- “Hasta el último momento de esta legislatura, lucharé por modificar la política de drogas”: Belaunzarán Méndez
- Uso y abuso puede representar un problema de salud pública, pero más daña la prohibición: diputado Alonso Raya
- Despenalización por sí sola no aumenta su consumo pero sí incrementa percepción de disponibilidad: CENADIC
- Gobierno debe ser el que regule mercado de drogas, y no el narco: IAPA
25-02-2015.- En la presentación de la memoria del “Foro Internacional de Política de Drogas”, organizado por la Cámara de Diputados los días 29, 30 y 31 de julio de 2014, legisladores, funcionarios y especialistas destacaron la importancia de seguir abordando el tema desde diferentes disciplinas científicas y con un análisis amplio, para definir sus usos. El presidente del grupo de trabajo organizador del Foro de Consulta sobre el tema de la Política de Drogas, diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), expresó que la memoria contiene las ideas sustanciales y propuestas de los ponentes. Recordó que el grupo de trabajo que preside derivó de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, del 13 de junio de 2013, para debatir el tema e intercambiar datos, ideas, perspectivas y propuestas, en sus tópicos salud, seguridad, justicia, derechos humanos, marco jurídico, experiencias internacionales, impacto económico, regulación, prevención, riesgos, daños y tratamiento. A título personal, expuso que hasta el último momento de esta legislatura luchará por hacer modificaciones a la política de drogas, basada en optimizar la prevención, otorgar una mejor atención a aquellos que lo necesitan y construir una política de reducción daños, así como promover la investigación para que haya evidencia empírica y “poder decir si vale la pena el camino de usos terapéuticos y medicinales”. Reconoció la apertura del Congreso de la Unión y del Ejecutivo para visualizar y discutir este tema, más aún por la situación que vive México y por “los cien mil muertos, los 23 mil desaparecidos y la infinidad de desplazados. La discusión no se puede seguir eludiendo; debemos avanzar, alcanzar acuerdos y consensos”. Belaunzarán Méndez se pronunció a favor de “reivindicar el placer como un derecho humano e irrenunciable y, que haya el derecho a la embriaguez responsable, definida como aquella que no dañe a terceros y se hace cargo de sí mismo”. Detalló que los procesos de regulación de la mariguana en los Estados Unidos afectan a México directamente, por lo que hay una necesidad de analizar el tema con visión de Estado y no morales o personales, ya que el próximo año habrá referéndum en California sobre mariguana recreativa. “Debemos estar preparados para cualquier escenario en la frontera”, indicó. A su vez, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, diputado Agustín Miguel Alonso Raya, señaló que el debate sobre la legalización de las drogas es necesario y, por su complejidad, obliga a abordarlo desde diferentes disciplinas científicas. Mencionó que si habrá de impulsarse una política tolerante a las drogas, se estará pensando principalmente en cannabis, la cual se considera blanda por sus efectos menos perjudiciales en comparación con otras, además de que es la más producida, consumida y traficada en México. Los efectos de la legalización de la mariguana, dijo, no deben concebirse de manera simplista, ya que “no se llegará al extremo de convertirnos en un país de adictos, si se acompaña esta medida de políticas regulatorias de salud y de atención a la adicciones; tampoco acabará con la violencia de tajo, pues simplemente se mantendrá el problema de trafico de otras drogas como la cocaína”. Alonso Raya pidió enfrentar esta realidad con un auténtico cambio de paradigma, haciendo énfasis en la educación y en la necesidad de promover el uso responsable de la libertad, en lugar de la política inmersamente represiva “cuyo fracaso es evidente”, por lo que llamó a despenalizar el debate. “El uso y abuso puede representar un problema de salud pública, pero lo que más daña a la sociedad, es la política de prohibición absoluta. Esperamos que el gobierno, los poderes públicos y la sociedad asumamos la tarea de enfrentar y construir una política con una responsabilidad compartida; de lo contrario, lo que se generará con la prohibición es una reacción de las nuevas generaciones y violencia”, añadió. Raúl Martín Del Campo Sánchez, director general del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC), argumentó que la política de drogas debe retomarse desde la perspectiva de la salud pública, con un profundo énfasis en la protección de derechos humanos para los consumidores. Puntualizó que es fundamental hacer más accesibles los servicios de tratamiento para quienes los buscan, pues diez de las entidades federativas del país no cuentan con un centro de tratamiento residencial y profesional público, lo que hace que en esos estados, los que requieran tratarse acudan a grupos de la sociedad civil, los cuales pueden o no funcionar bien, ya que muchos están fuera de la norma, por lo que “estamos maltratando a los consumidores”. Llamó a fortalecer la prevención con énfasis en los jóvenes, evitar la criminalización y el estigma, así como promover la discriminación entre consumidores. Indicó que la despenalización por sí sola no aumenta su consumo pero sí incrementa la percepción de disponibilidad. Desde la perspectiva de la salud pública, dijo, es claro que penalizar las drogas no llevará a prevenir su consumo, ya que los países que han demostrado tener buena experiencia, son las naciones que le han apostado a la prevención en escuelas, comunidades y hacer accesibles los tratamiento. “Eso es lo que nosotros queremos trabajar”. Adelantó que en los próximos días se presentarán los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones en la población estudiantil, la cual, por primera vez, tiene una muestra en niños de quinto y sexto de primaria donde se sospecha que hay consumo. Mencionó que se debe hacer una evaluación de las diferentes posiciones que hay sobre la política de drogas para tomar una decisión basada en la evidencia y en el sustento científico. En tanto, Rafael Camacho Solís, director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), dijo estar a favor de la regulación de las sustancias y no de su prohibición. Alertó que mientras está prohibido existe el mercado, pero quién regula qué mariguana, a qué precio y dónde se vende “siguen siendo los narcos y no el gobierno, el cuál debería ser quién lo regule y no se lo deje al narco”. La regulación, detalló, debe evitar que el consumo se permita a menores de edad, pues de acuerdo con diversos estudios, el 9 por ciento de las personas que prueban mariguana crean adicciones cuando inician la ingesta en edad adulta, pero crece al 17 por ciento, si lo hacen en la adolescencia. Indicó que no se debe cometer el error de Estados Unidos de verlo como un negocio, “porque los negocios buscan que haya mayores utilidades para los socios”. Es necesario, abundó, contemplarlo como un servicio para aquellas personas que no tienen problemas en el consumo de esta sustancia y que no están decididos a dejarlo. Juan W. Zinser Sierra, del Instituto Nacional de Cancerología, aclaró que una cosa es despenalizar y permitir que la gente la utilice bajo su propia responsabilidad y, otra, es iniciar todo un proceso de legalización como en Holanda, en donde hay un control de calidad de sus productos. Sostuvo que legalizar implica que el consumidor tenga la certeza de que ese producto que adquirió tiene ciertas características y no enormes variaciones. Agregó que estas memorias son un instrumento para madurar el tema, toda vez que es complejo y requiere un análisis amplio para enfrentar una problemática que ya existe y en donde “no podemos ser simplemente unos observadores pasivos”. -- ooOoo -- |