• Existen 7.7 millones de mexicanos con alguna discapacidad; más de la mitad no recibe ingresos y 20 por ciento percibe menos de un salario mínimo

21-01-2015.- La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que exhorta a las entidades federativas a establecer en sus planes locales de desarrollo el diseño y fortalecimiento de programas a favor de la inclusión de las personas con discapacidad.

Lo anterior, teniendo como marco el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

El documento suscrito por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera (PRI) y considerado de urgente resolución, destaca que según datos del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), en México existen 7.7 millones de personas que padecen alguna discapacidad; 5.7 millones viven en la miseria; 2.2 millones en pobreza alimentaria, y 3.8 tienen rezago educativo.

De acuerdo al Inegi, más de la mitad de las personas con discapacidad no recibe ingresos y 20 por ciento percibe menos de un salario mínimo. Este sector de la población ocupa el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como el más discriminado, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México.

En su intervención, la senadora del PRI, Diva Hadamira Gastélum Bajo, dijo que el exhorto tiene el objetivo de homologar la propuesta que el gobierno federal hizo para atender de manera más equitativa y más justa a las personas con discapacidad. Por ello, “es fundamental que cuenten con herramientas que les permitan valerse por sí mismas y en igualdad de condiciones que los demás�.

El punto de acuerdo, indicó, tiene el objetivo de atender la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y establecer en las entidades federativas esta disposición que hace no sólo la Organización Mundial de la Salud, sino el Plan Nacional de Desarrollo donde el Ejecutivo ha dedicado un apartado para desarrollar actividades para las personas con discapacidad.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado destacó que una de cada cinco personas más pobres del mundo tiene alguna discapacidad, mientras que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, es decir, el 15 por ciento de la población mundial.

En tanto, cerca del 60 por ciento del total de las personas con discapacidad en edad de trabajar está desempleado; la tasa de participación económica en este sector de la población es sólo de 25 por ciento, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En su turno, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros (PRD) expresó que el Estado tiene una enorme deuda con las personas discapacitadas; basta señalar que aproximadamente el 60 por ciento de ellas no accede al trabajo remunerado.

En México, precisó, una de cada cinco personas padece una discapacidad, generando una carga inconstitucional e inhumana de discriminación en todos los ámbitos: social, laboral, económico, político y cultural.

Es necesario, enfatizó, establecer programas que promuevan su realización personal, por lo que se debe tomar en cuenta que el actual Plan Nacional de Desarrollo establece como objetivo nacional la creación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de instrumentar esquemas de atención integral a su favor, impulsar su inclusión productiva y garantizar el derecho a la accesibilidad.

El senador Isidro Pedraza Chávez (PRD) detalló que en una reunión de evaluación en Ginebra, respecto a este tema, México dio un informe donde mostró que “vamos muy atrasados en la creación de escaleras para las personas que utilizan sillas de ruedas, así como la necesidad de modernizar los sanitarios de las escuelas�.

Por eso, manifestó, es bueno el exhorto a las entidades federativas, a fin de garantizar e impulsar las políticas para atención a las personas con discapacidad; además, es necesario revisar los compromisos firmados a nivel internacional con México y que a la brevedad se instalen institutos o consejos estatales para la inclusión de las personas con discapacidad.

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