21-01-2015.- La Comisión Permanente exhortó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a informar sobre el estado que guardan las adecuaciones a las disposiciones en materia de información y documentación que las organizaciones auxiliares de crédito y casas de cambio deban recabar tanto de personas morales como físicas.

Lo anterior, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero del 2014 a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, a fin de evitar el rezago en materia de competitividad.

En su intervención, el diputado David Pérez Tejada Padilla (PVEM) dijo que las transacciones financieras realizadas con dinero proveniente del crimen organizado son consideradas como uno de los problemas más graves en materia de seguridad y economía, por lo que acciones como las implementadas por la SHCP implican una mejor regulación del dinero que fluye a través de dichos establecimientos.

A grandes rasgos, señaló, se trata de una restricción en la cual las casas de cambio o instituciones auxiliares de crédito piden a los usuarios de estos servicios financieros informen, soliciten datos personales, capturen y realicen un reporte de todas las transacciones desde un dólar.

Estamos de acuerdo, resaltó, sabemos que este tipo de medidas son buenas porque ayudan a detectar operaciones de lavado de dinero que muchas veces operan a lo largo de la franja fronteriza, principalmente en el norte del país; sin embargo, estas modificaciones al marco normativo que regula las operaciones de las casas de cambio podrían convertirse en un factor que impida el intercambio comercial para la pequeña y mediana industria.

El diputado federal por Baja California enfatizó que la implementación de la reforma en comento, se percibe como un trámite burocrático que implicaría la contratación de profesionistas especializados en la materia, con lo cual sus ganancias se verían disminuidas, en comparación del costo que significaría acoplarse a las nuevas disposiciones.

Aunado a que, ante el proceso de captura de datos personales, se considera inseguro el proporcionar dicha información, pues no se conocen los mecanismos de protección a los mismos, sumado a la pérdida de tiempo que esta acción implicaría, incluso para transacciones íntimas.

“Esperaremos la puntual respuesta por parte de la SHCP no únicamente en un informe, sino también para realizar un análisis a fondo en la compra de los dólares”, concluyó.

Exhorto para suscribir el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

La Comisión Permanente también avaló el exhorto al Ejecutivo federal a suscribir el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para que los ciudadanos que sufran violaciones a estas prerrogativas y que no cuenten con un recurso que las proteja soliciten protección en el Sistema Universal de Naciones Unidas.

Lo anterior, agrega el documento, en caso de que el Estado no cumpla su obligación de mejorar la situación económica, cultural y social de sus habitantes.

Estos derechos se refieren a la garantía para acceder al trabajo, seguridad social, alimentación, salud, vivienda, agua, educación y cultura; el Protocolo Facultativo consiste en reconocer este tipo de derechos y el compromiso en generar mecanismos que hagan efectivo el acceso a los mismos.

El punto de acuerdo precisa que “es preocupante que México no forme parte de tan importante esfuerzo para combatir de manera decidida, frontal y contundente la pobreza y hambre de sus ciudadanos”.

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