• Esta valoración debe responder a necesidades actuales y contemplar visión de largo plazo
• También garantizar respeto a comunidades donde se lleven a cabo megaproyectos

04-03-2015.- La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Lourdes López Moreno (PVEM), afirmó que se requiere fortalecer la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y tener un ejercicio más eficiente de estas herramientas para garantizar el cuidado de los recursos naturales.

Durante el “Foro de Discusión sobre el Estado de la Evaluación del Impacto Ambiental�, la legisladora señaló que a partir de la creación de la Ley de Responsabilidad Ambiental esta valoración adquiere un peso importante en la determinación de daños y es una herramienta de los promoventes de proyectos para plasmar y establecer la situación de un lugar y cuál será el impacto que tendrá a partir de una actividad.

“Desde hace mucho tiempo tenemos la EIA, pero necesita ser sujeta a modificaciones en el ánimo de hacerla más útil y contundente, y permita tener un ejercicio más claro relacionado con los efectos en el medio ambiente, puntualizó.

Por su parte, el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, se manifestó por modernizar la EIA para que México vuelva a estar a la vanguardia en política ambiental.

Subrayó que el desarrollo económico debe ser sustentable y sostenible para preservar el patrimonio natural del país, garantizando un íntegro cuidado al medio ambiente, para lo cual la evaluación es una herramienta muy útil.

“Queremos conocer experiencias e ir de la mano con ustedes para diseñar una herramienta que ayude al desarrollo sustentable, con el trabajo del Ejecutivo, del Legislativo, expertos, sociedad civil y academia�, comentó.

Al participar, el Comisionado Nacional de �reas Naturales Protegidas de la Semarnat, Luis Fueyo Mac Donald, señaló que el procedimiento de impacto ambiental debe incluir la suma de otras actividades previas, presentes o proyectadas, que no son consideradas actualmente.

Estimó necesario que la evaluación de una obra o actividad sea integral, incluyendo componentes ambientales, sociales, económicos y culturales. “Legalmente debe considerarse en un proyecto de EIA, no solamente aspectos jurídicos, sino también los elementos técnicos, así como los aspectos sociales, económicos y culturales que no son menores�.

“Quizás por considerarlos temas ausentes, porque la legislación no lo permite, es que muchos proyectos, a pesar de que los autoricemos, posteriormente no se ejecutan, son rechazados por vías legales o la realidad social los impide�, enfatizó.

Estimó que también se debe rescatar la consulta pública como un elemento de validación de un proyecto. “Dándole contenido, escuchando y evaluando las opiniones, es lo que le va dar solidez a largo plazo a la materia de evaluación en impacto ambiental�.

Además, se debe fortalecer la participación de expertos y realizar estudios del impacto sobre lo que las obras o actividades repercuten sobre el patrimonio natural.

El director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís Ortega, dijo que se requiere revisar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, para garantizar el acceso a la información, la justicia y la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales.

Reconoció que la EIA es un instrumento de política ambiental muy relevante, ya que puede prevenir el efecto negativo de una actividad sobre la calidad de vida y salud de las personas, así como al medio y los recursos naturales.

Destacó que hay pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto a la EIA y las violaciones a las garantías de comunidades indígenas, donde se busca llevar a cabo megaproyectos para aprovechar sus recursos naturales.

Explicó que la Sermanat debe hacer cumplir la ley en este renglón y, al mismo tiempo, “puede considerarse como la institución que, aunque no sea su intención, viola derechos humanos porque actúa de manera que no se ajusta al Artículo 1° Constitucional�, lo cual tiene consecuencias sobre el Estado de derecho y la seguridad jurídica de quienes consideren violentados sus derechos humanos por la construcción de megaproyectos.

Resaltó la importancia del foro, porque busca asegurar una EIA eficaz y eficiente, que garantice el respeto a los derechos humanos, el acceso a la información de las de personas y comunidades que eventualmente pueden verse afectadas y su participación en la toma de decisiones ambientales y justicia en este renglón.

El director de Evaluación de los sectores de Energía e Industria de la Semarnat, Alberto Villa Aguilar, consideró que el procedimiento de la evaluación debe ser reformado íntegramente en el marco jurídico, para que responda a las necesidades actuales y contemplar una visión de largo plazo.

Precisó que las modificaciones deben contener definiciones de una multiplicidad de conceptos alineados a las leyes; fortalecer los mecanismos y lineamientos claros en la aplicación y ejecución de las garantías financieras para resarcir daños ambientales, a falta de la aplicación de las medidas de mitigación y compensación establecidas.

Además, la armonización y concordancia con otras leyes relacionadas con el tema y actualizar el reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental para que esté acorde a la legislación actual y a las prioridades del país, así como modernizar el proceso técnico-administrativo.

Roberto de la Maza Hernández, director de Política y Gestión Ambiental de Vo. Bo. Asesores Integrales S.C, resaltó que las deficiencias en la EIA provocan daños a los ecosistemas y recursos naturales, en perjuicio del derecho de toda persona a un ambiente sano.

Subrayó que falta certeza tanto para los posibles afectados como para los promoventes. Asimismo, existen violaciones a derechos humanos, conflictos sociales, pérdidas económicas a inversionistas y tensiones entre órdenes de gobierno. Resaltó la importancia de que otras autoridades emitan opiniones dentro del proceso de EIA, definiendo sus alcances.

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