• Realizan en San Lázaro el foro “Realidades y Perspectivas de la Aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales”

11-02-2015.- La poca infraestructura y la falta de capacitación del personal han sido el principal obstáculo para la puesta en marcha de los juicios orales, contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya homologación en todas las entidades del país debe concluir en el 2016.

Así lo afirmó la diputada Rosa Elia Romero Guzmán (PT), al inaugurar el foro “Realidades y Perspectivas de la Aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales”, y dijo que el nuevo sistema penal acusatorio es una oportunidad para que quienes sean señalados ante la ley de cometer un delito, puedan tener una mejor defensa legal y, en su caso, ser declarados inocentes o culpables.

Durante el evento, en el que se analizó la aplicación del Código, así como sus deficiencias y retos, la legisladora señaló que desde la Cámara de Diputados corregirán y apoyarán su implementación hasta lograr su correcto manejo.

Al respecto, el coordinador general del Instituto Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Juan José Olea Valencia, precisó que a partir de la instrumentación en la capital del Código Nacional de Procedimientos Penales, se han armonizado 44 ordenamientos.

“Es importante que la autoridad ministerial cuente con la capacitación, porque al cambiar el sistema de inquisitorio a acusatorio, reaprender el proceso les puede costar mucho trabajo”, reconoció.

Añadió que en materia de capacitación a nivel nacional, al trabajar en el sistema acusatorio, las partes y autoridades deben mostrar habilidades distintas a las enseñadas anteriormente en los salones de clase.

Durante la conferencia “La Etapa del Juicio”, el juez de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial Cuautitlán, Estado de México, Arturo Márquez González, afirmó que este procedimiento “no es más ya como lo estudiamos en el pasado”.

“Han desaparecido las etapas procedimentales, así como conceptos que tenían una tradición jurídica como el auto de formal prisión”.

De igual forma, señaló que la falta de infraestructura y el gran número de asuntos que llega a juicio, siguen siendo un problema. “No es tarea fácil de los juzgadores llevar la etapa procedimental; ellos serán los mediadores durante la etapa del juicio, guían la audiencia, califican las preguntas y escuchan las objeciones de las partes”.

Advirtió que no deben seguir empleándose jueces que tengan doble función –de Control y de Juicio-, ya que eso podría distraerlos de su tarea de control dentro de las salas de juzgado. “El problema es la capacidad de cada entidad para separar ambas figuras”.

Por su parte, el secretario del Consejo de Coordinación para la Implementación de los Juicios Orales del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Jahaziel Reyes Loaeza, arremetió en contra del lenguaje jurídico que se usa durante los procesos. “En los juicios, las víctimas que no tuvieron ni siquiera la educación básica, guardan silencio ante los conceptos jurídicos que no comprenden”.

Al hablar del tema “El Lenguaje Democrático en un Sistema basado en Audiencias”, enfatizó que debe utilizarse una expresión que sea adecuada al nivel de la víctima o del imputado. No porque carezcan de una educación jurídica, sino porque no es una obligación que cuenten con una preparación en la materia, precisó.

De igual modo, agregó que al momento en que sean dictadas las sentencias, estas deben explicarse sin matices jurídicos al imputado o la víctima.
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