• La peor de todas las deshonestidades es la que cuesta vidas humanas y la libertad de las personas: Ricardo Anaya
• Falta de seguridad ha afectado credibilidad ciudadana en todos los niveles de gobierno, asegura Jorge Chabat

10-02-2015.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado Guillermo Anaya Llamas (PAN), afirmó que el país atraviesa una crisis de inseguridad, justicia y legalidad “de tal magnitud, que ha puesto prácticamente en jaque las condiciones de gobernabilidad y democracia”, por lo que los retos de las políticas públicas del Estado mexicano en la materia, son enormes.

Indicó que éste es uno de los temas más importantes en la agenda nacional, pues “la violencia y la inseguridad constituyen una de las mayores preocupaciones de las familias mexicanas y un reto pendiente del Estado, que tiene por alcanzar en su pleno desarrollo”.

Durante la inauguración del Foro Internacional de Seguridad Pública “por un modelo policial digno”, Anaya Llamas reconoció que a pesar de los decididos y múltiples esfuerzos por abatir y controlar esa crisis, las condiciones de seguridad en el país no han alcanzado lo que exige la sociedad para superarla y alcanzar el desarrollo humano integral.

“Superar los problemas de violencia para construir un futuro de paz y armonía para todos los mexicanos, mejorar las capacidades de nuestras instituciones de seguridad pública y contar con policías confiables, profesionales y dignos, es construir los cimientos de una sociedad más justa, donde se garanticen los derechos fundamentales, los derechos humanos”, subrayó.

Por ello, informó que los poderes del Estado mexicano analizan las mejores alternativas para superar las enormes complejidades que implica una reforma constitucional en materia de seguridad pública; por tanto, agregó, es necesario analizar las facultades de los tres órdenes de gobierno.

“Un parlamento o un congreso del Siglo XXI debe ser un poder legislativo abierto que, para tomar las mejores decisiones, escucha a los distintos sectores de la sociedad”, estimó.

Expresó que las reformas en materia de seguridad pública son de tal trascendencia que “se deben escuchar las distintas voces, las perspectivas de funcionarios públicos y actores políticos de los tres órdenes de gobierno, de la academia nacional e internacional y de la sociedad civil organizada”.

Consideró fundamental estudiar los modelos policiales, las iniciativas del mando único, la concurrencia de competencias y la profesionalización policial, entre otros temas, que “son de lo más importante para poder decidir, escuchando todas las voces que tienen interés en el tema de seguridad pública”.

Reconoció el compromiso de los asistentes por generar mecanismos más transparentes, plurales e incluyentes para tomar una de las decisiones públicas más transcendentes de nuestro país en las últimas décadas.

Durante la apertura del foro, el diputado Ricardo Anaya Cortés (PAN), apuntó que los grandes problemas de México, como la inseguridad, no se van a resolver con base en ocurrencias sino con diagnósticos serios y con una verdadera conexión entre causas y efectos.

Detrás de la inseguridad, sostuvo, hay una inmensa corrupción, y la peor, enfatizó, es “la que cuesta vidas humanas y la libertad de la gente”.

Este mal, señaló, tiene un costo. Según cálculos del Banco Mundial, es de 9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 45 veces el presupuesto de la UNAM y alcanzaría para construir 10 aeropuertos en la Ciudad de México, no por sexenio sino por año, detalló.

En el foro organizado por la Comisión de Seguridad Pública, el coordinador del grupo parlamentario del PAN resaltó la importancia de convocar a expertos en seguridad, porque es un elemento clave para discutir y entender el problema, a fin de diagnosticarlo correctamente.

“Hay que tener cuidado y hasta repulsión a las ocurrencias que tanto daño hacen en la política pública mexicana. El problema endémico en México es que encontramos la solución correcta, pero al problema equivocado”, apuntó.

Anaya Cortés sostuvo que sin un diagnóstico correcto, la estrategia al final no va a funcionar.

Refirió que la iniciativa del Sistema Anticorrupción está basada en cuatro ejes: el empoderamiento de los ciudadanos; un control interno gubernamental serio; robustecer mecanismos autónomos e independientes que auditen las irregularidades para castigar y corregir, mediante el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y la creación de una Fiscalía Especializada y Autónoma.

Así también, la aplicación de sanciones para combatir la impunidad, ya que actualmente sólo el uno por ciento de los delitos es castigado. “La regla general es que el corrupto se sale con la suya”.

Destacó que cuando se reducen los márgenes de impunidad se disminuye también el comportamiento negativo de corrupción, por lo que no es un problema cultural, sino de diseño institucional de forma transversal, a fin de que rinda frutos.

Rediseño del modelo de país: Jorge Chabat

Durante la conferencia magistral, “La Seguridad Pública en México: análisis del contexto sociopolítico y económico en que se esgrimen las propuestas”, el académico Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseveró que atender la inseguridad exige un rediseño del modelo de país que implica cambios constitucionales.

Es decir, prosiguió, se requieren reformas de fondo que ataquen el origen del problema: la corrupción e impunidad de las instituciones de seguridad y justicia. “Todo lo demás que se haga no va a funcionar si no se resuelve este problema”, advirtió.

Apuntó que deben revisarse los esquemas que no funcionan. “Hemos vivido con muchos mitos, cosas que no se tocan como el federalismo, el cual tiene pros y contras, y si funciona mal hay que tocarlo; discutirlo de forma seria y sin tabúes”.

Propuso, por ejemplo, reformar la figura del Ministerio Público, para que sea más eficiente y aplique la justicia con oportunidad. Previno que existe el riesgo de que la corrupción e impunidad prevalezcan, aunque haya un Mando Único. Recomendó otorgar salarios dignos a los policías a nivel nacional y dar incentivos económicos reales, así como el respeto y valoración sociales.

Sugirió un estudio cuidadoso de la propuesta de ley contra la infiltración del crimen organizado en los municipios, basada en un modelo italiano, ya que hay desconfianza en que se pueda aplicar en México, porque se requiere una orden judicial donde haya una clara injerencia del narcotráfico, si un ayuntamiento no lo puede resolver.

Señaló que la crisis de inseguridad ha afectado la credibilidad de los ciudadanos en todos los niveles de gobierno y no se resolverá fácilmente.

Además de las reformas, indicó, los tres órdenes de gobierno deben aplicar la ley, sobre todo porque hay evidencias de políticos que están involucrados en hechos delictivos que no se investigan. “Esto se tiene que acabar, si no el país no tiene futuro. Estamos en una coyuntura muy complicada no sólo por los temas de Ayotzinapa y Tlatlaya, sino por la falta de credibilidad en todos los actores políticos”.

Consideró que el reto que enfrenta el país debe asumirse por todos e insistió en que si no se ataca el problema de fondo, que es la corrupción y nadie sale castigado, la inseguridad continuará.

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