26-11-2015.- La Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que preside el diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM), aprobó un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a fin de que no se otorgue autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años.

El dictamen que reforma el párrafo tercero del artículo 117 también establece que se deberá acreditar fehacientemente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente.

Además, se adiciona una fracción IV al artículo 128 para precisar que el Ejecutivo federal podrá decretar como medida de excepción, vedas forestales, cuando éstas tengan como finalidad la regeneración de terrenos incendiados.

Asimismo, se añade una fracción XXII al artículo 163 para establecer que son infracciones a lo establecido en esta ley: realizar en superficies afectadas por incendios, cualquier actividad, uso y/o aprovechamiento, distintos a la restauración, dentro de los 20 años siguientes a aquel en que hayan sufrido un incendio.

Del mismo modo, se adiciona la fracción III al artículo 165 para establecer multas equivalentes de 150 a 30,000 días de salario mínimo, a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones IX, XIX, XXI, XXII del artículo 163 de esta ley, relacionadas con quien realice quemas en terrenos agropecuarios en forma negligente que propicie la propagación del fuego a terrenos forestales vecinos, ya quien se niegue a prevenir o combatir las plagas, enfermedades o incendios forestales, entre otros.

La comisión también avaló dos puntos de acuerdo. Uno es para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), lleven a cabo una minuciosa revisión, y la consecuente revocación, de cualquier autorización para proceder a la explotación de arenas fosfáticas del lecho marino del Golfo de Ulloa, en la costa occidental del estado de Baja California Sur.

El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (PRD) dijo que piden que la Semarnat otorgue a los legisladores todos los argumentos técnicos, legales y explique con detenimiento en qué consiste el proyecto y si tiene impactos ambientales irreversibles.

Otro punto, solicita a la misma dependencia federal, así como a sus órganos desconcentrados, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Profepa, intensificar los esfuerzos de conservación de las seis especies de tortugas marinas en territorio nacional, fortalecer las acciones para evitar el saqueo de nidos durante la presente temporada de arribo, reforzar la participación de las comunidades rurales e indígenas, y de la ciudadanía en general, en la vigilancia y protección de estas especies que arriban a playas de México con fines reproductivos.

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