25-02-2015.- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por 24 votos en pro, uno en contra y una abstención, el dictamen de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Será discutido mañana en el Pleno de la Cámara de Diputados.

El dictamen destaca que por primera vez México contará con un sistema integral y transversal, alejado de intereses personales, pues sus finalidades son muy claras: generar mejores estándares en el servicio público y combatir de manera definitiva los actos de corrupción.

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, agrega, se podrá erradicar esa práctica que tanto daño ha causado a nuestra sociedad, y confirmar el compromiso del Estado mexicano para contar con gobiernos abiertos.

El diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), presidente de la instancia legislativa, sostuvo que por un acuerdo histórico de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados se establece ese Sistema, que funcionará mediante un Comité Coordinador, integrado por siete instancias, las cuales se coordinarán y tendrán nuevas facultades.

Apuntó que se reforman catorce artículos de la Constitución: 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79 104, 108, 109 113, 114, 116 y 122, que definen las principales tareas de la Secretaría de la Función Pública; la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción; el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el titular del Tribunal de Justicia Administrativa; el titular del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI); y los representantes del Consejo de la Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciudadana.

De esta forma, a los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito se les podrá seguir el procedimiento civil de extinción de dominio, el cual es independiente de la responsabilidad penal del delito cometido, precisó.

Informó que se elimina el principio de anualidad, con lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá auditar en tiempo real, ya que solo podía auditar dos años atrás. Actualmente rinde un informe general que se denomina ejecutivo, y con la reforma habrá informes de carácter individual.

Podrá auditar fondos y fideicomisos no sólo públicos sino también privados que manejen recursos federales. Se permite que la ASF fiscalice a los órganos autónomos.

Referente al titular del Tribunal de Justicia Administrativa se le confieren mayores facultades, “sancionará tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves”.

“Ahora se podrán sancionar a los particulares vinculados con actos de corrupción que consistirán en inhabilitación para participar en adquisiciones e intervención de la empresa. Obligación de reparar los daños al erario”, indicó.

Las sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos consistirán en amonestación, suspensión e inhabilitación, además de sanciones económicas de acuerdo a los daños y perjuicios patrimoniales que causó, por lo que también se modificó el artículo 114 para que la prescripción de las sanciones administrativas no sea inferior a siete años.

Respecto al Comité de Representación Ciudadana, indicó que estará integrado por 5 destacados ciudadanos que hayan contribuido a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción

Moreno Rivera sostuvo que el objetivo principal es la coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno competentes, para la prevención, detección, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, subrayó.

En el dictamen, se subraya que según datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, en 2010, las mordidas para acceder o facilitar 35 trámites y servicios públicos, alcanzaron los 32 mil millones de pesos. En el mismo año, el Índice registró 200 millones de actos de corrupción en los distintos órdenes de gobierno. Según el Barómetro de las Américas, en 2010 el 77% de los ciudadanos encuestados percibieron índices altos de corrupción en el país.

Se propone la modificación de diversas disposiciones de la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Dicho Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del organismo garante que establece el artículo 6o de la Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Pretende crear un esquema jurisdiccional de justicia administrativa a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mismo que estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y la ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.

En este sentido, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual conservará su competencia actual en las materias fiscal y administrativa y sólo será adicionada la nueva competencia en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos de la Federación y, en los casos previstos en la Constitución, a los servidores públicos de los estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como a los particulares involucrados en faltas administrativas graves.

Los magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, mientras que los magistrados de las Salas Regionales, serán ratificados por mayoría. En ambos casos, se faculta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para ratificar los nombramientos.

Estos tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares, así como imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa y a los particulares que incurran en hechos de corrupción en los términos que determinen las leyes.

Además, estarán dotados de facultades para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

Para el caso del Distrito Federal, se prevé la existencia de un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones, con las mismas facultades que los tribunales instituidos en los estados. Además, se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

Se propone también un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de hechos de corrupción en que incurran tanto servidores públicos como particulares.

Uno de los aspectos medulares de la presente reforma constitucional, es el fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.

Se plantea aprobar la reforma para facultar la revisión durante el ejercicio fiscal (“auditoría en tiempo real”), y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores, se eliminan principios de anualidad y posterioridad.

La Auditoría Superior de la Federación y las correspondientes entidades locales de fiscalización continuarán, como lo hacen actualmente, fiscalizando los recursos públicos en los poderes judiciales, así como investigando y, en su caso promoviendo la imposición de sanciones ante los tribunales de justicia administrativa competentes o iniciando las denuncias que procedan, cuando detecten irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Asimismo, se propone establecer las responsabilidades de los servidores públicos

Las sanciones administrativas podrán consistir en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación. A su vez, las penas económicas deberán establecerse de acuerdo con los beneficios que, en su caso, haya obtenido el responsable, y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los hechos y omisiones.

En el caso de las personas morales, se establece que serán sancionadas cuando los hechos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral o en beneficio de ella.

En materia político electoral, la fiscalía especializada en combate a la corrupción contará con el marco jurídico suficiente para investigar y perseguir de forma efectiva los delitos en esta materia.

Se incorpora el combate al conflicto de intereses. Así, los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables.

Se propone que el nombramiento del Secretario de la Función Pública este a cargo del Ejecutivo federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 89 constitucional, y que sea ratificado por el Senado de la República.

Se amplían los plazos para la prescripción de sanciones administrativas graves.

Actualmente, el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prevé, como regla general, que las facultades que tiene la autoridad para imponer las sanciones contempladas en dicha ley prescribirán en un plazo de 3 años, contados a partir del día siguiente en que se hubieren cometido las infracciones o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.

La reforma propone ampliar el plazo de prescripción a 7 años por las faltas administrativas graves que prevé la legislación secundaria. En este sentido, el objetivo que se persigue, está encaminado a que la prescripción tenga un carácter transexenal, es decir, que aquellos servidores públicos que incurrieran en alguna falta administrativa grave, puedan ser incluso investigados y sancionados por una administración distinta en la que ejercían sus funciones, cuando cometieron alguna de dichas faltas.

Se faculta al Congreso de la Unión para crear la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción y las que regulen la organización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Asimismo, la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como sancionar a servidores públicos y particulares.

De igual forma, para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.

Faculta a la Cámara de Diputados para designar a los titulares de los órganos internos de control de organismos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Posicionamientos

Al iniciar los posicionamientos, la diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) calificó esta reforma como trascendental y estructural, porque causa la expectativa de poder controlar la corrupción, la opacidad en el manejo de los recursos públicos en la Administración Pública Federal y en el ámbito estatal.

Mencionó que este dictamen construye un sistema de coordinación en el ámbito federal, estatal y municipal, que tendrá la posibilidad “de tener dientes para sancionar lo que no se había podido sancionar; esperamos que realmente se combata la corrupción”.

De Nueva Alianza, el diputado Luis Antonio González Roldán indicó que hoy se está dando un paso trascendental con este dictamen, pues en México uno de los problemas más graves a los cuales se enfrenta es la corrupción, la cual impide un pleno desarrollo como nación.

Precisó que este fenómeno crea distorsiones en todas las actividades económicas, políticas y sociales de cualquier nación. Es, además, un tema complejo y delicado, y “significa una plena destrucción de la vida institucional, el desprecio por la legalidad y el triunfo de la ilegitimidad y la inmoralidad”.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) resaltó que con esta reforma se busca resolver las críticas y cuestionamientos de la grave deshonestidad que vive el país; sin embargo, reconoció que en el caso de la Auditoría Superior de la Federal hay avances, pero no “ataca el cáncer ni el centro de la corrupción del país, que es la presidencia de la República”.

Argumentó que esta reforma no atiende los temas de conflictos de interés, el contratismo y los negocios personales. “No combate la corrupción desde la cabeza, sigue habiendo impunidad hacia el Presidente de la República y, a través de las cuotas partidistas, se va a asegurar el control”, afirmó.

La diputada Amalia Dolores García Medina (PRD) sostuvo que la ciudadanía ha sido la que ha contribuido para señalar cómo tendría que ser ese sistema nacional anticorrupción y destacó que el dictamen plantea que el Senado sea el que ratifique al titular de la Secretaría de la Función Pública.

Se congratuló que la Auditoría adquiere mayores capacidades y dientes; que los plazos para la prescripción de los casos de corrupción se amplíen a siete años; que proceda la extinción de dominio en enriquecimiento ilícito y que se actúe a tiempo en las auditorías y supervisión para poder castigar a los responsables.

Fernando Rodríguez Doval, diputado de Acción Nacional, dijo que con este sistema se fortalece a la Secretaría de la Función Pública, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y al Consejo de la Judicatura Federal, pero sobre todo a la Auditoría Superior de la Federación, la cual adquiere la capacidad de hacer investigaciones en tiempo real y auditar los recursos de estados y municipios, “en donde mayor opacidad y corrupción existe”.

Aseguró que los muchos avances del dictamen indican “vamos por el camino correcto y estamos creando un sistema nacional anticorrupción del que después derivarán una serie de reformas a leyes secundarias y la expedición de nuevos ordenamientos generales; en síntesis, sienta las bases para tener un país más democrático”.

Por el PRI, el diputado Héctor Gutiérrez De la Garza señaló que la creación de un sistema anticorrupción genera inquietudes en todos los órdenes de gobierno y poderes, incluido el Legislativo. “Se ha demostrado la capacidad y la voluntad para alcanzar acuerdos. No hay dueños de esta iniciativa. Si hay alguien que pudiese considerarse son las organizaciones de la sociedad civil”.

Expuso que una de las bondades es una Auditoría Superior de la Federación mucho más fortalecida, la cual, a partir del primero de enero de 2016, va a empezar a revisar el ejercicio 2015, con posibilidades de ampliación de plazos de prescripción para que no se genere impunidad en sanciones administrativas. “Necesitamos confianza en las instituciones y un México con mayor justicia social”.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) lamentó que la corrupción no se acabe mediante la expedición de leyes. “Solamente podremos acabarla en la medida en que las apliquen las personas y sean efectivamente las capacitadas para cumplir esa gran tarea que les vamos a encomendar”. Celebró la transparencia, pero también la participación que tendrá la ciudadanía para prevenir cualquier acto de corrupción.

En tanto, el diputado Fernando Zárate Salgado (PRD) enfatizó que uno de los problemas de gobernabilidad más importantes que existen hoy en nuestro país, es el de corrupción y el de impunidad. Los propios estados hoy están cediendo soberanía para recuperar la gobernabilidad, la estabilidad y la justicia social en este país; por ello, se pronunció a favor del dictamen.

El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) subrayó que con esta modificación se logra un avance importante, ya que se privilegia el diseño institucional y se ataca la impunidad, que son las dos causas que motivan la corrupción en nuestro país. “Hoy estamos transitando a un nuevo modelo para enfrentar la impunidad en el ámbito penal con la fiscalía y en el ámbito administrativo con el tribunal”.

El diputado José Isidro Moreno Árcega (PRI) resaltó que el tema de la corrupción llama a todos a la reflexión y con esta reforma se construye un buen camino para combatirla. “Nunca va a ser suficiente, pero siempre hay la posibilidad de perfeccionar las leyes para atender la realidad que vive la sociedad. Esta reforma nace con la visión de mejorar las condiciones de los ciudadanos, desde el federalismo hasta el municipio”, expresó.

En representación del PRD, Fernando Belaunzarán Méndez hizo un llamado al Senado de la República para que “deje atrás vanidades, protagonismos y grillas” y ponga por delante el interés del país al momento de ratificar la reforma anticorrupción. Asimismo, sostuvo que no es fácil poner un antídoto a la “relación perversa entre el poder y los negocios”; sin embargo, dijo, esta enmienda ayudará a dar el primer paso.

De la misma fracción, el legislador José Alfredo Botello Montes comentó que hoy la Secretaría de la Función Pública sale fortalecida, así como algunas instituciones en la sociedad, en el combate a la corrupción, “en la cual todos tenemos que estar”.

El diputado del PAN, Carlos Fernando Angulo Parra sostuvo que por la corrupción el pueblo sufre penurias, con lo que el gobierno no cumple cabalmente con el Estado de derecho. Dijo que esta reforma es “el cimiento de un gran edificio anticorrupción”; sin embargo, falta la ley secundaria de Transparencia, “sin la cual el sistema anticorrupción se vuelve obsoleto, porque va a haber tanto niño ahogado que no vamos a poder tapar los pozos”.

La también panista, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, dijo que el tema de este gran sistema anticorrupción es la rendición de cuentas y la profesionalización. “Es decir: ya no, no más un solo funcionario público que atente y abuse de su autoridad o de sus facultades o del acceso que tiene del presupuesto, para obtener beneficios personales no legítimos o no legales”.

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