11-03-2015.- Durante la Jornada Internacional contra la desaparición forzada y el genocidio, con la conferencia: “El Salvador, de la guerra civil a la paz”, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, enfatizó que delitos cometidos en Tlatlaya y Ayotzinapa son un agravio para toda la humanidad; por ello, dijo, se debe buscar que estos actos no se repitan.

Precisó que si bien es cierto que el Código Penal Federal vigente, en su artículo 149 Bis, tipifica al genocidio, y en el artículo 215 al delito de desaparición forzada, “los hechos que ocurrieron en el Estado de México y en Guerrero, nos llevan a los legisladores no solamente a preocuparnos, sino a ocuparnos por definir un marco jurídico específico que contribuya a desalentar el que se repita este tipo de acontecimientos”.

Estimó que existe un problema de carácter estructural en la institución del Ministerio Público, ya que si “cumpliera con la responsabilidad de investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes, hechos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa no se hubieran suscitado y la delincuencia organizada no estaría en los niveles que hoy se viven en nuestro país”.

Destacó que el sistema de procuración de justicia se sustenta en la actuación del Ministerio Público. Los ciudadanos, continuó, no pueden acudir ante un juez directamente, por lo que su demanda va a depender del Ministerio Público para que las presuntas conductas delictivas puedan ser perseguidas de manera oficiosa por querella de la parte ofendida.

Por ello, dijo, impulsa una propuesta para modificar el artículo 21 de la Constitución Política, de manera que la investigación de los delitos deje de corresponder al Ministerio Público. “Que se cree una institución que permita llevar la justicia y que no permanezca la impunidad en nuestro país”, propuso.

Los legisladores, continuó, “habremos de contribuir para que el marco jurídico del país permita no sólo denunciar y dar seguimiento a los actos delictivos y crímenes como es la desaparición forzada y el genocidio, sino que México no vuelva a ser protagonista de la impunidad como lo es ahora”, puntualizó.

Por su parte, el diputado Javier Gutiérrez Reyes (PT) consideró que las experiencias de otras naciones deben servir para dar la lucha “por un México mejor, sin violencia e inseguridad y con mejores empleos”.

Comentó que El Salvador es un país que le apuesta a la educación desde que el niño nace hasta la universidad y se “han hecho investigaciones muy serias y esto les va a dar un nuevo país, porque están creando a un nuevo hombre”.

Enrique González Ruíz, ex presidente de la Comisión de la verdad para Guerrero, destacó la importancia de analizar los temas de la desaparición forzada y el genocidio, así como conocer la experiencia en otras latitudes sobre cómo han evolucionado después de que se presentan estos hechos.

Lamentablemente, enfatizó, esos ilícitos siguen vigentes en nuestro país ahora por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. Por ello, conocer lo que sucedió en otras partes del mundo es importante para el análisis.

Comentó que El Salvador vivió una dictadura militar, el ejército gobernó mediante el terror y estableció su hegemonía mediante la represión. “El pueblo salvadoreño respondió formando sus organizaciones, como el Partido Comunista”.

Subrayó que los hechos históricos que dan cuenta y refieren al fenómeno de desapariciones forzadas y genocidio en esa nación, son la matanza del río Sumpul, donde murieron más de 600 personas y la matanza del Mozote donde se calcula que fueron asesinadas alrededor de mil personas. “Fueron auténticos genocidios cometidos por las fuerzas armadas salvadoreñas”, indicó.

La diputada salvadoreña Blanca Flor Bonilla Bonilla indicó que en su país duró 60 años la dictadura militar y en una semana se asesinaron a 30 mil indígenas. “Este asesinato colectivo nunca fue castigado por una ley, porque los acusaron de comunistas a todos”.

Mencionó que la guerra civil duró de 1981 a 1992 y el conflicto armado concluyó, luego de un proceso de diálogo entre las partes beligerantes, con la firma de un acuerdo de paz.

Sin embargo, dijo, del tránsito de la guerra a la paz se tienen varios déficits y uno de ellos es la impunidad, “ya que no hay ninguna persona fincada por delito de lesa humanidad, por masacre, por nada de eso y esto sienta el precedente para que el sistema de justicia sea el peor que se tiene”.

“Estamos en ruta de una mejor calidad de vida. Tenemos 23 años de haber firmado los acuerdos de paz, pero nos falta mucho por hacer. Apenas vamos empezando y necesitamos mucha más educación para nuestra población, empoderar su dignidad y que las leyes funcionen castigando al que viola el derecho humano de una persona”, puntualizó.

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