24-02-2015.- La Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 1, 2, 26 y 27 de la Ley General de Cambio Climático, para establecer medidas que garanticen la protección de derechos humanos en materia de cambio climático.

El dictamen avalado con 393 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, busca proteger los derechos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México, a los que el cambio climático impacta directa e indirectamente, toda vez que la Ley General en la materia no hace referencia a la protección de dichas garantías.

Instituye que en la formulación de la política nacional de cambio climático, se observará la preservación y protección de los derechos humanos y que la política nacional de adaptación frente al cambio climático advertirá sobre el impacto de los efectos adversos de este fenómeno en el pleno goce de las garantías.

Precisa que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cambio climático global ya está afectando negativamente el disfrute de las garantías individuales en América Latina y existe alta probabilidad de que estos impactos se agraven en el futuro, siendo uno de los más severos, la reducción en la disponibilidad de agua dulce para millones de personas.

El documento remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, argumenta que los impactos en los derechos humanos derivados del cambio climático se sentirán más fuerte en las sociedades en situación de marginalidad y en las comunidades tradicionales.

Menciona que conforme al derecho internacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación legal de utilizar todos los medios disponibles para evitar que actividades perjudiciales, como la contaminación causen daños significativos al ambiente en otras naciones.

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Cambio Climático, diputado Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), expresó que este fenómeno incide en muchos de los derechos a los que toda persona debe tener en sus regiones y en los lugares donde vive, como a un medio ambiente sano, a una vivienda adecuada y a la salud.

Con esta reforma, dijo, se establece una armonía jurídica con la actual tendencia global de protección internacional a los derechos humanos, toda vez que dicha ley establece como atribuciones de la Federación regular e instrumentar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático conforme a los Tratados Internacionales aprobados.

En los posicionamientos, la diputada Blanca Estela Gómez Carmona (PRI) mencionó que el derecho humano a un medio ambiente sano ha sido uno de los más protegidos en los últimos años, ya que el deterioro generado por el cambio climático y el calentamiento global ha alertado no solamente a México, sino a las naciones enteras.

Puntualizó que los pueblos indígenas tradicionales y campesinos son especialmente vulnerables, ya que en su mayoría dependen de los sistemas naturales, tanto para su supervivencia como para su subsistencia. “Si no podemos garantizar un acceso al agua limpia, vulneraríamos en algún momento el derecho a la salud de quienes están consumiendo agua contaminada”.

Por el PRD, el diputado Javier Orihuela García resaltó la importancia de salvaguardar los derechos humanos de millones de ciudadanos, no solamente de México que se han visto perjudicados “por la política depredadora del capitalismo industrial, rapaz y que no concibe la necesidad de invertir para reducir las emisiones a la atmósfera cambiando sus patrones tecnológicos”.

Hizo votos para que los países de América Latina integren un proyecto que permita “defendernos de los efectos nocivos del cambio climático ocasionado por los países del primer mundo”, y solicitó a la Comisión de Relaciones Exteriores intervenir y hacer un planteamiento para que las empresas transnacionales que han ocasionado daños en Ecuador y Bolivia, indemnicen.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (PVEM) indicó que el cambio climático es el mayor problema ambiental y no ambiental que enfrenta la comunidad internacional, ya que hay problemas en la salud y la alimentación, y hoy en día las familias tienen que costear medicinas para cáncer de piel, enfermedades gastrointestinales y el victimario está en las ciudades.

Relató que en 2013 tuvieron que abandonar sus hogares 22 millones de personas, a quienes se les denominó como refugiados ambientales víctimas del cambio climático. “La difusión masiva de los problemas y soluciones de este fenómeno son una prioridad, pues las víctimas están en el océano y en los bosques, pero los victimarios estamos en las ciudades con nuestro estilo de vida”.

José Antonio Hurtado Gallegos, diputado de Movimiento Ciudadano, se manifestó a favor de actualizar la legislación, así como crear programas de conciencia y cultura para la población en general, facilitar el acceso a vehículos no contaminantes y tener medios de transportes públicos seguros, accesibles y de buena calidad.

“Estamos a favor de estos proyectos y programas que benefician el medio ambiente, y de las disposiciones que permitan políticas públicas que beneficien a la preservación y protección de la población en general”, afirmó.

Del PT, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal argumentó que el cambio climático es un problema global cuyos efectos impactan, en mayor medida, a las personas y los municipios con mayores niveles de pobreza y marginación.

“Los mexicanos tenemos que hacer frente a esta problemática con una propuesta diferente, basada en la relación humano-naturaleza, en una lógica de consumo sustentable y acorde a la cultura y tradiciones locales, no en la uniformidad del mercado ni en el de las ganancias”, añadió.

La diputada Cristina Olvera Barrios (Nueva Alianza) expresó que el cambio climático ha adquirido dimensiones devastadoras para el planeta y para quienes habitamos en él, pues los huracanes, sequías, inundaciones y los fenómenos meteorológicos son cada vez más letales.

“Este fenómeno es provocado por las acciones o inacción de los seres humanos y una falta de compromiso real de las autoridades de cada país, para disminuir emisiones de gases efecto invernadero. Los graves impactos que se generan amenazan el derecho al agua segura y suficiente, a la alimentación, a la salud, entre otros”, agregó.

Rodrigo Chávez Contreras, integrante de la agrupación de diputados afiliados a Morena, señaló que los derechos humanos que hoy se reconocen requieren adaptarse y mejorar para la supervivencia de la sociedad.

Sostuvo que el gobierno no puede mostrarse indiferente ante las consecuencias graves de no emprender acciones de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático. “Pongamos énfasis en temas como la vivienda verde y autosustentable; la implementación del adecuado transporte público y ecológico; la promoción del uso de la bicicleta”.

A favor del dictamen, la diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) resaltó que México está a la vanguardia de la firma de compromisos internacionales en derechos ambientales, así como garantizar los derechos humanos, pero “es el primero de los países que violenta la norma y, prueba de ello, es la reforma energética”.

Zuleyma Huidobro González, diputada de Movimiento Ciudadano, destacó la importancia de proteger a los derechos humanos que son vulnerados por los efectos del cambio climático.

El diputado José Luis Valle Magaña (Movimiento Ciudadano) sostuvo que los efectos del cambio climático ya son una realidad en el país y sus repercusiones se notan. “Los escenarios de este fenómeno son alarmantes, sobre todo porque se carece de los recursos para enfrentar y mitigar sus impactos”.

También de Movimiento Ciudadano, el legislador Ricardo Mejía Berdeja mencionó que la amenaza del cambio climático crece en América Latina, y dijo que el tema de derechos humanos y medio ambiente es poco explorado en la legislación y no puede quedar en una referencia general a los derechos humanos y a este fenómeno, pues “ha sido omisa en temas que verdaderamente afectan a comunidades enteras, como la fractura hidráulica o fracking”.

Finalmente, el diputado Ossiel Omar Niaves López (PRI) relató que con esta propuesta se busca nutrir la conciencia no sólo de los encargados de diseñar, instrumentar y aplicar la política referente al cambio climático sino la colectiva, siendo necesario hacer énfasis de que los fenómenos globales repercuten en el pleno goce de los derechos humanos, como la alimentación, un medio ambiente sano y la vivienda.

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