• Plantea que los recursos hidráulicos “no se privatizan”

• Se incorporó una adenda al dictamen; las reservas serán presentadas y discutidas en el Pleno

04-03-2015.- Las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos aprobaron en lo general, con 31 votos, el dictamen que expide la Ley General de Aguas; contempla garantizar una dotación de 50 litros diarios de líquido para cada habitante del país, mantiene los recursos hidráulicos como propiedad de la nación y trata el asunto como de seguridad nacional.

Establece las competencias de los tres órdenes de gobierno para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

De igual forma, manifiesta que los distintos niveles de gobierno deberán implementar proyectos para mejorar la distribución del agua, alcanzar la cobertura universal y asegurar la autosuficiencia y sostenibilidad del sector hídrico.

El dictamen comprende, además, políticas para la protección y conservación del medio ambiente y el mismo recurso, así como aspectos de educación, cultura, ciencia y tecnología del agua, y acciones tendentes a lograr la profesionalización y certificación en ese rubro.

Considera el derecho de acceso a la información en materia de recursos hidráulicos, su infraestructura y servicios relacionados, a través de la creación del Sistema Nacional de Información del Agua.

Asimismo, mantiene las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento del recuso, al señalar las reglas para su otorgamiento, prórroga, transmisión, derechos y obligaciones de los concesionarios, y presenta la regulación del trasvase, definido como la explotación y aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser usadas en una distinta, sin que mantengan una conexión natural.

El diputado Kamel Athie Flores (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, señaló que las reservas del dictamen serán discutidas ante el Pleno de la Cámara.

Refirió que es responsabilidad del Estado garantizar el suministro de agua y subrayó que la Ley General de Aguas define las bases para el uso justo y equitativo de los recursos hidráulicos.

Destacó que con el fin de proteger los recursos se retoman medidas de prevención de contaminación, y a quien así lo haga, precisó, se podrá suspender actividades o clausurar obras de infraestructura temporal o definitivamente, revocar concesiones y sancionar con multas que irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo vigentes en el Distrito Federal.

Agregó que la ley asegura que los recursos hidráulicos “sigan como propiedad de los mexicanos, ya que no se privatizan. El agua no es sólo un tema ecológico, se cruza con aspectos sociales, de salud y libertad. Es el recurso más importante para asegurar el futuro”.

En la primera ronda de la discusión sobre la iniciativa, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación de Morena, manifestó que expedir la Ley General de Aguas se trata de “la privatización del sector”; refirió que “si bien la iniciativa se basa en grandes obras, no se dice que todo ello será mediante el pago de los usuarios”.

Por su parte, la diputada Lourdes Adriana López Moreno (PVEM) dijo que esta norma garantizará el derecho a acceder al vital líquido, sobre todo en zonas donde aún no tienen posibilidades, a través de una infraestructura e inversión que permita su abastecimiento.

El diputado Arturo Cruz Ramírez (PRD) señaló que el dictamen no generará las condiciones para un efectivo acceso al agua y saneamiento; por el contrario, “de implementarse propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad existente entre los distintos usuarios del agua, sin considerar al ciudadano”, apuntó.

En su turno, el diputado Gerardo Peña Avilés (PAN) comentó que la ley resolverá los problemas que hoy tienen los diversos sectores productivos que dependen del uso del agua, por lo que “debemos vigilar su cumplimiento, pues viene a resolver e implementar sistemas de obras de infraestructura mejores”.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López (PRI) precisó que la escasez y la falta de disponibilidad del agua se ha convertido no sólo en un asunto de gobernabilidad, sino de seguridad nacional, por lo que resulta importante que el Estado adopte medidas estratégicas y defina políticas precisas para hacer efectivo este derecho, a fin de que sea suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

En la segunda ronda, la diputada del PVEM, Laura Ximena Martel Cantú, destacó que la ley da continuidad a la reforma constitucional del 2012, la cual consagra el derecho humano al agua, sobre todo cuando hoy en día su calidad y disponibilidad están relacionadas con la paz entre los pueblos; por tanto, dijo, es indispensable contar con un marco legal adecuado que garantice una gestión moderna, profesional y técnica de alto nivel.

En tanto, el diputado Jesús Oviedo Herrera (PAN) detalló que con el fortalecimiento de los bancos de agua que precisa la ley, se generará una mejor administración y sustentabilidad de este recurso; asimismo, continuó, con la eliminación de las cuotas de garantía se fortalecerá el campo.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano (PRI) afirmó que en materia hídrica aún quedan pendientes por concluir, sobre todo cuando el acceso al agua es un derecho fundamental de las personas.

Eso, sostuvo, obliga al Estado a generar los cambios necesarios para garantizar su distribución. En este sentido, “nuestro compromiso es regular la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales y del subsuelo”, enfatizó.

Durante la última ronda, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del PVEM, destacó que este dictamen incorpora el tema del uso de nuevas tecnologías en los sectores agrícola y campesino; sin embargo, informó que presentará reservas referentes al mal uso de ríos y cauces interurbanos, los cuales, dijo, son el principal foco de tiraderos clandestinos.

Por su parte, el diputado del PAN, Sergio Augusto Chan Lugo, consideró que este proceso legislativo aún no concluye, ya que “todavía se puede incidir en el perfeccionamiento del dictamen”. Añadió que cualquier señalamiento que hagan los legisladores será una oportunidad para mejorar la nueva ley.

Los integrantes de ambas comisiones aprobaron una adenda propuesta por el secretario de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Roberto Ruíz Moronatti (PRI), la cual propone ajustar la definición de asequible para hacerla acorde con la observación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Además, plantea simplificar artículos y eliminar duplicidades que ya estaban reguladas, así como cambios menores para mejorar la redacción y dar certeza jurídica a los usuarios pecuarios, entre otros.

“Saldamos una deuda para actualizar el marco normativo de agua en México, para hacerlo más acorde a las nuevas realidades económicas y sociales del país”, enfatizó el legislador Ruíz Moronatti.

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