18-11-2015.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 338 votos a favor, 22 en contra y una abstención, el dictamen que reforma la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para transferir el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), adscrito actualmente a la Secretaría de Economía (SE).

En la discusión en lo particular, se aprobaron modificaciones al dictamen en los artículos 32 y 34 de la Ley de la Administración Pública Federal y en el Segundo transitorio, además de que se adicionó un transitorio Sexto.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Javier Guerrero García (PRI), presidente de la Comisión de Desarrollo Social, resaltó que con la transferencia del INAES a la Sedesol, se podrán adecuar las acciones de este instituto a un mayor enfoque social.

Asimismo, agregó, se pretende orientar de forma adecuada las acciones del INAES, alineándolas a las directrices y políticas de carácter social de la Administración Pública Federal, en el marco de la Ley que lo crea y de la Ley General de Desarrollo Social.

Recordó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se consideró la transferencia del Programa de Fomento a la Economía Social, así como su fusión con el Programa Opciones Productivas, para promover que las personas en situación de pobreza cuenten con acceso a alternativas productivas que generen empleos y les permita alcanzar un nivel de vida digno.

La Secretaría de Desarrollo Social, mediante la fusión de los programas citados, incrementará el apoyo a los proyectos productivos sustentables, económica y ambientalmente, mediante la entrega de recursos capitalizables para la adquisición de activos, inversión diferida y capital de trabajo, así como apoyos no capitalizables para la prestación de servicios de asistencia técnica y capacitación técnico productiva, precisó.

Explicó que la reforma prevé la entrega de apoyos integrales para proyectos capitalizables a fin de ampliar la capacidad productiva de personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar, integradas en grupos sociales u organizaciones que cuenten con iniciativas productivas y que habiten en las zonas de atención prioritaria rurales, en los ayuntamientos catalogados como predominantemente indígenas y en las localidades de alta y muy alta marginación, con una población de hasta 14 mil 999 habitantes, ubicadas en municipios de marginación media, baja y muy baja.

“Esta reforma coadyuvará a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza extrema, de vulnerabilidad, rezago y marginación, en congruencia con la Política Social de Nueva Generación que está enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos”, concluyó el legislador.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada Edith Anabel Alvarado Varela (PRI) comentó que al pasar el INAES a Sedesol, se cierra la puerta a la discrecionalidad y se asegura una mayor profesionalización del instituto en su funcionamiento.

Con esta medida, indicó, se responde a la inquietud constante de las organizaciones que forman parte del sector social, respecto a generar las condiciones que les permitan trabajar en el cumplimiento de sus objetivos; asimismo, agregó, se envía un mensaje claro de la vocación social de la presente legislatura.

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del PAN, coincidió en que la reforma fortalecerá el enfoque productivo en el combate a la pobreza, sin que ello implique restringir el apoyo y fomento que se establece legalmente para el sector social de la economía.

“No queremos que se diluya el fomento y apoyo al sector social de la economía, sino, por el contrario, que se garantice su consolidación como un pilar del desarrollo económico del país; queremos que el INAES efectivamente realice la promoción, visibilización, desarrollo y cooperación regional e intersectorial de las empresas de la economía social”.

Por el PRD, la diputada María Elida Castelán Mondragón consideró al dictamen necesario y pertinente para enmarcar al INAES dentro de la política y perspectiva social. “No queremos pensar que éste solamente será un cambio burocrático o de papeleo. Tenemos confianza en que la mencionada transferencia garantizará mejores programas sociales en todos sus procesos, tanto en la planeación y programación como en la aplicación y evaluación”.

Desde el legislativo, dijo, se debe asegurar que la política social llegue a donde tenga que llegar y que los beneficiarios sean realmente las personas que necesitan los apoyos, “y se generen opciones totalmente productivas que se traduzcan en oportunidades plenas de desarrollo en las personas, en los pueblos, en las comunidades y en nuestra nación”.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes (PVEM) consideró que los programas sociales son indispensables, sobre todo para el que lo ha perdido todo. “Solo el que ha pasado hambre, el que ha pasado frío, entiende lo que esto significa”. Sin embargo, aclaró que “no es responsable pensar que la única manera de ayudar a la gente es con una limosna que nazca de las arcas del gobierno”.

Propuso cambiar a una visión progresista y de desarrollo, con programas sociales que fomenten la productividad y el desarrollo económico, detonando las potencialidades individuales y la vocación productiva de las distintas regiones del país. “Estos programas deben convertirse en un pilar de Sedesol con toda la fortaleza presupuestal y el respaldo de esta soberanía”.

Por su parte, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín (Morena) estimó que la política social no debe reducirse a un área administrativa y su visión implica una valoración de los aspectos positivos, a diferencia de los conceptos que destacan la parte negativa o de rezago como la pobreza, marginación, exclusión o desigualdad.

Insistió en mantener una visión económica en el INAES, para tratar de fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante la política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como el impulso a los emprendedores y las empresas de los sectores social y privado.

El diputado Carlos Lomelí Bolaños (Movimiento Ciudadano) dijo que con la reforma se pretende que la misión del Instituto contribuya a que las acciones de políticas públicas y lineamientos de Sedesol encuadren de mejor manera en la armonización del sector económico y social, para que los programas que se implementen no recorran caminos opuestos, sino complementarios.

Se pronunció a favor del dictamen, al considerar que puede repercutir en una visión de la economía que no esté desvinculada del ámbito social. Sin embargo, dijo, es necesario cuidar que este cambio no se utilice con tintes electorales de cara a los 14 procesos locales del próximo año, que es la antesala del 2018, en beneficio de intereses partidistas y de grupo.

En su turno, el diputado Ángel García Yáñez (Nueva Alianza) sostuvo que el combate a la pobreza debe tener un enfoque productivo y no asistencialista, ya que sólo así se superará la brecha de desigualdad entre los mexicanos. La incorporación del INAES a la Sedesol, robustece el vínculo entre política social y económica, expresó.

Destacó que facultar a la Sedesol, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para formular, conducir y evaluar la política social de desarrollo de este sector de la economía, repercutirá en una mayor integración de la política económica con el desarrollo social.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Encuentro Social) señaló que el INAES debe tener un enfoque de productividad y rentabilidad, así como buscar nuevos mecanismos que fomenten el desarrollo de las capacidades empresariales de los grupos sociales y de la población más desprotegida.

Confió en que la nueva ubicación de este instituto en la Sedesol dote al secretario del ramo de nuevas herramientas para fortalecer la economía social. Asimismo, que la nueva reubicación del INAES tome la proporción y el tamaño político para abatir las grandes necesidades que tienen los mexicanos, sobre todo los más vulnerables, porque solo debe tener un objetivo, que es el “contribuir a disminuir la desigualdad social”.

Durante la discusión, la diputada Araceli Damián González (Morena) expresó su rechazó a la reforma al estimar que se pretende quitar al instituto la atribución de instrumentar la política nacional de fomento y desarrollo social de la economía, limitándolo a ser parte de exclusiva de la política de desarrollo social.

Por el PVEM, la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza consideró necesaria la reforma a fin de promover acciones que permitan apoyar proyectos destinados a fomentar la inserción en la economía activa a sectores marginados con un enfoque social.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez (PRD) se pronunció a favor del dictamen al estimar que plantea un importante cambio para la consolidación de políticas públicas relativas a empresas con carácter de responsabilidad social, que dotan de elementos y herramientas para contribuir en el crecimiento de la economía.

En el mismo sentido, el diputado Alejandro Armenta Mier (PRI) consideró que el propósito de transferir el INAES a la Sedesol es fortalecer los pilares de la economía social. “El objetivo es mejorar el ingreso de los sectores más vulnerables de nuestro país y promover su empoderamiento social”.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (MC) habló a favor de las modificaciones y subrayó que es necesario impulsar la inversión desde el INAES para potencializar el desarrollo económico y transparentar los recursos de los programas sociales. “Que el organismo esté en determinada secretaría no tiene gran impacto, lo importante es que los programas lleguen a las personas que más lo necesitan”, agregó.

El diputado Miguel Ángel Huepa Pérez (PAN) refirió que la transferencia del INAES busca abrir más posibilidades a la población beneficiada por los programas sociales. “Estamos a favor del dictamen, ya que es urgente potencializar la economía social, pero se vigilará que el instituto cumpla los objetivos para los que se creó: ser un motor de inversión”.

Discusión en lo particular

Con 317 votos a favor y 24 en contra, se aprobó en lo particular la reserva propuesta por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz (PRD) para modificar los artículos 32 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Respecto al artículo 32 se establece que corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Social el formular, conducir y evaluar la política de fomento y desarrollo del sector social de la economía, así como fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, cuyo objeto sea la producción industrial, la distribución o el consumo.

La legisladora explicó que se deroga la fracción X del artículo 34 y se traslada al artículo 32 de dicha ley, ya que las mismas describen la naturaleza de las empresas eminentemente sociales.

También se aceptó la modificación planteada por la diputada Angélica Moya Marín (PAN) para establecer en el Segundo Transitorio que el Ejecutivo Federal, a más tardar a los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las modificaciones a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Asimismo, se adicionó un Sexto Transitorio para que en el plazo referido en el transitorio segundo, la Sedesol emita las reglas de operación.

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las políticas públicas de fomento y apoyo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social realizará la evaluación de los programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, y los remitirá a la Cámara de Diputados.

Quedaron en términos del dictamen, las reservas a los artículos 2, 3, 5, 7, 13 y 14, presentadas por el diputado Juan Romero Tenorio y del Segundo Transitorio, por la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar mañana jueves 19 de noviembre, a las 11:00 horas.

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