• Autoridades, expertos y académicos se pronuncian por garantizar el acceso a este recurso como un derecho humano

30-11-15 Con el propósito de conocer las opiniones de expertos, académicos y especialistas sobre la situación de los recursos hídricos del país, la diputada Rocío Nahle García (Morena) inauguró el foro “El Agua: Nuestro Último Recurso”, para contribuir en la elaboración de una nueva Ley General de Aguas que proteja este recurso natural.

Afirmó que éste es un tema prioritario “dadas las reformas que se han venido estructurando en el país, que vienen con tintes privatizadores y de comercialización agresiva. El siguiente recurso que nos alerta, preocupa y ocupa es el recurso hídrico: el agua, porque es un recurso humano”, enfatizó.

Añadió que México es un país privilegiado por contar con abundancia de este recurso natural, por lo que se debe actuar con responsabilidad para su administración y buen uso.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (Morena), secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, indicó que es de suma importancia el conocimiento de este asunto y lo que va a suceder con él en el futuro.

“Debemos tomar este tema como uno de extrema relevancia, porque hablamos del líquido vital que nos permite desarrollar adecuadamente nuestras propias actividades como seres humanos”, expresó.

Afirmó que “la privatización nunca estará incluida en la iniciativa de Ley General de Aguas”, y comentó que la única industria con interés de realizar el mecanismo de infiltrar las aguas subterráneas es la del fracking, la cual utiliza este proceso para inyectar agua contaminada con químicos para romper las piedras donde se encuentra el gas y con ello comercializarlo.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (PRD), secretario de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, reconoció que México carece de una realización efectiva del derecho de acceso al agua y su saneamiento, por lo que es un tema trascendental y de los más importantes que discutirá esta Legislatura.

Refirió que no se trata sólo denunciar y oponerse, sino de proponer, discutir “y establecer una postura desde la izquierda, sobre el modelo de política pública que se requiere para la administración y gestión de la aguas del país”.

Indicó que el foro enriquecerá y consolidará ese modelo y permitirá construir una nueva propuesta, pues “no se debe legislar sin una discusión previa, masiva e informada”. Manifestó interés respecto a la privatización del suministro de agua potable, contaminación por fracking, escasez, desaparición de manantiales y lagos, así como el rezago y falta de acceso de millones.

Dijo que el tema del agua debe ser visto de manera transversal; por ello, continuó, es fundamental analizar los últimos 30 años para tener un diagnóstico claro. Añadió que para tener una ley de aguas integral, se debe tener la participación de la ciudadanía. “Cuando la sociedad intervino, se logró frenar la intención de pasar por parte del gobierno federal, como bola rápida, la ley anterior”.

“El agua nos convoca a todos y los legisladores debemos dar la lucha por los indígenas, campesinos y usuarios de las ciudades grandes y por que se garantice su derecho humano de acceso al vital líquido”.

El subdirector general jurídico de la Comisión Nacional del Agua, Alejandro Medina Mora Nieto, consideró necesario contar con una ley que trasparente los recursos y el actuar de las autoridades, pues el líquido “de acceso fácil no es una realidad y tenemos que ser conscientes del tema”.

Dio que se requiere una ley moderna, de vanguardia, que ayude a asegurar el derecho humano de acceso al agua, que mantenga la esencia del Artículo 27 constitucional; que contemple un régimen concesional diferente, con cuotas naturales de renovación, y genere educación y cultura del agua y corresponsabilidad con los órdenes de gobierno.

Señaló que la legislación vigente, de 1992, se aprobó en circunstancias diferentes a las actuales, pues hoy, de los 653 acuíferos que hay en el país, 105 están sobreexplotados. “Requerimos un nuevo marco normativo que nos ayude a hacerle frente a estos temas”.

Resaltó que se requiere un nuevo régimen de concesiones que privilegie el derecho al agua y contemplar esquemas de reuso, de manejo de aguas residuales, recarga de acuíferos y mecanismos de ahorro, así como dar incentivos económicos y fiscales a quienes entren a estos esquemas y se sancione a los que contaminen; diseñar un método de compensación y remediación del daño ambiental, y fomentar la rendición de cuentas de las autoridades.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sexto Visitador General, Jorge Ulises Carmona Tinoco, informó que en el mundo mueren anualmente un millón 800 mil niños por diarreas y enfermedades provocadas por agua insalubre y condiciones de saneamiento insuficientes, “más que las víctimas por conflictos armados”.

Señaló que el sistema de aguas no se pensó desde el ángulo de los derechos humanos, sino desde las concesiones, y se dejó de lado el aspecto de la dignidad humana.

Dijo que en 2013 había dos mil 287 plantas de tratamiento que brindaron cobertura al 46 por ciento de aguas residuales municipales. “Es decir, más de la mitad del volumen de las aguas negras generadas por asentamientos humanos, se vierten contaminadas a ríos y lagos".

Además, alrededor del 50 por ciento de la población en México está en una situación de estrés hídrico, ya que la disponibilidad del vital líquido es inferior a mil 700 metros cúbicos por habitante al año. Dijo que en 2013, la disponibilidad anual por habitante en el Distrito Federal, fue de 152 metros cúbicos por año, mientras que en la frontera sur fue de 21 mil 906 metros cúbicos.

Indicó que la CNDH seguirá de cerca el proceso legislativo en el ánimo de que estos temas se tomen en cuenta en el desarrollo de tan importante derecho humano, con apego a principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Miguel Ricaño Escobar, director de Enlace Institucional del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) dijo que en el DF hay empadronados dos millones 100 mil usuarios, lo que se traduce en un servicio para 9 millones de habitantes, que de lunes a viernes se incrementa hasta 14 millones de personas. “Es un reto que pocas ciudades pueden enfrentar y en el cual laboran 10 mil trabajadores”, subrayó.

Aseguró que los retos de origen yacen en que ésta es una ciudad edificada sobre un lago, que la hace vulnerable a inundaciones y sequías. “Los manantiales aportan apenas mil litros por segundo, mientras que los pozos dan 13 metros cúbicos por segundo; tenemos una de las tarifas más subsidiadas, pero con más problemas para lograr la dotación de agua”, reconoció el funcionario.

El hidrogeólogo investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Joel Carrillo Rivera, propuso destinar el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a investigación de este rubro, para impulsar el estudio de las aguas subterráneas y reducir el riesgo de otros problemas, pues más del 70 por ciento del agua que se consume en México proviene del subsuelo.

Destacó la necesidad establecer y definir con claridad sobre el tipo de agua que se legislará; de lo contrario, advirtió, continuarán problemas como desaparición de manantiales, escasez, contaminación y hundimientos, entre otros. Llamó la atención sobre otro aspecto: las aguas fronterizas, tanto con otros países como entre estados, pues no se les da apoyo ni interés, y “es una situación que puede llevar a conflictos.

Solicitó instalar mesas de trabajo a fin de que se estudien las bases científicas de las situaciones que guarda el agua subterránea del país, la cual, dijo, debe “quedar fuera de la ecuación de esta ley”; además, analizar las últimas tres décadas de la gestión del agua, donde se incluya la opinión de la Secretaría de Salud.

Juan Carlos Zesati Ibargüengoitia, activista y sacerdote de la Pastoral campesina de la diócesis de Celaya, lamentó que la voz de la comunidad científica “no es escuchada por las autoridades, o es silenciada e ignorada”, cuando se hace análisis de fuentes hídricas contaminadas. “Ni siquiera tienen el acceso a la verdad. ¿De qué sirve acceder a 10 mil litros de agua, si en realidad es veneno?”, cuestionó.

Destacó el caso de la Cuenca Independencia, conocido oficialmente como las Zonas del Alto Río Laja y de Laguna Seca, las cuales, mediante estudios independientes y no oficiales, las poblaciones aledañas denunciaron que estaban contaminadas con fluoruro y arsénico. “La gente no conocía las causas de las muertes en la región hasta que se hicieron estas investigaciones”.

Indicó que, posteriormente, con apoyo de los delegados de las comunidades, se presentaron a las autoridades competentes los resultados de los análisis de los pozos, sin que se hayan logrado avances en el caso. “De eso hace ya dos años y hasta el momento no se ha dado respuesta”.

Del Centro de Investigación Aplicada de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Francisco Javier Conde González, informó que de enero de 2009 a diciembre de 2014, la dependencia recibió 890 quejas calificadas como violatorias del derecho humano al agua –un promedio de 150 al año- provenientes principalmente de las delegaciones Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Tlalpan, generalmente por cobro excesivo e injustificado por el servicio.

También destacan las de demora para la reparación de fugas y mala calidad del líquido, así como las relativas a informar de manera oportuna de la suspensión del servicio. A finales de 2014, se habían formulado 12 recomendaciones, en las que se habían comprobado violaciones al derecho humano de acceso al agua, puntualizó.

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