• Su monto a la fecha asciende a 490 mil millones de pesos, señaló el diputado

05-02-2015.- La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, con 350 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, mencionó que es insostenible para el Estado que la deuda pública absorba más del cien por ciento de las participaciones federales de algunas entidades federativas.

Ante esta “situación alarmante”, añadió, resulta imperativo que el Congreso de la Unión lleve a cabo las acciones necesarias para controlar la deuda pública de los diferentes órdenes de gobierno.

Recordó que el 17 de julio de 2013, cuando la Cámara de Diputados aprobó por primera vez este tema, el endeudamiento en estados y municipios ascendía a 390 mil millones de pesos. Actualmente, dijo, este déficit alcanzó los 490 mil millones de pesos, es decir, 100 mil millones de pesos más en tan solo un año y medio.

“Hablamos solo de la deuda que registra la Secretaría de Hacienda, porque hay otras que no se registran, como las de las pensiones y jubilaciones; los pasivos a corto plazo que son adquiridos por los proveedores de bienes y servicios, o con bancos, para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo o por proyectos multianuales”, destacó.

Sumando este tipo de deudas, dijo, encontramos que hay siete entidades federativas que rebasan en cien por ciento las participaciones federales.

El diputado Moreno Rivera resaltó los aspectos fundamentales de la reforma: no impide o limita la adquisición de empréstitos, sino que establece las bases generales para incurrir en un endeudamiento responsable y transparente.

Además, establece la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública; se amplían facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar la deuda pública y se crean elementos de responsabilidad financiera, como prohibir la contratación de deuda para cubrir el gasto corriente y, en su lugar, destinarse a inversiones públicas productivas.

Asimismo, dijo, se prohíbe contratar deuda en el último trimestre de un periodo de gobierno y obliga a los estados y municipios a liquidar las obligaciones a corto plazo en ese mismo lapso.

También se prevé la creación de una comisión legislativa bicamaral, fundamental para el sistema que se plantea y cuyas facultades serán, entre otras, sancionar u objetar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados.

Prevé la autorización de las legislaturas estatales a la contratación de crédito público, con mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes, considerando para ello las mejores condiciones del mercado, destino de los recursos, capacidad de pago y establecimiento de la fuente de pago o del otorgamiento de garantías.

Concluyó que con la enmienda se establece que las operaciones de refinanciamiento o reestructura de una deuda deberán regirse bajo las mejores condiciones del mercado.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song (PRI) dijo que el tema del endeudamiento de estados y municipios es una añeja necesidad y una importante discusión que por muchos años ha permanecido dormida. Sostuvo que la reforma no es, bajo ninguna circunstancia, “una camisa de fuerza”, sino la llave que garantizará la certeza a los ciudadanos y dará sustentabilidad a los proyectos que establecerá cada gobierno.

“Control no es centralización. Buscamos promover que las entidades puedan endeudarse, pero en un contexto de sostenibilidad financiera y a precios competitivos, que se reconozca la calidad crediticia de las garantías provistas usualmente por los gobiernos locales, como lo son sus participaciones federales”, señaló.

Damián Zepeda Vidales (PAN) destacó que en los últimos años los estados y municipios han abusado del uso de las deudas públicas. “En los últimos 10 años se ha incrementado más de tres veces al pasar de 147 mil millones de pesos en 2005 a 490 mil millones de pesos en 2015”.

“Lo que ha sucedido es que gobernantes, con una visión corta, buscando los aplausos, han sacrificado el futuro de nuestros hijos, y eso no debe ser válido. No más historias como aquellas que tuvieron que vivir Coahuila, Veracruz, Nayarit, Zacatecas y muchos otros más, donde se hipotecó, por sus propios gobernantes, el futuro de los ciudadanos”, subrayó.

El diputado Carol Antonio Altamirano (PRD) destacó que la reforma es un avance en favor del federalismo. “Rechazamos la práctica de comprometer sin límites y a lo loco las participaciones de las entidades o que una administración pueda comprometer a varias generaciones con el peso de una deuda desproporcionada”.

Pidió que así como se limita el déficit de las entidades, también se controle de manera más estricta el endeudamiento federal, que ha pasado en menos de dos años de 5 billones 890 mil millones de pesos a 7 billones 125 mil millones. Es decir, un crecimiento de 20 por ciento.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) se manifestó a favor del dictamen “ante la gravedad del endeudamiento y porque tiene más de año y medio discutiéndose el tema en las dos Cámaras del Congreso”. Agregó que la transparencia y el combate a la opacidad requieren un trato especial de discusión y construcción de acuerdos, toda vez que el origen del problema de sobreendeudamiento tiene que ver con la impunidad

Precisó que no todos los estados de la República hacen un mal uso de los recursos y si bien es cierto que se debe controlar el gasto, tanto federal como estatal, también se tiene que proteger el desarrollo de la democracia en las entidades federativas.

Ricardo Mejía Berdeja (MC) señaló que la deuda se ha convertido en un grave problema para las finanzas de los estados y municipios por la corrupción de gobernadores y caciques que han encontrado en el endeudamiento “una forma de hacer fortuna, de financiar proyectos políticos o de crecer indiscriminadamente la nómina gubernamental”.

Refirió que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, hasta diciembre del año pasado la deuda subnacional era de 490 mil millones de pesos, lo que representa casi tres puntos del PIB. Consideró que este crecimiento se debe a la falta de monitoreo y de leyes efectivas, pero también a que la división de poderes en los estados es prácticamente inexistente y porque las legislaturas locales se han convertido acríticas de los endeudamientos.

Por el PT, el diputado Ricardo Cantú Garza destacó que siete entidades del país adeudan el 62 por ciento de un universo de deuda de casi 490 mil millones de pesos, equivalentes al 2.67 por ciento del PIB nominal previsto para este año.

Estimó que estas reformas permitirán que Hacienda trastoque el Federalismo, al inmiscuirse en actos soberanos de las entidades, convirtiéndose en un vigilante de sus virtudes, pero sin atender los mismos principios cuando se habla de la asunción de pasivos federales. “No es aceptable que en la Carta Magna se incluyan las operaciones de refinanciamiento y no se haga mención expresa de que los pasivos contratados no deben servir para sufragar el gasto corriente”.

En su turno, el diputado José Antonio González Roldán (Nueva Alianza) mencionó que la deuda pasó de 90 mil 731 millones de pesos en el 2000 a 489 mil 875 millones al tercer trimestre del año pasado, lo que equivale a un incremento del 440 por ciento. Dichas cifras son un poco más del 60 por ciento de los ingresos garantizables de los estados, sin incluir los ingresos propios municipales.

Explicó que con esta reforma se pretende que los gobiernos sean más responsables al contraer deudas y no busca debilitar el pacto federal ni restar autonomía a las entidades federativas ni a los municipios.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (Morena) enfatizó que en la presente administración se ha aumentado tres veces el techo de endeudamiento, “y no suficiente con esta situación, se permite a las entidades federativas que puedan contratar empréstitos y no se ve ninguna sanción para estos servidores públicos”.

Subrayó que si de verdad existiera la intención de disminuir la contratación de deuda, se debió tomar, como primera acción, prohibir la celebración de los acuerdos interinstitucionales, los cuales han servido de instrumento para las entidades federativas y los municipios para contratar deuda externa.

Durante la discusión, los diputados Elizabeth Núñez Sánchez (PRI), José Guillermo Anaya Llamas (PAN), Amalia Dolores García Medina (PRD), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (PRI), Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD) y Lilia Aguilar Gil (PT) se pronunciaron a favor del dictamen.

En tanto, los legisladores Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y Francisco Alfonso Durazo Montaño (Morena) y Martha Beatriz Córdova Bernal (MC), se manifestaron en contra.

Reservas

Para su discusión en lo particular, se presentaron reservas al artículo 73 fracción VIII, numerales tercero y cuarto, y al artículo 117, fracción VIII, párrafo tercero, las cuales fueron desechadas y aprobadas en los mismos términos del dictamen con 329 votos a favor y 43 en contra.

El dictamen fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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