• Al Valle de San Quintín, Baja California, llegan más de 20 mil cada año

25-03-2015.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que exhorta al gobierno del estado de Baja California, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar, atender y resolver los conflictos en la zona sur, del municipio de Ensenada, derivados de las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.

El documento pide que se incrementen las medidas de control y de supervisión de las condiciones laborales y servicios bajo las cuales viven y son contratados los jornaleros, a fin de que se les brinden condiciones dignas de trabajo, salud, educación y vivienda.

El acuerdo también solicita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur que se investiguen y, en su caso, se sancione a los responsables de la violación de los derechos humanos de los 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación en el municipio de Comondú por parte de la empresa El Cerezo, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

De igual manera exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en el ámbito de sus competencias, revisen e incrementen las medidas de control y supervisión de las condiciones laborales bajo las cuales viven y son contratados los jornaleros agrícolas a nivel nacional.

Durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) manifestó que lo ocurrido a las víctimas de explotación laboral en Chihuahua y en Baja California, es el reflejo de la falta de condiciones laborales, por lo que hizo un llamado a la acción para que se revisen las zonas agrícolas del país.

“Necesitamos que la Secretaría del Trabajo haga lo que debe hacer, garantizar los derechos de todos los mexicanos aunque estos tarahumaras, rarámuris e indígenas de otros estados, los cuales son explotados y que viven en grandes bodegones y en ocasiones hasta en la intemperie�.

Por su parte, el diputado José Arturo López Candido, de la agrupación Morena, sostuvo que los jornaleros agrícolas se encuentran en una situación de vulnerabilidad en la que no se respetan sus derechos laborales, además de que en el caso de las mujeres estas son víctimas de agresiones sexuales por parte de los mayordomos y de los patrones en las haciendas.

Condenó las omisiones de las comisiones de Derechos Humanos y las autoridades laborales y pidió la liberación de los detenidos por los disturbios en San Quintín, Baja California; solicitó a la STPS realice las averiguaciones sobre bajo qué condiciones laboran estos jornaleros, así como a la CNDH abra un expediente por la violación a sus derechos.

La diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) sostuvo que los trabajadores víctimas de explotación laboral en Baja California denotan una enorme falta de protección de las condiciones laborales.

Aclaró que la situación de los jornaleros de San Quintín no es exclusiva del estado de Baja California, ya que más de seis millones de mexicanos son ocupados como trabajadores agrícolas, quienes raramente son registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por su parte, el diputado Dannner González Rodríguez (Movimiento Ciudadano) aseguró que el asunto de los jornaleros del Valle de San Quintín es solo la punta del iceberg, pues no se puede pasar por alto a los 48 jornaleros agrícolas mixtecos que fueron rescatados en Colima, a los 200 jornaleros de la sierra tarahumara y los más de 700 trabajadores jaliscienses.

Puntualizó que este asunto tiene dos problemas de fondo: la dignificación del salario y la adecuada planeación del Estado sobre la producción agrícola basada en la justicia social.

El diputado Rubén Acosta Montoya (PVEM) hizo un llamado a las autoridades correspondientes a vigilar que los jornaleros agrícolas tengan las condiciones óptimas de trabajo y descanso adecuado, así como las favorables para su salud y alimentación.

“Se calcula que sólo en San Quintín, Baja California, llegan más de 20 mil jornaleros indígenas por año, lo cual obliga a atender la situación de manera urgente�, sin embargo; afirmó que el problema debe ser atacado de raíz, es decir, se realicen modificaciones estructurales del medio rural, ya que en la actualidad carece de infraestructura y de apoyos para su desarrollo.

En su turno, el diputado Abraham Correa Acevedo (PRD) sostuvo que la situación de San Quintín es mucho más compleja y solicitó revisar si no existe conflicto de interés, ya que algunos trabajadores señalan que sus empleadores son los encargados de diseñar y de establecer las políticas en materia de respeto a los derechos laborales.

Añadió que lo ocurrido debiera sentar un precedente de que este tipo de situaciones no se presente más en nuestro país y que no vengamos aquí a denunciar, a señalar lo que ocurre si no ponemos cartas en el asunto, dijo el legislador.

En tanto, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PAN) resaltó que existen dos causas esenciales de este fenómeno. La primera son las condiciones de alta y muy alta marginación en las que sobreviven prácticamente 7 de cada 10 indígenas, y la segunda, es la existencia de un mercado laboral desreglamentado, que demanda esta fuerza de trabajo barata y carente de conocimientos sobre sus derechos laborales más elementales.

Añadió que existe un vació aún mayor aprovechado por estas redes de tráfico de personas, consistente en la falta de una acción institucional seria, ordenada, estructurada, responsable e integral, que salvaguarde los derechos laborales y las garantías sociales de los jornaleros indígenas migrantes. “Ya basta de ocupar a los indígenas como botín político. Ya basta de ocupar a los indígenas bloqueando Reforma. Ya basta de ocupar a los indígenas para sus intereses personales. Basta de tanta impunidad�.

Por el PRI, el diputado Ricardo Medina Fierro señaló que en el caso de San Quintín, las acciones para atender la demanda de los jornaleros y restaurar las condiciones de la paz social, “requieren prioridad en el más alto nivel de gobierno, pues la situación ya rebasa a los funcionarios estatales de Baja California�.

Se pronunció por llegar a fondo de la investigación en el caso de las empresas o personas que abusan de jornaleros y delitos de trato y esclavizan a los trabajadores indígenas y en contra de los responsables de actos vandálicos.

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