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Boletín N°. 5076 Con mando único policial estatal se podrá enfrentar criminalidad: comisionado Rubido García
  • Participó en el Foro Internacional de seguridad pública, organizado en la Cámara de Diputados

 

  • Sólo 14 entidades tienen cuerpos policiales en todos sus municipios; 649 alcaldías carecen de ellos: Hurtado Valdez

 

  • Llaman senadores del PRI, PAN y PRD a fortalecer corporaciones de seguridad, inteligencia y policiales

 

11-02-2015.- Al participar en el “Foro Internacional de Seguridad Pública, por un modelo policial digno”, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, afirmó que “no podemos estar satisfechos con las condiciones en que se está dando la atención a este tema”, y destacó la necesidad de “adecuarnos con la mayor celeridad a las condiciones con que está avanzando la delincuencia, no sólo en el país sino en el mundo”.

 

En su participación en el evento realizado por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, expresó que aun cuando se han hecho modificaciones constitucionales y al marco normativo en distintos años, “aquello que hace 20 años parecía que podía ser la alternativa, hoy la realidad nos muestra que no vamos necesariamente en el camino correcto.”

 

Por ello, manifestó su posición favorable a la creación de las 32 corporaciones de seguridad con mando único, planteada en la iniciativa del Ejecutivo, e hizo votos por que su discusión en el Congreso, en calidad de constituyente permanente, lleve al país a las mejores condiciones estructurales para atender la seguridad.

 

Rubido García explicó que la iniciativa busca fortalecer al Poder Judicial, pues con la globalización el delito ha ido evolucionando y hay problemas que hoy ya no se pueden atender con una visión doméstica.

 

Indicó que es necesario reforzar a las policías municipales para combatir la delincuencia, porque México dejó de ser un territorio de trasiego de droga, pues actualmente se distribuye y consume en el territorio.

 

Se pronunció por combatir con toda la fuerza del Estado mexicano a la actividad delincuencial, desde sus cimientos; sin embargo, reconoció que la conformación de dichas corporaciones es insuficiente y su falta de solidez ha propiciado que sean corrompidas o penetradas por los grupos delincuenciales.

 

El comisionado explicó que la iniciativa enviada por el Presidente de la República en esta materia busca establecer la figura del mando único policial estatal para enfrentar la criminalidad. “Puede ser el paso nodal para que encontremos el viraje necesario y mejorar las condiciones de combate a la inseguridad en el país”, enfatizó.

 

Señaló que en México hay alrededor de dos mil 456 municipios “pero no todos tienen corporación de seguridad, porque unos se rigen por usos y costumbres, otros porque su problemática no requiere un área” de esa naturaleza.

 

Además, dijo, cada policía tiene condiciones laborales diferentes, pues hay elementos que no han tenido una práctica de tiro o no tienen acceso a la más elemental tecnología que exige el Siglo XXI para hacer sus funciones de combatir a la delincuencia.

 

Monte Rubido mencionó que existen en el país mil 800 cuerpos de seguridad municipal con capacidad y mandos dispersos, por lo que es necesario dignificar su función, estableciendo remuneraciones mínimas y prestaciones básicas para cada uno de los 440 mil policías que actúan en el país.

 

Indicó que la iniciativa propone facultar al Congreso para expedir leyes generales en determinados conceptos y determinar la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad, y la distribución de competencias en materia penal para la investigación, persecución y sanción de delitos se daría con independencia del fuero al que correspondan.

 

La propuesta plantea que la Federación asuma, total o parcialmente, funciones municipales cuando existan elementos que permitan identificar instancias de gobierno infiltradas, penetradas por la delincuencia organizada.

 

Jorge Carlos Hurtado Valdez, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sostuvo que la propuesta del mando único apunta a la trasformación integral de las policías y a su dignificación.

 

Actualmente, dijo, sólo 14 de las 32 entidades cuentan con cuerpos policiales en todos sus municipios; de los 2 mil 461 municipios que hay en el país, 649 carecen de ellos. El 86 por ciento de las corporaciones tienen menos de cien elementos y el 63 por ciento de los municipios (alrededor de mil 816) cuentan con menos de 20 o ningún elemento.

 

Expresó que la delincuencia no reconoce límites entre demarcaciones municipales, delegacionales o estatales, y en muchos casos ni en fronteras entre países; opera de manera organizada y generalizada, por lo que “necesitamos organizarnos y coordinarnos para hacerle frente, así como establecer compromisos muy claros para los 32 responsables de las policías estatales”.

 

La iniciativa del mando único, dijo, debe dar buenos resultados, ya que permitirá mejorar la coordinación en todas las corporaciones y establecer responsabilidades a cargo de los jefes de cada entidad y del Distrito Federal, así como fortalecer la capacidad operativa en prevención, investigación y reacción de las policías, y en el desarrollo policial.

 

El senador Enrique Burgos García (PRI), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, refirió que la iniciativa el Ejecutivo busca reformar siete artículos de la Constitución, y aseguró que el crimen organizado no solamente descansa en el trasiego de llevar droga o sembrarla, sino también en la infiltración de los órganos de gobierno y en decisiones de los municipios.

 

Indicó que al retomar experiencia de otros países, se reconoce que el crimen organizado se globalizó, transitó fronteras y asimiló experiencias distintas. “Está en todas partes, se actualizó, se modernizó y se volvió competitivo entre la delincuencia; por eso necesitamos, a problemas nuevos, soluciones nuevas, dentro del marco constitucional”.

 

El compromiso del Estado mexicano, subrayó, es la protección de la seguridad de las personas y de sus bienes. “No es un asunto de partidos políticos, poderes ni de cámaras del Congreso: se requiere síntesis, la cual se llama Estado mexicano”.

 

A su vez, el senador Alejandro Encinas Rodríguez (PRD), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que es urgente hacer un replanteamiento tanto de la estrategia como de las corporaciones encargadas de la seguridad pública, de las labores de inteligencia y de las policías, pues el país “está en situación de emergencia y enfrenta una crisis del Estado y de sus instituciones”.

 

Mencionó que la iniciativa del Ejecutivo, si bien aborda el tema de seguridad pública, rebasa por mucho las facultades y competencias en la materia. La propuesta, detalló, hace un replanteamiento del Estado federalista al modificar las facultades y competencias de los municipios y al pretender dotar al Ejecutivo federal de jurisdicciones extraordinarias.

 

Llamó a emprender una reforma al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la actuación de los jueces y del Consejo de la Judicatura, pues en el país hay un 97 por ciento de impunidad en los delitos cometidos. “No vamos a poder enfrentar o tener resultados contundentes en materia de seguridad y combate del crimen, si se mantiene este margen tan amplio de impunidad”.

 

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth (PAN), expresó que se debe fortalecer el sistema de seguridad pública como el órgano gestor y garante del nuevo modelo policial, y expuso que el mando único en la Constitución ya existe a nivel estatal y está en el artículo 115.

 

Refirió que en el país hay 330 mil policías evaluados, de los cuales 20 mil 521 estatales no han pasado controles de confianza, frente a los más de 18 mil 177 municipales. “La evidencia nos indica que no es cierto que las policías estatales, por sí mismas, sean mejores que las municipales”.

 

Se requiere un mecanismo que formalice la intervención federal, es decir, crear un régimen para los nuevos desafíos del crimen organizado y no dejar esa responsabilidad a los órganos de gobierno de menores capacidades.

 

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