26-03-2015.- En reunión con la Comisión de Investigación de los Contratos Celebrados por Petróleos Mexicanos, sus Empresas Subsidiarias y Filiales de 2006 a la Fecha, el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Héctor Orozco Fernández, indicó que no hay activos suficientes para hacer frente a las obligaciones de Oceanografía, ya que debe 14 mil 394 millones de pesos.

El presidente de esta instancia legislativa, diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD), pidió al funcionario exponer “todo aquello de lo que no se ha hablado, es decir, la corrupción en el asunto de Oceanografía”.

Comentó que la Procuraduría General de la República (PGR) declaró que los culpables en este caso ya se encuentran tras las rejas; sin embargo, continuó, en los últimos trece años se aprobaron al menos 111 contratos con Pemex.

Informó que la Secretaría de Hacienda, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, ya realizó en su totalidad la investigación sobre los vínculos de Oceanografía con otras empresas, las cuales, se presumió, estaban en complicidad para realizar actividades delictivas, por lo que “requerimos que explique todo aquello que se ha creado con tanta suspicacia alrededor de la administración del SAE en Oceanografía.

Cuestionó si existe una evaluación de los activos de Oceanografía, cuál es la política de salarios establecida, cuál es la razón por que se designó a Luis Maza Urueta como administrador general de la empresa con un sueldo de 619 mil pesos mensuales cuando ésta, dijo, está declarada en quiebra, más aún cuando muchos de los trabajadores no han recibido su finiquito.

“Queremos saber qué acciones se han llevado a cabo; qué elementos brindó el SAE a la Procuraduría General de la República (PGR) para que el entonces titular sustentara la operación del caso Oceanografía con el despido de 11 mil trabajadores”, subrayó.

Cómo será posible conservar la empresa, preguntó, si se planteó una quita del 99 por ciento sobre el pasivo de aproximadamente mil 300 millones de dólares y el restante, 1 por ciento, se manejará como deuda a largo plazo; qué pasará con la plantilla laboral una vez que la empresa sea liquidada.

En su intervención, el director del SAE indicó que actuar de inmediato evitó la continuidad de la explotación petrolera; el deterioro financiero, no sólo para mantener la empresa en operación, sino impedir el impacto de otras empresas que dependían del desarrollo y la continuidad de Oceanografía y, el más importante, evitar que los trabajadores no recibieran sueldo ni seguridad social.

La empresa, precisó, estaba en situación de insolvencia, de iliquidez y de incumplimiento generalizado de obligaciones; estaba inhabilitada, ya que el 95 por ciento de sus ingresos provenían de los contratos con Pemex, por lo que el futuro de la empresa está comprometido. Aunado a ello, un número de acreedores inciertos reclamaban cantidades que no podían comprobarse, y se le debía 3 meses de sueldo a los trabajadores, por lo que fue importante actuar con oportunidad.

Mencionó que la empresa, en su momento, llegó a tener 11 mil trabajadores, en cuanto se aseguró tuvo 7 mil y actualmente cuenta con mil 500 trabajadores. El hecho de que sigan laborando, continuó, no significa, ni avala su participación o no en diversos actos; simplemente, el criterio que utiliza el SAE para mantener la plantilla es justamente la continuidad de la empresa y acotar el daño a terceros.

Enfatizó que la intervención del SAE se da porque Oceanografía está asegurada, porque hay un mandato ministerial y porque así lo faculta la ley. La intervención instruida por el ministerio público, comentó, fue oportuna ya que evitó que los acreedores tomaran medidas de cobro unilaterales, es decir, se puso orden y se evitó un deterioro mayor en prejuicio de terceros, acreedores locales, internacionales y nacionales.

Se regularizó la situación de incumplimiento con los trabajadores, y se acotó el daño que una suspensión abrupta de funciones podría haber generado la explotación petrolera en la zona de Campeche.

Adelantó que los siguientes pasos en el proceso de aseguramiento y el concurso mercantil es que en este último, la etapa de conciliación puede derivar en que, producto de la conciliación con los acreedores, el comerciante y el conciliador tengan un acuerdo que le dé viabilidad a la empresa y le permita seguir operando; de no ser el caso, el juez determinará la quiebra de la misma. “Este es el momento por el que atraviesa el concurso mercantil de Oceanografía”.

Los legisladores diseñaron un camino institucional para conducir a una empresa en esa situación, por medio de un concurso mercantil, independientemente de que estén aseguradas o no, por lo que la ley prevé que las empresas que se encuentran en estas situaciones se conduzcan bajo esta forma, lo que aporta transparencia al proceso.

En cuanto al aseguramiento, comentó, el SAE no tiene ninguna posibilidad de definir la duración de su administración, ya que en cualquier momento el Ministerio Público o el juez podrán determinar el levantamiento del mismo; por tanto, terminaría la participación de este servicio, o en su defecto, el decomiso que también cambiaría su mandato.

Sostuvo que la única razón por la que el SAE participa en este proceso es porque existe un procedimiento penal que derivó en el aseguramiento de la empresa y que, por tanto, hubo un mandato del ministerio público para que el SAE interviniera en su administración hasta que la propia autoridad, ministerial o un juez, determinen lo contrario.

Mencionó que antes de que el SAE interviniera algunos acreedores estaban tomando medidas unilaterales para recuperar sus créditos, ya que existían barcos que estaban saliendo de las aguas nacionales porque los acreedores trataban de recuperar sus garantías, por lo que era necesario tomar medidas que aseguraran las embarcaciones en aguas nacionales.

En la primera ronda de preguntas, el diputado José Enrique Doger Guerrero (PRI) cuestionó por qué el SAE intervino en el caso de Oceanografía y cuál es su participación; en qué condiciones recibió el SAE la empresa; qué acciones tomó para evitar mayores conflictos con los trabajadores y cuántos contratos vigentes tiene Oceanografía con Pemex.

Por su parte, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) pidió al titular del SAE ampliar la información respecto a la participación de la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer los delitos vinculados con Pemex; cuáles son las empresas implicadas en ese caso; a cuánto ascienden los montos reales del fraude, y si hay elementos para quienes generaron esos hechos, enfrenten una responsabilidad penal.

En su turno, el diputado Agustín Barrios Gómez Segués (PRD) preguntó el monto de IVA que tiene a favor la empresa Oceanografía; cómo se está manejando la información ya que los datos a la que tiene acceso el SAE es “privilegiada”.

A su vez, el diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) cuestionó a cuánto ascienden los pasivos de la empresa y si la eventual venta alcanzaría para cubrir todas sus obligaciones; preguntó si ya están reconocidos los acreedores, que fueron empresarios también afectados; y cuál es el importe reconocido de los adeudos y cómo se equilibra con los números iniciales.

En respuesta a los cuestionamientos de los diputados, el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Héctor Orozco Fernández, refirió que la intervención del organismo que dirige se realizó hasta que así lo solicitó la PGR.

“Ese proceso durará hasta levantar el aseguramiento o, en su defecto, un juez determine el decomiso de la empresa. En ese momento se tomará alguna definición: o el SAE devuelve la empresa o recibe un nuevo mandato para venderla o la cierra”, explicó.

Destacó que al iniciar la intervención del SAE, Oceanografía tenía una deuda con 11 mil trabajadores; sin embargo, hoy están cubiertas todas esas obligaciones de pago. Indicó que actualmente sólo cerca de mil 500 trabajadores laboran en la empresa y las medidas cautelares promovidas por el juez dieron paso a una entrada de flujos que permitió iniciar un proceso de indemnización voluntaria.

Asimismo, comentó que la determinación de la propiedad y del monto que pudiera reclamar Oceanografía, son temas que están en proceso de definición, y ello es parte del proceso de concurso mercantil.

De igual forma, consideró que “tendrá que haber un plan que genere ingresos suficientes para cubrir dos cosas: los adeudos pasados y la operación futura de la empresa. Se requerirá una habilidad extraordinaria para quien acepte el reto de hacerse cargo de esa empresa”.

“No hay activos suficientes para hacer frente a las obligaciones de la empresa; Oceanografía debe miles de millones de pesos, “14 mil reconocidos y contando”, precisó.

Respecto a los adeudos, puntualizó que ya se tiene información definitiva de los acreedores, el monto, sus garantías, su prelación y quiénes son; sin embargo, sostuvo, en la mayoría de los casos los bancos que utilizó Oceanografía estaban bajo esquemas de financiamiento o arrendamiento, de tal forma que debe terminar el proceso de definición para que la empresa pueda hacer frente a sus obligaciones con las propiedades y montos que la misma pueda reclamar.

En la segunda ronda, el diputado del PRI, José Daniel Ochoa Casillas, solicitó saber si Oceanografía ha participado en nuevas licitaciones con Pemex; porqué se llevó a cabo un concurso mercantil y cuántos acreedores fueron reconocidos en la etapa de conciliación, así como saber cuál es el aporte de adeudos reconocidos.

El diputado Genaro Carreño Muro (PAN) preguntó si sería posible prevenir que existan “más oceanografías” que no sólo afectan el patrimonio de la nación, sino que dañan la situación laboral, la productividad, la eficiencia y la derrama económica que hoy requiere el país. “Esperamos que realmente se hagan prevenciones de otra naturaleza no cuando ya está el problema, donde existe deficiencia, actos de corrupción, falta de trabajo y productividad”, abundó.

En el turno del PRD, el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro manifestó que no hay duda de que el camino legal era el adecuado; sin embargo, los cuestionamientos van respecto a la vía que se tomó. Preguntó sobre quién autorizó la venta del equipo de fútbol del Querétaro y bajo qué criterios; quién autoriza el sueldo para Luis Alfonso Maza Urueta y si cobra o no más de 600 mil pesos, cuando el presupuesto de Egresos estipula un sueldo máximo de 179 mil 930 pesos para un director general.

Solicitó además saber cuántos trabajadores tiene hasta la fecha Oceanografía, y si es cierto que se ha pagado desde la intervención del SAE más de 7 mil millones de pesos y 200 millones de dólares (mdd) a Banamex; de ser así, cuestionó, ¿dónde quedan situados los 500 mdd si ya se ha solventado esta cantidad?

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) cuestionó sobre el futuro, a corto y mediano plazo de la empresa y de sus trabajadores, y saber si es propensa a cumplir contratos con Pemex, es decir, precisó, si cumple con la normatividad fiscal, laboral, financiera y ambiental que le permita seguir participando y continuar activa.

En respuesta, Orozco Fernández señaló que las condiciones financieras y fiscales en las que se encuentra Oceanografía no le permiten reunir los requisitos que Pemex le exige a sus proveedores. En ese sentido, dijo, para la empresa es muy difícil participar en procesos de licitación, por lo que a la fecha no se ha celebrado ningún contrato con Pemex.

Respecto al aporte de los adeudos reconocidos, destacó que este es de 14 mil 394 millones de pesos; actualmente existen 204 acreedores con 245 créditos. Se comprometió a entregar a los legisladores una lista de acreedores con los montos y el total de adeudos.

Mencionó que los activos con los que la empresa podrá hacer frente a estas obligaciones están en proceso de configuración en el concurso mercantil en coordinación con los acreedores, el representante en dicho concurso, el conciliador y el propio juez.

En respuesta al diputado Carreño Muro, del PAN, resaltó, “el reto de administrar la empresa es complejo, pero se puede producir aprendizaje, sobre todo, porque genera evidencia para que Ejecutivo y Legislativo trabajen en el diseño de políticas públicas y leyes que permitan prevenir y acotar casos similares futuros.

Respecto al tema de los “Gallos Blancos” del Querétaro, apuntó, las empresas administradas por el SAE no son dirigidas por el Estado, son empresas privadas que temporalmente administra este órgano porque así lo dispone el Ministerio Público.

Negó que el director general de la empresa perciba 600 mil pesos, pues su sueldo, destacó, es de alrededor de 400 mil, cantidad proporcional a la que ganan los funcionarios de Oceanografía. “Es un salario que obedece a las necesidades del SAE de tener un director que cumpla con las complicaciones y tenga las facultades de administrar una empresa como ésta”, acotó.

En torno a la situación de los trabajadores, el titular del SAE informó que se les garantizó seguridad social, además de que en mesas coordinadas con la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), el IMSS y el Infonavit, se atendieron múltiples quejas del personal contra la empresa.

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