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21-02-2015 El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (PAN) impulsa una iniciativa que reforma al artículo 7 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, con el propósito de imponer de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien reciba paga, dádiva, promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier índole, a cambio de emitir su voto en algún sentido determinado. La sanción aplicará de igual manera a quien el día de la jornada electoral instale, habilite o proporcione espacios físicos para la entrega de paga, dádiva, promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier índole, o lleve a cabo otra actividad de organización o preparación para dicha contraprestación. El legislador señaló que con esta reforma se pretende reducir los acarreos o “corralón”, el cual consiste en conducir a un grupo de personas a resguardo de los políticos rivales y mantenerlos ahí hasta que llega el momento de votar; esto ocurre principalmente en las zonas rurales, aseguró. Agregó que existe otro método para coaccionar el voto conocido como “cadena”, la cual consiste en otorgar a una persona una boleta ya marcada a favor de un determinado candidato, ofreciendo una recompensa a cada participante si trae el voto en blanco, llevándose otra papeleta que ya viene marcada. El integrante de la Comisión de Justicia afirmó que esta modificación normativa contribuiría a frenar la práctica de hacer del sufragio una mercancía, aprovechándose alguno de los factores que pueden predisponer a la persona a aceptar este tipo de conductas, como su bajo nivel educativo, pobreza o necesidades económicas. Asimismo, abonaría a generar credibilidad en las instituciones, mejoraría las condiciones de la competencia electoral y se lograría dignificar la vida política, ya que la implantación de los mecanismos para frenar el condicionamiento del voto, se realizaría implícitamente con una intensa campaña e impulso de la participación ciudadana activa en materia electoral. Reiteró que la reforma a la Ley General en materia de Delitos Electorales está enfocada a incrementar los mecanismos existentes en materia de justicia penal electoral, pretendiendo que se puede impactar de manera positiva el equilibrio democrático de la nación mexicana. Además, considera que esta modificación, en caso de ser aprobada, contribuirá a inhibir de la comisión de delitos electorales, referentes al condicionamiento del voto. De esta manera, dijo, podrá sancionarse no solamente a quien condicione los votos de otras personas en cualquier proceso electoral, sino a quien pretenda condicionarlos para sí mismo o para otra persona o grupo de personas, a cambio de cualquier tipo de paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa. -- ooOoo -- |
