sistema de justicia penal y a una nueva Fiscalía General, se deben sentar bases sólidas a partir de consolidar al Ministerio Público como auténtico representante de la sociedad y de la construcción de capacidades humanas y técnicas que permitan desarrollar de manera eficaz el trabajo, “para recuperar la confianza y credibilidad en la institución del Ministerio Público”.

Benítez Tiburcio comentó que en materia de combate a la corrupción, la Visitaduría General -perfilada ahora como el área de asuntos internos de la PGR- ha duplicado su tamaño y sus recursos, con el propósito de desarrollar una estrategia para reducir la impunidad y combatir la corrupción a través de tres líneas de acción.

Señaló que en estos dos años de la actual administración federal cerca de 360 servidores públicos de la PGR han sido consignados penalmente; se han implementado 149 procedimientos de remoción y practicado cerca de 4 mil 200 evaluaciones técnico-jurídicas.

Se libraron 202 órdenes de aprehensión en contra de 37 agentes del Ministerio Público, 86 agentes de la Policía Federal Ministerial, peritos, mandos medios o superiores, 47 servidores públicos con funciones administrativas, entre otros. Se emitieron 79 sentencias condenatorias en contra de 15 agentes del Ministerio Público y 23 agentes de la Policía Federal Ministerial, entre otros.

También expuso los detalles de la reorganización funcional y de diseño estructural en las delegaciones estatales de la PGR, para implementar el nuevo sistema de justicia penal, con el fin de mejorar la atención y persecución de los delitos federales en las entidades federativas.

Incluye, agregó, la profesionalización del personal, equipamiento e infraestructura; dicho modelo empezó a operar en 2014 en las delegaciones de Puebla, Durango, Yucatán, Querétaro y Zacatecas.

Durante 2015 y el primer semestre del 2016, estas acciones continuarán gradualmente hasta cubrir la totalidad de las delegaciones de la PGR, lo cual permitirá establecer controles para mejorar la eficiencia y prevenir la corrupción.

En este modelo de reorganización se ha puesto mayor énfasis en mejorar los espacios de atención al público en las delegaciones. Se ha creado un área denominada Unidad de Atención Temprana, encargada de dar información y atención a todo ciudadano que solicite la actuación de la Procuraduría, a fin de brindarle un servicio oportuno y útil, concluyó Benítez Tiburcio.

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