• Comisión para dar seguimiento al tema se reúne con titular de la Comisión de los Derechos Humanos de esa entidad

• El 26 y 27 de septiembre de 2014, “no se veía una coordinación o el cumplimiento de algún protocolo”, dice Navarrete Magdalena a diputados

• Sostiene que “no hubo acceso” a instalaciones del 27 Batallón de Infantería para investigar; “quien diga lo contrario, miente”

18-11-2015 El titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, dio a conocer en San Lázaro a la Comisión Especial del Caso Ayotizinapa un dato que, afirmó, “generalmente no aparece en las investigaciones” respecto a la desaparición de los 43 normalistas: el bloqueo carretero con un tráiler en la comunidad de Mezcala, que retrasó la llegada de la CDHEG a Iguala el día de los hechos.

En reunión con legisladores para detallar los trabajos que la CDHEG realizó para dar seguimiento al caso, Navarrete Magdaleno detalló que a las 21:40 horas del 26 de septiembre de 2014 se recibió la información de los sucesos en Iguala y para las 22:30, una delegación de ocho o nueve integrantes de la instancia partió de Chilpancingo a la localidad.

“En un trayecto de aproximadamente 34 kilómetros –a las 23:30 horas-, en una comunidad de nombre Mezcala, nos encontramos un tráiler atravesado en la carretera que nos impedía continuar nuestro traslado. El escenario ya parecía difícil, había una señora con heridas de arma de fuego bajando de su auto y otra persona tirada a un costado de la carretera, que finalmente reconocimos como un agente del ministerio público”, narró a los diputados.

Subrayó: “Ahí advertimos que el asunto no era muy común, no era un simple enfrentamiento entre estudiantes y miembros de la policía municipal de Iguala. Ya nos daba la pauta a pensar en algo más fuerte, más serio, y con una participación de la delincuencia organizada por el tipo de bloqueos que nos pusieron”.

Ramón Navarrete agregó que tras un tiempo de espera, fuerzas de seguridad estatal llegaron a retirar el camión pesado de la carretera. En el convoy policiaco, dijo, venía el secretario de Seguridad Pública de la entidad, por lo que los miembros de la CDHEG y el funcionario “prácticamente” llegaron al mismo tiempo a Iguala, alrededor de las 3 horas del 27 de septiembre.

En el encuentro, diputados de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa hicieron varias preguntas acerca de las labores de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero para dar seguimiento a la desaparición de los 43 normalistas, al ser la institución que llegó primero a Iguala y en desplegar personal para dar con el paradero de los estudiantes.

Por Movimiento Ciudadano, los diputados Manuel Sánchez Orozco y Marbella Toledo Ibarra, pidieron conocer si existieron grupos de civiles, policías u otros desconocidos que impidieran las indagatorias de la CDHEG y si hubo omisiones por parte de las fuerzas de seguridad para hacer frente a los hechos. También preguntaron si existe un registro de desaparecidos en Guerrero.

De Movimiento Regeneración Nacional, Roberto Guzmán Jacobo solicitó referir los lugares que la instancia defensora y promotora de derechos humanos visitó para dar con el paradero de los normalistas además de si se tuvo acceso a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería para llevar a cabo investigaciones.

La diputada Cristina Gaytán Hernández, del PRD, pidió a Ramón Navarrete nombrar a las autoridades con las que se estableció contacto inmediatamente a su llegada a Iguala, y si existió contacto con el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

El diputado priista Ramón Víctor Manuel Silva Tejeda pidió al funcionario explicar si existen denuncias de violaciones de derechos humanos en la Normal Rural de Ayotzinapa. Además, cuestionó si notó -cuando llegó al lugar de los hechos- si era total la ausencia del Ejército y de la Policía Federal y por qué presumió que “los jóvenes podrían estar en las instalaciones de las fuerzas militares”, y de qué manera participa la CDHEG para dar seguimiento a la investigación.

Finalmente, la diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de esta Comisión Especial, cuestionó sobre quién tenía ese día el mando de la policía municipal, si existió una omisión de auxilio por parte de elementos de seguridad pública estatal o federal, quién dio la orden a los policías y normalistas de actuar, por qué se confundió a los estudiantes con integrantes de Los Rojos, y qué condujo a la investigación hacia un secuestro y no por delito de desaparición forzada.

“La situación superó a los cuerpos policiacos”

En respuesta a los diputados, el titular de la CDHEG afirmó que los hechos de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron una “situación compleja que superó a los cuerpos policiacos y a sus funcionarios. Habíamos visto hechos parecidos, pero no de esta naturaleza, de tal manera que no se veía una coordinación realmente, o que se estuviera siguiendo algún protocolo”.

Por su parte, y “armados de valor”, los miembros de la CDHEG visitaron los hospitales de la zona para ver a los heridos, y el Semefo local para rastrear a los que habían fallecido. También se registraron los centros de arresto en busca de los estudiantes.

Durante esta tarea, “enfrentamos una situación muy adversa, nos movíamos con mucha dificultad, pues había grupos que dificultaron el trabajo no sólo de la comisión, también del Ministerio Público. Había gente en las calles, pero no policías, no sabíamos dónde estaban ellos, pero no estaban ahí”.

Añadió que la CDHEG no podía saber si estos eran civiles o miembros de la delincuencia organizada; empero, dijo, “el escenario era tan complicado que finalmente encontramos – al siguiente día- patrullas clonadas abandonadas en las instalaciones de la Feria de Iguala”.

Refirió que “en Iguala ya se advertía un escenario adverso, pues se tenían denuncias de abusos de la policía preventiva e incluso reportes de desaparición forzada, los cuales se estaban investigando”.

En días posteriores, continuó, se visitaron varios lugares para dar con el paradero de los normalistas, entre ellos las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, lugar al que, puntualizó, “no se les permitió el acceso”.

“Yo estuve en la puerta de las instalaciones del Batallón, no nos permitieron la entrada, bajo el argumento de que ahí no tenían separos, que ahí no tenían a ningún detenido, por lo que no se nos podía permitir el paso. No hubo ese acceso, quien diga lo contrario, miente”, enfatizó.

En lo que se refiere a quién dio la orden a los estudiantes de conseguir los camiones y botear, dijo que a los alumnos de nuevo ingreso se les asignan tareas difíciles, tanto dentro y fuera de las instalaciones. “Se tiene conocimiento de que a los compañeros se les retiran los celulares cuando los mandan hacer tareas, esto no sale a la luz en las investigaciones porque ellos tienen una conducta de guardar todo lo que sucede en la Normal, de ahí que los desaparecidos sean de primer año”.

Mencionó que en la investigación no se hablaba exactamente de secuestro, porque tiene características específicas y las evidencias llevaron a que era desaparición forzada.

Agregó que “si hay denuncias, la escuela se caracteriza por tratar recio y hacen los trabajos más pesados los alumnos de primer ingreso, pero son quejas entre particulares que no llegan a la competencia de la Comisión”.

En relación a la atención del gobernador de Guerrero para el caso, Ramón Navarrete anotó que “los funcionarios no tenían la seriedad que se requiere en el tema de seguridad. Que un gobernador omita –las recomendaciones y solicitudes de la comisión- es muy emblemático”.

Previo a finalizar el encuentro, el titular de la CDHEG recordó que en Iguala no existe un padrón de desaparecidos dada la complicada situación de violencia que atraviesa, al igual que muchas partes del país y del estado.

“Hoy nos despertamos con la noticia de que un amigo, Antonio Lemus Beltrán –representante jurídico de policías de Acapulco-, lo mataron. Como él, probablemente haya desaparecidos en cualquier parte del estado”, concluyó.

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