• Democracia no puede consolidarse sin esta norma, coinciden diputados
• Celebran en San Lázaro el foro: “Avances y Pendientes en Materia de Desaparición Forzada”

18-02-2015.- La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruíz, y el coordinador parlamentario del PRD, Miguel Alonso Raya, hicieron un llamado a apresurar el análisis y dictaminación de las iniciativas en materia de desaparición forzada, presentadas ante la Comisión de Justicia, en virtud de que se ha impedido el cumplimiento de la ley y el castigo a los responsables de estos crímenes en nuestro país.

Al inaugurar el foro “Avances y Pendientes en Materia de Desaparición Forzada”, en San Lázaro, coincidieron en que la democracia mexicana no puede consolidarse mientras no se resuelva esta asignatura y se señale a los culpables.

La diputada Alavez Ruiz (PRD) subrayó que es únicamente mediante el fortalecimiento de las leyes y las instituciones que el Estado podrá cumplir su tarea fundamental de brindar justicia y bienestar a la población.

“Reconocer errores no es suficiente, se necesita dar pasos certeros para resolver esa profunda crisis de derechos humanos y el Congreso es un eslabón de esa cadena para restituir la justicia en nuestro país”, enfatizó.

La legisladora consideró urgente una “decisión política de los actores fundamentales del Estado” para cerrar el paso a la impunidad, además de resolver la insuficiencia de las instituciones, ya que éstas se basan en métodos de investigación arcaicos y discrecionales para resolver los casos de desaparición forzada.

Asimismo, instó a atender y no descalificar por vocación las recomendaciones de los organismos internacionales para cumplir con las obligaciones jurídicas que sancionen este crimen, y a implementar una base de datos confiable sobre desaparecidos y restos humanos no identificados.

Por su parte, el diputado Alonso Raya se pronunció por no atrasar el análisis e implementación de una ley contra la desaparición forzada de personas, por lo que la Cámara de Diputados, además de exigir la aparición de las víctimas, tiene que legislar para tener bases más claras en la exigencia de justicia.

“No podemos darle más largas al asunto. Para que no haya pretextos y no se evada el tema, se debe precisar y definir con toda claridad en las normas el delito de desaparición forzada”, reiteró.

El legislador sostuvo que al lamentable caso de los estudiantes de Ayotzinapa “se suman otros más de desaparición forzada” a lo largo y ancho del país “que la autoridad no ha reconocido como tal y en donde están involucrados funcionarios públicos en complicidad con bandas del crimen organizado”.

Comentó que es debido a la colusión de funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno y de la omisión de las instituciones, que ha prosperado el crimen organizado. “Si hoy no se han aclarado los casos ni reconocido los crímenes, es producto de esta complicidad entre instituciones del Estado mexicano y los delincuentes”, concluyó.

En su turno, la diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD) propuso que las también llamadas “desapariciones involuntarias” sean una prioridad en la agenda legislativa en el Congreso de la Unión, un “reto inmediato antes de que concluya la LXII Legislatura”.

Instó a reformar el Artículo 73 de la Carta magna para que el Congreso tenga facultades expresas para expedir una norma en la materia, trámite necesario para homologar en todo el territorio la tipificación del delito. “Este país no necesita otro Ayotzinapa, pues este caso nos ha dejado la confirmación indiscutible de que el sistema político está agotado”, expresó.

Por su parte, el diputado Alejandro Carbajal González (PRD) consideró indispensable convencer a los gobiernos de que el tema de los desaparecidos “no se trata de números” sino de seres humanos, por lo que se necesita “un cambio radical, que cimbre al sistema en todos los niveles”.

Coincidió en que una ley en la materia “no vendrá a solucionar inmediatamente la problemática en el país”; sin embargo, dijo, se requiere dar el primer paso y certeza legal para ayudar a víctimas y familiares “que ha sufrido la indolencia e insensibilidad de las autoridades al momento de resolver los casos”.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf (Morena), en su intervención, hizo hincapié en diferenciar legalmente a los secuestros y los homicidios calificados de las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas, ya que esto “jamás será lo mismo”, como lo han manejado las autoridades de justicia.

Asimismo, comentó que se requiere de una ley de desaparición forzada que contemple la prevención, es decir, un registro de personas que ya hayan sido privadas de la libertad, y un presupuesto suficiente para que las investigaciones de los casos arrojen resultados óptimos, como lo recomiendan organismos internacionales.

Desaparición forzada en México rebasa a países de AL donde hubo dictaduras militares

En la mesa “Desaparición forzada en México”, el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara Bermúdez, indicó que recientemente el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas estableció, en sus recomendaciones, que en México esta práctica es “generalizada”, lo que implica una gran escala en la naturaleza del ataque por el número de víctimas.

Precisó que jurídicamente esta calificación involucra que la desaparición es masiva, frecuente y se lleva a cabo de manera colectiva; asimismo, acotó que se dirige en contra de una multiplicidad de víctimas, “lo cual sucede en México”.

Otro factor que genera esta definición, continuó, es que otros países, que tengan jurídicamente la posibilidad de hacerlo, podrán realizar investigaciones para procesar y castigar a quienes hayan participado en las desapariciones cometidas en México y, finalmente, la Corte Penal Internacional podría iniciar un examen preliminar sobre la situación del país.

Afirmó que lo que ocurre en México rebasa lo que sucedió en países de América Latina donde se presentaron conflictos armados internos y dictaduras militares.

Resaltó que el periodo de la llamada “Guerra Sucia”, aún no está resuelto, pues no hay precisión de datos de las personas desaparecidas. De acuerdo con el informe de 2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se estableció que hay 532 víctimas y 275 desaparecidos, mientras que la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos reportó 788 desaparecidos; sin embargo, a la fecha no hay una sola persona responsable.

Mencionó que entre el 2006 y 2014, la Secretaria de Gobernación habló de 2 mil 322 personas desaparecidas. En tanto, la CNDH registró 24 mil 800 casos, donde 2 mil 443 casos tienen indicios de la participación de agentes del Estado; en contraste, sólo ha emitido 11 recomendaciones, hasta octubre del 2014.

Ante ello, propuso que la ley general sobre desapariciones forzadas debe incluir definiciones claras de los tipos de desaparición, como la cometida por particulares con el apoyo o autorización de funcionarios del Estado y la ejecutada por particulares, que es un aspecto que aún no está bien regulado.

Establecer, además, controles efectivos en la detención de personas y contemplar la responsabilidad de los superiores, civiles o militares, más aún cuando tengan conocimiento de que un inferior cometió un delito, así como considerar supuestos para que la PGR y la Federación investiguen delitos en el ámbito local.

En su turno, el representante en México de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz, dijo que la diferencia con los países de América Latina, donde se establecieron dictaduras militares entre los 60’s y 70’s, es que “aquí no hay castigo a los responsables de desapariciones forzadas”.

“El mensaje es claro: en México se pueden cometer violaciones graves de derechos humanos sin que pase nada, mientras que en Chile, por ejemplo, si hubo un reconocimiento de lo que sucedió y una persecución penal, destacó”.

Adelantó que harán un frente común para que el gobierno federal cambie su postura respecto a las recomendaciones emitidas por la ONU. “Es lamentable la posición del Estado mexicano en no reconocer la situación que se vive en el país, sobre todo cuando dicho informe toma en cuenta la opinión de organizaciones de la sociedad civil y familiares de las víctimas de desaparición forzada”, subrayó.

Durante la mesa “Reparación Integral del Daño”, el delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, indicó que en México no hay seguridad ni justicia cuando existe entre 26 y 27 por ciento de impunidad, de acuerdo con datos del INEGI.

Propuso modificar la Ley General de Víctimas, específicamente su artículo 149, a fin de que las personas puedan acceder a recursos y tengan derecho a una indemnización.

En su intervención, Mario Santiago, de la asociación civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos i(dh)eas, dijo que “ante la falta total, por parte del Estado, en reconocer lo que sucede en México, estamos lejos de una reparación a las víctimas”. De acuerdo con estándares del derecho internacional, la reparación del daño tiene que ser adecuada, idónea, rápida, efectiva y capaz de garantizar la no repetición del perjuicio, subrayó.

Por su parte, Julio Manta, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), sostuvo que al Estado mexicano le interesa más la imagen que proyecta al exterior, “aparentando que cumple con los tratados internacionales”, pero en su territorio “viola los derechos humanos”.

Urgió a la Cámara de Diputados a convocar foros con los familiares de los desaparecidos y organizaciones para discutir las características que precisa una ley general contra la desaparición forzada y así consolidar un equipo con los legisladores y expertos para crear “el instrumento que necesita México para erradicar esta práctica”.

Al tomar la palabra, Claudia Rangel, catedrática de la Universidad Autónoma de Guerrero, consideró que la desaparición forzada es un “delito de Estado”, cuya impunidad se ha prolongado desde la década de los 60 y sólo se ha visibilizado en el exterior gracias al reciente análisis internacional de los casos y a la presión de los familiares de las víctimas para resolverlos.

Celebró que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa haya abierto el tema a la opinión pública; empero, dijo, “también hay que preguntarse por los ‘otros desaparecidos’, como los migrantes o los niños y mujeres víctimas de trata de personas. Es preocupante tener políticos que ven el problema y no son capaces de resolverlo”.

En su turno, rindieron testimonio familiares de víctimas de la desaparición forzada. Micaela, hija del guerrillero Lucio Cabañas, pidió agilizar la aprobación de la ley de personas desaparecidas para aliviar a los familiares de las víctimas “el dolor que nos ha causado el gobierno mexicano. Cuestionó: ¿Acaso es un delito tener un padre que fue luchador social?”.

En tono similar, Catarino Hernández del Campo, hijo del luchador social Carmelo Cortez Castro, consideró necesario crear en el Congreso de la Unión una comisión permanente para atender las desapariciones forzadas. “Que sea una puerta para atender a los familiares de las víctimas, para que puedan levantar una demanda, pues a los ministerios públicos no les importa nuestra situación”, agregó.

En tanto, Yolanda Morán, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, lamentó que en sólo dos de las 32 entidades del país exista una legislación para atender a los desaparecidos en México, ya que se necesita una a nivel federal. “Exigimos que los legisladores trabajen en favor del pueblo que sufre al ver que nadie busca a nuestros hijos”, expresó.

En su oportunidad, Ximena Antillón, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, afirmó que en México sigue pendiente una política de Estado que brinde certeza jurídica a las víctimas de desaparición forzada, pues éstas y sus familiares se enfrentan a procedimientos burocráticos complejos que “en vez de abonar a la reparación íntegra del daño, generan revictimización”.

Al clausurar el evento, Santiago Corcuera Cabezut, del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU, lamentó que de 32 entidades en México, sólo dos hayan tipificado tal delito, “lo que hace fácil decir: en esta entidad no se comete el ilícito’”.

Por otra parte, sugirió a los legisladores incluir la figura de “declaración de ausencia por desaparición”, en las leyes, para que los familiares de las victimas puedan acreditar parentesco y disponer de los bienes del desaparecido, como cuentas bancarias, así como evitar una declaración de muerte presunta por parte de los jueces.

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