03-02-2015 El Pleno de la Cámara de Diputados conoció el informe de trabajo sobre la investigación de los recursos federales destinados a la Línea 12 del Metro, presentado por la comisión especial encargada del caso.

A través de su presidente, el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo (PRI), solicitó a las procuradurías General de la República, General de Justicia del Distrito Federal y a la Auditoría Superior de la Federación, indaguen la ejecución de la obra y consignen, en su caso, a los ex funcionarios y empresarios involucrados como presuntos responsables de delitos federales y fraude.

Al dar lectura a los primeros resultados y recomendaciones del informe, el diputado Calzada Arroyo aseguró que la Línea 12 es “un desastre financiero”, mismo que requiere de una investigación más profunda, la cual escapa a las facultades de la Cámara de Diputados.

A juicio de la Comisión, dijo, es imperioso fincar responsabilidades a quienes aprobaron que Proyecto Metro y el Consorcio Constructor acordaran, a través de convenios modificatorios, incrementos en el costo de estaciones, tramos de conducción y en los porcentajes de los anticipos pagados a las compañías privadas involucradas.

“No podemos ignorar que son más de 22 mil millones de pesos erogados entre los años de 2007 a 2012, de los cuales, más del 60 por ciento son recursos federales”.

Además, apuntó, de otros 62 millones de pesos para identificar fallas y más de 100 millones para el servicio emergente de la red de transporte; se agregan más de 5 millones para cubrir las afectaciones de predios y aún se desconoce el costo total que tendrán las reparaciones correctivas”, refirió.

Recordó que en abril de 2014, se solicitó información a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Comisión Investigadora de la Línea 12 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a la Contraloría General y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y cruzaron para su análisis los diversos elementos de información proporcionados.

Destacó el diputado Calzada Arroyo que de acuerdo con la información obtenida, el origen de las fallas que culminaron con el cierre de once estaciones de la Línea 12 se debió a deficiencias de diseño y falta de coordinación de los trabajos.

Abundó que esta circunstancia provocó el incremento de los costos de mantenimiento, así como una disminución del tiempo de vida útil tanto de los elementos que componen la vía y del propio material rodante.

“Se hicieron modificaciones al contrato original que otorgaron ventajas al consorcio constructor, y la falta de supervisión y diversas omisiones provocaron el incremento de costos y que se pagaran mayores anticipos a las compañías, por lo que hay elementos para presumir dolo”, subrayó.

Señaló también que hubo un claro “conflicto de intereses en la firma de por lo menos un convenio modificatorio” por parte del director general de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, hermano del vicepresidente ejecutivo del Grupo ICA, del consorcio constructor de la Línea 12.

“No ha quedado suficientemente explicado por qué se optó por rentar trenes en lugar de comprarlos. Igualmente grave, es la dirección del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, que firmó con la empresa española Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF), un contrato de prestación de servicios a 15 años por más de mil 588 millones de dólares, costo que supera otras ofertas como la de la empresa Norinco”, dijo.

Asimismo, agregó, una de las partes del contrato que representa alrededor del 60 por ciento del total del mismo, se firmó con un tipo de cambio de 16.75 pesos por dólar, lo que significa un sobreprecio de 3 mil millones de pesos, pues el tipo de cambio en el momento de la firma del 31 de mayo del año 2012, era de 12.91 pesos por dólar.

“Es inconcebible que se hubieran dejado pasar tal cantidad de irregularidades sin el conocimiento de las autoridades del más alto nivel. Nos referimos al ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, al ex secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo y al ex titular del proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez”, por lo que solicitó el deslinde de responsabilidades.

Pidió que con base en la documentación remitida por la Contraloría General, tanto la PGJDF como la PGR realicen la averiguación de posibles delitos federales.

En el informe de trabajo, la comisión especial solicita al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, impulsar, en coordinación con el Proyecto Metro y con la Contraloría General, los procedimientos resarcitorios que deriven de la determinación de responsabilidades de los servidores públicos o de las empresas privadas, y la ejecución de garantías para entregar la Línea 12 a la brevedad posible.

“Consideramos que debe darse prioridad jurídico-administrativa-económica, para valorar la posibilidad de concluir anticipadamente el servicio de arrendamiento y mantenimiento de los 30 trenes de la Línea 12 del Metro, ya que el valor de los proyectos para la prestación de servicios PPS representa más de tres veces el costo de la adquisición de los trenes”, señala el documento.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada Martha Gutiérrez Manrique (PRI) aclaró que el informe “no está dirigido a la izquierda del país, sino a la izquierda corrupta que defiende a un político de ambición desmedida y corrupto como es Marcelo Ebrard”, en lugar de defender a los 500 mil usuarios afectados.

“Existen claras evidencias de complicidades, de irresponsabilidad, de negligencia, de abierta corrupción. La cuenta de más de 45 mil millones de pesos gastados aún no termina, seguirá revisándose. Hay que decirlo, hay que hablar con la verdad, detrás del cúmulo de irregularidades hubo dolo, confabulaciones, un verdadero saqueo a las arcas públicas que llevó a inaugurar, a como diera lugar, el servicio de la Línea 12, aún a costa de la seguridad de los ciudadanos”, concluyó.

Jorge Francisco Sotomayor Chávez (PAN) destacó que la Línea 12 del Metro ha sido “un ejemplo vivo de corrupción”. Los gobiernos de la Ciudad de México en los últimos años, abundó, se han distinguido por construir obra pública a través de procedimientos sin licitación o contrataciones sumamente opacas.

“Esta mal llamada Línea Dorada, en cuya construcción ya se han gastado más de 55 mil millones de pesos, se encuentra inservible por causa de errores directamente imputables al gobierno capitalino y es imperdonable que a la fecha no ofrezca una respuesta seria sobre el tiempo que tardarán los trabajos para su reapertura”. Se refirió finalmente a la falta de atención de más de 150 familias de las delegaciones Benito Juárez, Iztapalapa, Coyoacán y Tláhuac, afectadas por la obra.

Roberto Carlos Reyes Gámiz, del PRD, dijo que su partido está por la transparencia y en contra de las cuotas de impunidad, por lo que tiene plena disposición de afrontar la problemática y que comparezcan todos los funcionarios y ex funcionarios involucrados.

Sin embargo, agregó, “no podemos convalidar una aviesa, obscura y torcida pretensión, que desde la oficina de la Presidencia se nos quiere endilgar. El documento que hoy se presenta está lleno de falacias, omite datos según conviene a su posición política y no tiene interés en mostrar todos los elementos de investigación con los que diferentes instancias de fiscalización y análisis han aportado”.

Del Verde Ecologista, el diputado Antonio Cuéllar Steffan subrayó que no se puede dar crédito a una “teoría del complot” en contra de altos funcionarios del DF, ya que el informe de la comisión “posee datos duros y es el sentir de una ciudadanía que resiente el desfalco de 42 mil millones de pesos que implicó la obra de la Línea 12”.

Asimismo, dijo, la garantía de audiencia que demandan fracciones de oposición, se tendrá cuando se cumplan las resoluciones de privación por parte de los jueces. Es entonces, abundó, cuando se podrán presentar pruebas y alegatos para desvirtuar los datos duros que arroja el informe de la comisión; “queremos que las preparen”, enfatizó.

De Movimiento Regeneración Nacional, Rafael Huerta Ladrón de Guevara argumentó que las conclusiones de fincar responsabilidades a servidores y ex servidores públicos del DF son ambiguas y confusas, y “solo se dan elementos de prensa para justificarlas”.

En consecuencia, hizo un llamado a los legisladores que avalaron el informe a sustentar la participación de la PGR en el caso de la Línea 12 del Metro. “El objeto por el cual se creó la comisión, se ha desviado y sus conclusiones tienen el objeto de crear impactos mediáticos sobre supuestos actos de corrupción en el DF”, agregó.

Al manifestar el posicionamiento de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja pidió no respaldar el informe de la comisión, ya que es “faccioso y parcial” al ser “dictado desde Los Pinos” con la intención de dañar políticamente al ex jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard.

Esto, refirió, debido a que “se señala a Ebrard como responsable de filtrar escándalos de corrupción de la Presidencia de la República” y a quien, sin embargo, se le negó el derecho de audiencia para defender su persona. De este punto, “vamos a acudir a los órganos internacionales para denunciar que en México se violan los derechos humanos de los líderes opositores”, advirtió.

En tanto, el diputado del PT, Alberto Benavides Castañeda, acusó que la comisión especial se extralimita en sus objetivos y atribuciones, además de que el informe emitido adolece de revisiones superficiales, no contó con documentación relevante y la opinión debida de instancias profesionales, posee graves errores y no se fundamenta en pruebas.

En conclusión, señaló, el informe “es un proceso de defenestración por motivos político electorales y una intención para procesar sin fundamentos al exjefe de gobierno del DF”. Pese a esto, destacó que no se han encontrado imputaciones que ameriten un procedimiento penal en contra de Ebrard y otros funcionarios públicos.

Cristina Olvera Barrios (Nueva Alianza) exhortó a olvidar los procesos políticos al momento de analizar las fallas en la construcción de la Línea 12 del Metro, pues lo primordial es la ciudadanía que pagó las consecuencias de la obra.

Por otra parte, consideró que con este informe se sienta un precedente para que futuras comisiones atiendan con éxito casos similares, porque “debe prevalecer el interés ciudadano”, además de fincarse y deslindarse responsabilidades a funcionarios sin dar lugar a la impunidad.

Al concluir las fundamentaciones, el presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión ordinaria, y citó a los legisladores para la que tendrá lugar el próximo jueves 5 de enero, a las 11 horas.

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