• Esta pr谩ctica infiltra las instituciones, se propaga y toma el control de las mismas: diputado Julio C茅sar Moreno

26-02-2015.- La C谩mara de Diputados aprob贸 en lo general, con 409 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constituci贸n Pol铆tica, en materia de anticorrupci贸n.

Con reformas a los art铆culos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Carta Magna, se crea el Sistema Nacional Anticorrupci贸n (SNA) como una instancia de coordinaci贸n entre las autoridades de todos los 贸rdenes de gobierno competentes en la prevenci贸n, detecci贸n y sanci贸n de responsabilidades administrativas y hechos de corrupci贸n, as铆 como en la fiscalizaci贸n y control de recursos p煤blicos.

Para la discusi贸n en lo particular, se reservaron los art铆culos 22, 28, 73, 74, 76, 79, 79 p谩rrafo cuarto, 108, 109, 113, 114, 114 p谩rrafo tercero y 116. Los transitorios: segundo, tercero, quinto y octavo, as铆 como la adici贸n de art铆culos transitorios.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisi贸n de Puntos Constitucionales, diputado Julio C茅sar Moreno Rivera (PRD), expres贸 que la corrupci贸n es un fen贸meno complejo y multicausal, por lo que su combate requiere una atenci贸n integral que priorice la prevenci贸n antes que las acciones punitivas. 鈥淣os debemos enfocar principalmente en combatir las causas y no atacar los efectos de la corrupci贸n鈥�, a帽adi贸.

Expres贸 que la corrupci贸n al igual que el c谩ncer se infiltra en las instituciones, se propaga y toma el control de las mismas. 鈥淓l c谩ncer, si se detecta a tiempo, puede ser controlado, incluso eliminado. La corrupci贸n como el c谩ncer, si se detecta y se sanciona a tiempo, no infecta a las instituciones y les devuelve la credibilidad hacia la ciudadan铆a al cumplir las funciones que le fueron conferidas鈥�, indic贸.

Mencion贸 que la sociedad est谩 lastimada, herida y cansada de la impunidad en la que est谩 inmersa: 22 mil desaparecidos, m谩s de 55 mil decesos y 160 mil desplazados de sus lugares de origen desde el a帽o 2007, por razones de violencia. Adem谩s, M茅xico es una de las naciones m谩s peligrosas para ejercer el periodismo, lo que ha puesto al pa铆s en los planos internacionales, como un referente de violencia e impunidad.

La impunidad, detall贸, son las venas de la corrupci贸n y sus niveles est谩n estrechamente ligados a la violencia e impunidad. Refiri贸 que de acuerdo con el 铆ndice de paz global del Instituto para la Econom铆a y la Paz, en 2008 M茅xico se posicionaba en el lugar 88 y para 2014 descendi贸 50 lugares ocupando el 138.

Moreno Rivera puntualiz贸 que la corrupci贸n da como resultado instituciones d茅biles infiltradas por este mal y aquellas encargadas de investigar y sancionar actos de corrupci贸n, son incapaces de cumplir a cabalidad el prop贸sito por el cual fueron creadas, sumando a ello una legislaci贸n laxa y flexible, adem谩s de sistemas y medidas de controles ineficientes e ineficaces.

Sostuvo que con este nuevo sistema de coordinaci贸n, cada instituci贸n tendr谩 sus facultades bien definidas y quien no las cumpla estar谩 expuesto ante su contraparte, pero sobre todo ante los ciudadanos.

鈥淐on esta reforma estableceremos los pilares que sostengan la lucha contra la corrupci贸n, generen confianza y credibilidad en las instituciones y contribuyan a la legalidad, la responsabilidad, para que la integridad de los servidores p煤blicos se convierta en los fundamentos del Estado, la administraci贸n y las pol铆ticas p煤blicas del siglo XXI鈥�, a帽adi贸.

Posicionamientos

Al manifestar el posicionamiento del PRI, el diputado H茅ctor Guti茅rrez De la Garza hizo un llamado al Senado de la Rep煤blica para dar celeridad a la ratificaci贸n de esta enmienda constitucional -que incluye 25 propuestas de la sociedad civil- y a no detenerla como ha ocurrido con otras 10 que ha enviado la C谩mara de Diputados.

Por otro lado, sostuvo que la misma es un gran triunfo de aquellos que dejaron a un lado los intereses de grupo y pusieron voluntad pol铆tica para encontrar coincidencias; empero, subray贸 que a煤n no se pueden echar las campanas al aire, ya que este es s贸lo el primer paso para combatir efectivamente la corrupci贸n en M茅xico.

La diputada Elizabeth Oswelia Y谩帽ez Robles, en representaci贸n de Acci贸n Nacional, record贸 que seg煤n datos del Banco Mundial a nuestro pa铆s le cuesta 1.5 billones de pesos al a帽o el fen贸meno de la corrupci贸n. Por ello, consider贸 que con esta reforma 鈥渘o existir谩n m谩s nombramientos a modo, propiedades de origen desconocido, ni despilfarros de l铆deres de las organizaciones sociales鈥�.

鈥淏asta ya de obtener privilegios, beneficios y prebendas que no sean legales o legitimas. Basta de obtener provecho de un presupuesto federal que le pertenece al pueblo鈥�, expres贸. 鈥淐on esta reforma todos los actores de la corrupci贸n ser谩n identificados, procesados y sancionados鈥�, agreg贸.

Amalia Garc铆a Medina, diputada del PRD, lament贸 que en estas modificaciones constitucionales no haya quedado el Presidente de la Rep煤blica como objeto de juicio en caso de corrupci贸n. A nivel internacional, explic贸, ha habido casos donde mandatarios fueron juzgados por actos indebidos 鈥測 las instituciones y sus pa铆ses han continuado sin problemas鈥�.

Este 鈥渋mportante planteamiento ha encontrado resistencias y obst谩culos鈥�, enfatiz贸, por lo que consider贸 que a煤n existe un largo trecho por recorrer en el tema de combate a la corrupci贸n, aunque, aclar贸, 鈥渓a reforma hoy discutida es muy importante鈥�.

Por el PVEM, la diputada Ruth Zavaleta Salgado explic贸 que el dictamen advierte puntos clave para el combate a la corrupci贸n, constituye un sistema nacional capaz de coordinar acciones preventivas a nivel estatal, nacional y municipal, y obliga a que las entidades federativas cuenten con sistemas hom贸logos.

Tambi茅n, agreg贸, se definen claramente las sanciones que se impondr谩n a servidores p煤blicos y particulares que se han enriquecido il铆citamente con la corrupci贸n. Asimismo, a los particulares que intervengan en actos de corrupci贸n con sanciones econ贸micas, inhabilitaci贸n para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras p煤blicas, as铆 como resarcir el da帽o y perjuicio ocasionado a la hacienda p煤blica o a los entes p煤blicos federales.

El diputado Ricardo Mej铆a Berdeja (MC) afirm贸 que con el dictamen 鈥渟e deja intocada la m茅dula de la corrupci贸n en el pa铆s que es la Presidencia de la Rep煤blica鈥�. Todos pueden ser fiscalizados, 鈥渕enos el Presidente de la Rep煤blica鈥�.

Por otro lado, a帽adi贸, el Sistema Nacional Anticorrupci贸n es 鈥渄e simulaci贸n, ya que todos los que participan son nombrados directa o indirectamente por el Presidente de la Rep煤blica. Asimismo, es una reforma 鈥渜ue no atiende el aspecto de la prevenci贸n efectiva de las causas de la corrupci贸n y la correcci贸n de los procesos de gesti贸n p煤blica afectados por actos de esta naturaleza鈥�.

Ricardo Cant煤 Garza, diputado del PT, destac贸 que la corrupci贸n 鈥渆s una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democr谩ticos y las pr谩cticas competitivas justas鈥�. Consider贸 que con las reformas, no se logra la autonom铆a que deber铆a tener el 贸rgano encargado del combate a la corrupci贸n.

Agreg贸 que la 煤nica forma para dotar de autonom铆a a dicho 贸rgano, es que su titular sea electo por el pueblo, 鈥渃on el voto directo y universal del pueblo de M茅xico鈥� y no designado por el Presidente de la Rep煤blica y ratificado por el Senado. Por ello, se pronunci贸 en contra del dictamen.

En tanto, el diputado Luis Antonio Gonz谩lez Rold谩n (Nueva Alianza) sostuvo que M茅xico no puede seguir por el camino de la impunidad, con los altos 铆ndices de corrupci贸n en diversos 谩mbitos de la naci贸n. 鈥淗oy se sientan las bases constitucionales de un nuevo modelo, de un sistema que se deber谩 constituir como la base legal que acote de manera significativa un lastre nacional, herencia de nuestro pasado reciente, de generaciones del fracaso que no podemos heredar a las pr贸ximas generaciones鈥�.

Resalt贸 que la corrupci贸n 鈥渆s nuestro mal mayor, nos lacera en lo social, en lo pol铆tico y en lo econ贸mico鈥�. Si bien no existe una menci贸n exacta de sus costos en la econom铆a, se estima que ascienden a 1.5 billones de pesos al a帽o. Por ello, consider贸 que la lucha contra la corrupci贸n debe hacerse de manera integral y desde diferentes flancos: sociedad, gobierno, instituciones, empresarios.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladr贸n de Guevara, de la agrupaci贸n Morena, se帽al贸 que el sistema que se propone con un Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos miembros de la Sala Superior son designados por el Presidente de la Rep煤blica y ratificados por el Senado, 鈥渁cota los equilibrios que existen y que exige la falta de credibilidad y legitimidad de las instancias de gobierno en nuestro pa铆s鈥�.

Enfatiz贸 que el Sistema Nacional Anticorrupci贸n no pasa la prueba de confianza, certeza, imparcialidad, transparencia y m谩xima publicidad. 鈥淓l combate a la corrupci贸n no se hace a trav茅s de discursos o posicionamientos que incurren en la demagogia, en la mentira y la farsa para atraer la opini贸n p煤blica鈥�.

Durante la discusi贸n, en favor del dictamen se manifest贸 el diputado Jos茅 Isidro Moreno 脕rcega (PRI), quien refiri贸 que la corrupci贸n se puede ver en todas partes del mundo y es tema de 谩lgidos debates, por lo que la opini贸n de la sociedad mexicana permitir谩 que la administraci贸n federal pueda trabajar en beneficio de la ciudadan铆a.

La legisladora Zuleyma Huidobro Gonz谩lez (Movimiento Ciudadano), en contra del dictamen, insisti贸 en que esta reforma es 煤nicamente una 鈥渟imulaci贸n鈥� que 鈥渟ervir谩 en estos tiempos electorales鈥�. Por otro lado, afirm贸 que el documento ser谩 detenido en el Senado de la Rep煤blica o en los congresos estatales y no prosperar谩 el combate a la corrupci贸n.

Fernando Rodr铆guez Doval (PAN) se帽al贸 que, con las modificaciones constitucionales, la ASF podr谩 investigar en tiempo real pr谩cticamente la totalidad de los recursos que se ejercen en estados y municipios. 鈥淓stamos aprobando la participaci贸n en este sistema de una Fiscal铆a Anticorrupci贸n completamente independiente del Presidente de la Rep煤blica y del gobierno federal鈥�.

A su vez, el diputado Francisco Alfonso Durazo Monta帽o, de la agrupaci贸n Morena, coment贸 que uno de los problemas fundamentales de las reformas es que se deja en manos del Presidente la Rep煤blica, la postulaci贸n de los candidatos a magistrados.

La diputada de Nueva Alianza, Mar铆a Sanjuana Cerda Franco, indic贸 que el Sistema Nacional Anticorrupci贸n no se limita s贸lo a generar nuevas disposiciones normativas o instancias en la burocracia estatal, sino que su prop贸sito ser谩 evitar la impunidad en los actos de corrupci贸n, a fin de que la sociedad observe que ese tipo de actos tiene consecuencias legales.

Nelly del Carmen Vargas P茅rez (MC) recalc贸 que es tiempo de que la Carta Magna disponga de reformas que delimiten el abuso de poder y que no asuman consecuencias de sus actos y no sean acreedores de sanciones por sus actividades il铆citas. Estim贸 que esto puede ser un buen avance hacia la consolidaci贸n de una democracia plena, 鈥渕谩s no hay que quitar el dedo del rengl贸n ni querer tapar el sol con un dedo鈥�.

Del PRI, el diputado Pedro Ignacio Dom铆nguez Zepeda subray贸 este sistema anticorrupci贸n no s贸lo busca sancionar con todo el peso de la ley a quien defraude la confianza y cometa actos de corrupci贸n, sino que busca prevenir que se cometan actos que laceren la confianza de los ciudadanos y que minen la democracia de nuestro pa铆s.

De la agrupaci贸n Morena, la diputada Luisa Mar铆a Alcalde Luj谩n resalt贸 que el sistema anticorrupci贸n no servir谩 de nada si el Presidente de la Rep煤blica es quien propone la lista de los candidatos a magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por ello, propuso que la batuta de este mecanismo no quede en manos de las c煤pulas partidistas, sino de los ciudadanos.

La diputada Roc铆o Esmeralda Reza Gallegos (PAN) mencion贸 que estas reformas representan un paso importante; sin embargo, consider贸 que faltar谩n otros m谩s 鈥渜ue coloquen de forma seria el sendero para resarcir el camino hacia un M茅xico libre de corrupci贸n鈥�.

En contra del dictamen, el diputado Uriel Flores Aguayo (PRD) sostuvo que con esta reforma de combate a la corrupci贸n 鈥渢odo se pospone y se deja en las manos del gatopardismo鈥� ya que queda pendiente ir al coraz贸n de los problemas y mejorar sustancialmente las condiciones del pa铆s, por lo que 鈥渓a clase pol铆tica sigue debiendo mucho a los mexicanos鈥�.

Por su parte, a favor del dictamen, Antonio Cu茅llar Steffan (PVEM) afirm贸 que no se puede desaparecer y convertir a M茅xico en algo distinto de un d铆a para otro, ya que esta reforma precisa an谩lisis en conjunto con otras enmiendas. Pese a esto, subray贸 que el sistema de combate a la corrupci贸n viene a ser 鈥渦n gran remedio para una gran enfermedad鈥�.

Al tomar la palabra en contra del dictamen, Javier Orihuela Garc铆a (PRD) destac贸 que el Estado se encuentra 鈥渕exicanizado鈥�, lo que implica una alta penetraci贸n de la corrupci贸n e impunidad en todos los niveles de gobierno. Asimismo, asegur贸 que la ciudadan铆a desconf铆a de esta iniciativa, ya que la C谩mara de Diputados 鈥減erdi贸 autoridad moral鈥� al no someterse al escrutinio p煤blico.

En favor del dictamen, Marcos Aguilar Vega (PAN) record贸 que desde 1982 no se hab铆a dado una reforma de gran calado en materia de combate a la corrupci贸n, mientras que las aprobadas entonces eran inconsistentes e incompatibles. Por ello, afirm贸, la ausencia de un dise帽o institucional libre de impunidad afectaba sensiblemente a los mexicanos desde hace 33 a帽os.

El perredista Fernando Belaunzar谩n M茅ndez aclar贸 que aprobar este sistema 鈥渘o quiere decir que ma帽ana se acabe la corrupci贸n鈥�. Precis贸 que este mal es sist茅mico y que dicho instrumento ayudar谩 a enfrentar este problema. Sin embargo, consider贸 que el reto ser谩 que esto no sea te贸rico y no se quede en un buen deseo.

De la misma fracci贸n, la diputada Gloria Bautista Cuevas indic贸 que es necesario fortalecer los controles internos y externos para combatir a la corrupci贸n bajo un esquema legal homog茅neo y de coordinaci贸n en el actuar de las autoridades competentes. Precis贸 que el sistema se sustenta en el fortalecimiento de las autoridades responsables del control interno.

El dictamen que reforma los art铆culos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109 113, 114, 116 y 122 constitucionales, destaca que el Sistema Nacional Anticorrupci贸n contar谩 con un Comit茅 Coordinador, adem谩s de que se crea un esquema jurisdiccional a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar las responsabilidades administrativas graves de los servidores p煤blicos.

Fija que los Magistrados de la Sala Superior ser谩n designados por el Presidente de la Rep煤blica y ratificados por el Senado de la Rep煤blica, mientras que los magistrados de las Salas Regionales ser谩n confirmados por mayor铆a.

Estos tribunales tendr谩n a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administraci贸n p煤blica local y municipal y los particulares, as铆 como imponer las sanciones a los servidores p煤blicos locales y municipales por responsabilidad administrativa y a los particulares que incurran en hechos de corrupci贸n en los t茅rminos que determinen las leyes.

Adem谩s, estar谩n dotados de facultades para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los da帽os y perjuicios que afecten a la Hacienda P煤blica Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes p煤blicos locales o municipales.

Para el caso del Distrito Federal, se prev茅 la existencia de un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonom铆a para dictar sus fallos y establecer su organizaci贸n, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.

Se propone tambi茅n un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores p煤blicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Uno de los aspectos medulares de la presente reforma constitucional, es el fortalecimiento de las facultades de fiscalizaci贸n de la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n, mediante la eliminaci贸n de los principios de anualidad y posterioridad. Se le faculta a realizar auditor铆as sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores, con el objeto de asegurar que no queden impunes.

El documento fija un nuevo esquema para el fincamiento de responsabilidades a los servidores p煤blicos y, en su caso, a los particulares que participen en la comisi贸n de faltas administrativas.

Aprueba que los entes p煤blicos federales, estatales y municipales, as铆 como del Distrito Federal y los 贸rganos pol铆tico-administrativos de sus demarcaciones territoriales, cuenten con 贸rganos internos de control, facultados para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

Contempla un Sistema Profesional de Carrera dentro del marco regulatorio de quienes realicen las funciones de prevenci贸n, control e investigaci贸n de las faltas administrativas, contemplando adem谩s los requisitos que deber谩n observarse para su nombramiento y los mecanismos necesarios y m谩s eficientes para su adecuada profesionalizaci贸n.

Crea un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores p煤blicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, as铆 como de hechos de corrupci贸n en que incurran tanto servidores p煤blicos como particulares.

En materia de responsabilidades de los servidores p煤blicos, considera que estas adquieren una carga agravada, toda vez que ejercen recursos p煤blicos y desempe帽an labores cuyos resultados tienen impactos colectivos, por lo que es necesario distinguir desde el texto constitucional los diferentes tipos de responsabilidades.

Se prev茅 que las responsabilidades administrativas graves ser谩n investigadas y substanciadas por la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n y los 贸rganos internos de control, y su sanci贸n corresponder谩 al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a sus hom贸logos en las entidades federativas. Por otra parte, aqu茅llas que la ley determine como no graves ser谩n investigadas, sustanciadas y resueltas por los 贸rganos internos de control.

Las sanciones administrativas podr谩n consistir en amonestaci贸n, suspensi贸n, destituci贸n e inhabilitaci贸n, as铆 como en castigos econ贸micos, y deber谩n establecerse de acuerdo con los beneficios econ贸micos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los da帽os y perjuicios patrimoniales causados por los hechos y omisiones.

Propone incluir los principios generales de un r茅gimen sancionador espec铆fico que atienda a la participaci贸n de particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves.

En el caso de las personas morales, se establece que ser谩n sancionadas cuando los hechos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas f铆sicas que act煤en a nombre o representaci贸n de la persona moral o en beneficio de ella.

En materia de declaraci贸n patrimonial y conflictos de intereses, el dictamen se帽ala que el objetivo es garantizar, a trav茅s de un enfoque moderno, la integridad en la toma de decisiones gubernamentales, para que no se vean comprometidas por intereses privados.

Agrega que los servidores p煤blicos estar谩n obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaraci贸n patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los t茅rminos que determinen las leyes aplicables. Los servidores p煤blicos que incurran en enriquecimiento il铆cito se les podr谩 seguir el procedimiento civil de extinci贸n de dominio, el cual es independiente de la responsabilidad penal del delito cometido

Asimismo, se ampl铆a a siete a帽os el plazo de prescripci贸n por las faltas administrativas graves. El objetivo que se persigue es para que aquellos servidores p煤blicos que incurrieran en alguna falta administrativa grave, puedan ser investigados y sancionados por una administraci贸n distinta en la que ejerc铆an sus funciones.

Previamente a los posicionamientos, se rechaz贸 una moci贸n suspensiva de la diputada Magdalena N煤帽ez Monreal (PT) quien plante贸 regresar el dictamen a la Comisi贸n de Puntos Constitucionales y se involucre el tema educativo en la estrategia anticorrupci贸n.

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