• Luis Raúl González Pérez: caso Ayotzinapa concluirá “hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los normalistas”
• Manifestaciones de apoyo a víctimas, expresión de hartazgo ante la impunidad y la complicidad entre autoridades y delincuentes, asegura
• La ilegalidad, la violencia y el delito deben prevenirse y sancionarse en Guerrero y en todo el país
• Rindió ante la Comisión Permanente su Informe Anual de Actividades 2014, que analizarán diputados y senadores

28-01-2015.- Ante la Comisión Permanente, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo que el caso de Iguala, “hasta que no se acredite lo contrario, estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos”.

Afirmó que la CNDH, en el nuevo enfoque para recuperar su esencia y volver a sus orígenes, exhortó al Ejecutivo federal a que acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para admitir peticiones individuales.

Del mismo modo, agregó, se hizo un llamado al Poder Legislativo a realizar las reformas pertinentes a fin de aprobar una Ley General en materia de desaparición forzada, que incluya la adecuación del tipo penal a los estándares internacionales, así como la obligación de implementar políticas públicas y protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas.

Al presentar ante diputados y senadores el Informe Anual de Actividades 2014 de la CNDH, resaltó su transcendencia, después de un hecho tan deplorable como el de Iguala, pues “marca un antes y un después en la vida de México y la propia Comisión Nacional no puede seguir siendo la misma después de estos hechos”.

Aseveró que las investigaciones respectivas no podrán concluir hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos. “Indigna y agravia a todos los mexicanos y obliga a buscar la verdad”, apuntó.

Lo sucedido en Iguala es grave por su propia naturaleza, por su relevancia y proyección, afirmó. Es el ejemplo más significativo de lo que está mal en nuestra sociedad, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones. “Hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción”, propuso.

Subrayó que no hay manera de recuperar la aparente normalidad que como país teníamos antes de los hechos de Iguala o Tlatlaya, porque era anómala, estaba asentada, en buena medida, en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas.

Por ello, convocó a revisar autocríticamente el camino andado e intentemos reorientar nuestras acciones. “Entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad de estructuras estatales, obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso”.

González Pérez apuntó que lo más relevante a reportar en materia de derechos humanos durante 2014 “es el despertar y toma de conciencia que hechos como Tlatlaya e Iguala han provocado en nuestra sociedad, así como el nuevo paradigma de actuación que las autoridades e instituciones tenemos que asumir a partir de ellos”, destacó.

Indicó que las manifestaciones de apoyo y solidaridad a las víctimas han sido acompañadas por la Comisión Nacional, la cual defiende la libertad de expresión y el derecho a la protesta social, consagrado en nuestras leyes.

“Son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente”, aseguró.

Sin embargo, sostuvo que estos derechos y libertades no son absolutos, sus límites son la afectación a terceros o la alteración del orden público, por lo que las manifestaciones deben mantenerse dentro de los límites de la legalidad, lo que a su vez las reviste de mayor legitimidad.

González Pérez apuntó que el compromiso de la CNDH es hacer efectivo el derecho a la verdad, el acompañamiento y la reparación integral del daño a las víctimas, con la garantía de no repetición, así como la rendición de cuentas y la sanción a los responsables.

“La ilegalidad, la violencia y el delito deben ser prevenidos y sancionados por la autoridad, en Guerrero y en cualquier otra parte del país”, resaltó.

Refirió que la institución solicitó medidas cautelares ante los hechos de Iguala; además, apoya y da seguimiento a la implementación de aquellas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 3 de octubre del año pasado. Para la atención de este asunto y el acompañamiento a las víctimas, se creó una Oficina Especial en diciembre pasado, señaló.

El titular de la CNDH destacó que la lucha en contra de la impunidad y a favor de la vigencia del Estado democrático y social de derecho es hoy un clamor nacional. La condición para avanzar decididamente en este objetivo es combatir frontalmente la corrupción, que requiere la aplicación de controles más estrictos para propiciar una cultura de actuación institucional sustentada en el respeto a la ley, la austeridad y la integridad de los servidores públicos.

Recuperar credibilidad y transparencia

Refirió que como parte del nuevo enfoque para recuperar la esencia, la credibilidad y transparentar la gestión, la CNDH ha iniciado encuentros y acercamientos con las organizaciones de la sociedad vinculadas a la materia de los derechos humanos y con otras agrupaciones civiles, y reforzado lazos con organismos locales de protección a los derechos fundamentales.

Asimismo, con las instituciones académicas como la ANUIES, con la Conferencia Nacional de Gobernadores y con legisladores federales preocupados por la situación de los derechos humanos. Se da, dijo, un nuevo impulso a las relaciones con los organismos internacionales y regionales de derechos humanos.

González Pérez indicó que el informe del ombudsman ante los Poderes de la Unión señalará en lo sucesivo un reporte de la situación de los derechos humanos en México, los obstáculos que enfrenta su gestión, y las autoridades que son renuentes a colaborar con él o a cumplir con las recomendaciones.

Además, dará cuenta de las reformas normativas que tendrían que llevar a cabo para propiciar de mejor forma el respeto y defensa de los derechos humanos, así como la defensa y protección integral de las víctimas. Trabajaremos en indicadores y registros que permitan ofrecer esta información a la sociedad, para que conozca y acompañe las tareas que por la defensa y protección de los derechos humanos se emprendan, precisó.

Dijo que el Informe Anual de Actividades 2014 incluye los datos y registros sobre la actividad institucional antes de asumir la presidencia del organismo el pasado 16 de noviembre, así como lo realizado durante los primeros 45 días de su gestión.

Sobre las estadísticas, informó que en 2014 las oficinas centrales y foráneas de la CNDH ofrecieron 348 mil 624 servicios de atención al público. Se recibieron 45 mil 671 escritos con peticiones que originaron 8 mil 455 expedientes de queja, 7 mil 363 de orientación directa, 8 mil 596 de remisión y 475 de inconformidad. Del total de expedientes de queja registrados, 125 se iniciaron de oficio.

Del procesamiento de los expedientes de queja, la CNDH emitió 55 recomendaciones que se dirigieron a 67 autoridades, resaltó.

González Pérez refirió que las entidades públicas más señaladas en las recomendaciones son, en orden descendente: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional de Seguridad con 8 cada una; el gobierno de Oaxaca 7; la Procuraduría General de la República (PGR) 4; el gobierno del Distrito Federal 4; el gobierno de Chiapas 3; el gobierno de Tabasco 3; la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2; el gobierno de Hidalgo 2; el gobierno del Estado de México 2, y el Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz 2.

Respecto de los expedientes de queja, indicó que las autoridades identificadas con mayor frecuencia como responsables fueron: IMSS en 1,542 casos; el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación en 1,177 casos; la SEDENA en 642 casos; la Policía Federal en 580; el ISSSTE en 538; la SEP en 530; la PGR en 487; el Instituto Nacional de Migración 450; la SEMAR 374 y el INFONAVIT 326.

El titular de la CNDH consideró necesario revisar los esquemas y parámetros para calificar las quejas que se reciban, la forma en que se registran las autoridades que son señaladas como responsables de las mismas y el seguimiento que se da a los requerimientos de la institución, así como la forma o vías en que se concluyen los expedientes de queja o se atienden los escritos que se reciban.

Legisladores analizarán el Informe Anual 2014 de la CNDH

Al concluir la presentación del Informe Anual 2014 de la CNDH, el presidente de la Comisión Permanente, diputado Silvano Aureoles Conejo, informó que la Mesa Directiva consideró pertinente hacer una invitación a las comisiones ordinarias de Derechos Humanos tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores, a fin de que realicen las reuniones de trabajo que consideren pertinentes para el análisis del informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pidió que con la información vertida, además con el documento y los anexos correspondientes, se haga el análisis detallado de los temas aquí informados, por lo que remitió a dichas comisiones el informe respectivo.

Precisó que la Comisión Permanente da por cumplida la obligación del presidente de presentar ante los Poderes de la Unión el informe anual sobre las actividades que ha realizado la comisión.

-- ooOoo --