• Policías son base central del nuevo Sistema de Justicia Penal: titular del SETEC, Fromow Rangel

• Modelo de mando único fortalece capacidad institucional: John Bailey

11-02-2015.- En el segundo día del “Foro Internacional de Seguridad Pública, por un modelo policial digno”, integrantes de la sociedad civil pidieron erradicar la corrupción y la impunidad de las instituciones, pues interfieren con el trabajo de las agrupaciones policiales.

La titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), María de los Ángeles Fromow Rangel, expresó que la base central de la trasformación del nuevo régimen son los policías.

Sostuvo que el nuevo sistema de justicia penal no va a poder ser, sino se tiene una nueva política pública para los policías. “Vemos cómo en muchos municipios un policía no tiene un salario digno, puede ganar 4 mil pesos y dejar todo el día a su familias, sin poder darles una buena educación, una adecuada alimentación, acceder a una vivienda digna, pero tendrá que vigilar la seguridad de una comunidad sin los materiales mínimos”.

Se manifestó por generar una cultura de respeto a los integrantes de estas corporaciones para que puedan otorgar confianza a la ciudadanía o “tampoco va a funcionar este sistema”. Añadió que la evaluación y seguimiento de esta trasformación es necesaria, así como la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, toda vez que de las 43 mil agrupaciones sociales del país, solamente cuatro se han involucrado con el nuevo sistema de justicia.

En la mesa “Participación de la sociedad civil organizada en la evaluación de resultados en materia de seguridad pública, Alejandro Martí, de México SOS, propuso generar modelos de supervisión y observatorios para fortalecer la participación ciudadana en el control de la corrupción y la impunidad.

Dijo que los dos mil 400 municipios deben contar con una mesa de seguridad, integrada por gente interesada en la prosperidad y justicia, trabajando con los gobiernos y midiendo los avances. “Si empoderamos a la ciudadanía para denunciar, en ese momento se convierte en un auditor externo, auténtico y gratuito”.

Añadió que de acuerdo con el Informe de la Calidad de Ciudadanía 2014, del INE, siete de 10 mexicanos creen que las leyes son poco o nada respetadas y seis no denunciaron un delito por considerar que no pasa nada y no confían en las instituciones. Además, dijo que el país ocupa el lugar 103 en el Índice de Corrupción de Transparencia internacional y tiene el primer lugar de corrupción entre los países de la OCDE.

María Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, A.C., señaló que en México no hay evaluación, indicadores ni regulación de lo que sucede en seguridad. “Mientras no sea con el tanteómetro o con las vivencias que los mexicanos tenemos, no tenemos protocolos serios de evaluación ni indicadores para saber cómo funcionan los municipios, cuáles sí funcionan, cuáles no, por qué, dónde están los recursos del SUBSEMUN y de todos los fondos”.

Apuntó que hay una fragilidad de las instituciones por la falta de confianza en ellas y no se hace nada para fortalecerlas. No se trata, aclaró, de crear más instituciones, ni más reglas, pues “ni se cumplen ni se hacen cumplir” y hablar de seguridad tiene que ver con educación, transparencia y valores.

Planteó que el Poder Judicial se someta, igual que toda la cadena de procuración de justicia a la evaluación y certificación, “porque también hay corrupción, aunque no lo quiera aceptar el Poder Judicial”. Agregó que se debe hacer una reforma importante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer la certificación de todos los jueces, no sólo de policías o Ministerios Públicos.

En su oportunidad, Carlos Cruz Santiago, presidente de Cauce Ciudadano, afirmó que ni los jóvenes ni los policías son responsables de la inseguridad que vive el país, y que el problema está en la corrupción política y la empresarial. “De nada sirve construir una idea de país, si quienes están corrompidos políticamente no cortan los dedos de la corrupción como paso para que no siga sucediendo.

Dijo que se requiere un cambio cultural profundo, de estructuras desde la función pública, y transformar el tejido social que antes se llamaba comunidad. Además, se deben generar instancias que tengan que ver con los problemas de atención a víctimas inocentes.

Por el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C, su fundador, Ernesto López Portillo Vargas aseguró que el arreglo político mexicano está agotado y que un indicador que lo demuestra es la corrupción. “Es un fenómeno endémico y forma parte de la manera de vivir”.

Cuestionó si se está gestando una secuencia social política y masiva hacia la corrupción, y pidió a los legisladores preguntarse qué clase de policías estales se requieren; hizo votos para sumar esfuerzos y lograr decir “basta de corrupción”.

Crimen organizado es como el cáncer: John Bailey

Durante su conferencia magistral “Distribución y concurrencia de competencias”, John Bailey, académico de la Universidad de Georgetown, de Estados Unidos, señaló que el crimen “es una bestia de muchas caras y una de ellas es el crimen ordinario y el organizado; entonces, debe haber una policía y un sistema de justicia multifacético que pueda controlar y enfrentarse con este problema”.

Enfatizó que el crimen organizado es como el cáncer, “viene en formas múltiples y tiene dinámicas diferentes”; por ello, dijo, una policía unificada podría enfrentarlo de forma más adecuada.

Subrayó que una reforma policial debe pensar en cómo se interrelacionan los policías formales con la seguridad privada, ya que esta última, es muy importante en México. También consideró que se debe tomar en cuenta a las Fuerzas Armadas, pues todavía no tienen un marco jurídico sobre su participación en cuestiones de procuración de justicia y aplicación de la ley.

El modelo de mando único, agregó, fortalece la capacidad institucional en términos de reclutamiento, entrenamiento, carrera policial, asenso por mérito -que es un punto clave en la formación de un policía-, especializaciones y protocolos entre jurisdicciones, es decir, mejora a la policía a nivel estatal para enfrentarse al crimen organizado.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano (PRI) preguntó qué hace Estados Unidos para erradicar la venta de armas y dónde están los recursos económicos que destina para ese rubro. Consideró que, aunque falta mucho, “México ha trabajado en reformas a leyes, en capacitación a policías e invertido en infraestructura para combatir esa problemática”; sin embargo, dijo, se nota poca efectividad en lo que hace Norteamérica al respecto, pese a la tecnología y recursos con los que cuentan.

John Bailey respondió que Estados Unidos es un país muy polarizado políticamente y con una corriente ideológica arraigada a favor de la libertad de poseer armas y, además, quitar capacidad al gobierno federal.

El Ejecutivo, agregó, puede ejercer ciertas influencias, pero no podrá terminar con la exportación de armas. ”Puede haber cambios a nivel de algunos estados, pero a corto plazo no”, precisó.

La diputada Joaquina Navarrete Conteras (PRD) señaló que México tiene problemas con el control de las corporaciones policiacas municipales y mencionó los casos de Tlatlaya e Iguala, y preguntó en cuánto tiempo Argentina se percató de que el mando único en sus policías no funcionó, ya que, de alguna forma, dijo, se resta autoridad a las autoridades municipales.

El conferencista manifestó estar a favor de policía comunitaria, ya que así, la propia ciudadanía da información a las corporaciones encargadas de combatir la criminalidad. Agregó que la corrupción interfiere con el trabajo de las agrupaciones policiales y ello tiene que ver con el medio donde se opera; sin embargo, consideró que en México trabaja en una legislación importante para combatir la corrupción.

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