• Piden incluir participación de la sociedad en toma decisiones para gestión del líquido
• Actual marco normativo es arbitrario y de difícil incidencia: Romero Tenorio
• Alianza Mexicana contra el Fracking urge a prohibir esta técnica; no existe forma segura para llevarla a cabo, afirma

30-11-2015.- Investigadores y expertos afirmaron que sólo el 91 por ciento de la población mexicana cuenta con servicio de agua entubada, de la cual únicamente el 52 por ciento recibe agua todos los días y sólo 14 por ciento durante las 24 horas, por lo que consideraron necesario mejorar la infraestructura hidráulica y generar nuevas fuentes sustentables de abastecimiento del líquido, sin que esto afecte al medio ambiente.

Al realizarse la segunda y tercera mesa del foro “El Agua: Nuestro Último Recurso”, llamaron al gobierno a abrir la participación social dentro de los marcos jurídicos, para que sea la población parte de la solución a los problemas que enfrenta el cuidado y aprovechamiento de este recurso.

El diputado Juan Romero Tenorio (Morena) se pronunció a favor de revisar el actual marco jurídico, ya que “es arbitrario” y de difícil incidencia debido a que el propio sistema cierra las puertas para ello.

“Requerimos que haya nuevas visiones para la sustentabilidad del agua, para lo cual este foro es el primer paso”, indicó.

El director de Puma-Gua y director técnico de la Red de Agua de la UNAM, Fernando González Villareal, precisó: 91 por ciento de personas en el país cuenta con agua entubada en su casa, de las cuales 93 por ciento reporta tener un mal servicio, otorgándole un 6.5 de calificación.

“Sólo 14 por ciento tiene servicio de agua las 24 horas; las personas gastan en agua embotellada, botellones y pipas, 149 pesos al mes, 40 por ciento más de lo que gastan en los sistemas de agua potables municipales”.

“La politización del vital líquido ha hecho inamovibles las tarifas y evitado que las directrices sean elegidas por profesionales en materia hídrica”, subrayó.

Se pronunció por incrementar la capacidad científica y tecnológica para el uso adecuado de este recurso, ya que actualmente en los tres niveles de gobierno “es muy pobre”. Planteó hacer más infraestructura que sí funcione, debido a que de más de dos mil plantas tratadoras de agua en México, sólo funciona el 10 por ciento.

“Hay nuevos retos que deben ser incluidos en el proyecto de Ley General de Aguas Nacionales”, sostuvo.

Oscar Armando Monroy Hermosillo, presidente de la Comisión de Cuenca Ríos Amecameca y La Compañía, explicó que estos causes surten a la zona metropolitana 4 metros cúbicos por segundo al año, perdiéndose 40 por ciento por fugas o mala condición de la red hidráulica.

“Ya no hay agua para destinar a la zona chinampera -se sacrificó la agricultura-; nuestro objetivo es recuperar la producción agrícola y llegar a la cero exportación del líquido”, abundó.

Agregó que como parte de la estrategia buscan retener el agua en las zonas boscosas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, almacenar las precipitaciones pluviales, suprimir las descargas de líquido residual, y aprovechar el agua del lago de Tláhuac, profundizándolo para mayor capacidad y aminorando el hundimiento de la zona por extracción del recurso.

Se pronunció por recuperar los canales de Tláhuac, que quedaron con cascajo de las obras del Metro; sugirió enseñar tecnologías de uso sustentable en las escuelas para ayudar a prevenir su escasez.

El investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Carl Anthony Servín Jungdorf, exigió que en la ley se contemple la posibilidad de que la sociedad participe y sea parte de la solución de los problemas de este recurso.

Sin importar que se aumente el precio de la tarifa del agua para bajar su dispendio, la gente no la dejaría de consumir ya que busca contar con la suficiente para satisfacer sus necesidades.

Lamentó la falta de sanciones y el cumplimiento cabal de la ley en caso de la contaminación de ríos, lagos y lagunas. “Somos el país del no pasa nada, no hay amonestaciones claras aunque se mencionan en todas las normas”.

Rafael Huizar Álvarez, hidrogeólogo investigador del Instituto de Geología de la UNAM, subrayó que hay deficiencias en los datos usados para llevar la gestión del agua, por lo que deben analizarse para responder a las necesidades humanas, del ambiente y de la agricultura.

“La mitad de las sustancias normadas y vertidas en las aguas no se analiza porque no hay laboratorios suficientes; aquellas con metales pesados no las conocemos por esta razón; pueden provocar enfermedades que se manifestarán con los años”.

Sugirió establecer una unidad de gestión o medición a base de estudios geológicos y no por los parámetros actualmente usados.

Claudia Campero, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, advirtió que, contrario a lo que grandes empresas han argumentado, no existe una forma segura de llevar a cabo este método que consiste en la fracturación hidráulica del subsuelo para extraer gas o petróleo. Urgió a prohibir su práctica ya que, además de los daños ambientales que implica, contradice el derecho humano al agua que estipula nuestra Carta Magna.

De este punto, señaló que el fracking requiere entre nueve y 29 millones de litros de agua, o incluso más, para obtener energéticos. En los Estados Unidos, por ejemplo, los nueve mil 100 pozos que anualmente se abren para estos fines, necesitan el equivalente al consumo anual de agua de entre 1.8 y 7.2 millones de personas (considerando 100 litros por cada una al día).

El líquido empleado para el fracking presenta niveles muy altos de metano y otros tóxicos que lo dejan prácticamente inservible, y la fractura de rocas provoca movimientos telúricos, como en el caso de León, Guanajuato, zona que a pesar de ser asísmica, ya ha reportado temblores debido al uso de esta técnica.

Angely Amezcua Chávez, del Programa de Agua y Energía en la Agricultura, de El Barzón Nacional, instó a los legisladores a implementar un mecanismo de diálogo y consulta para proyectos hidráulicos, ya que la distribución desigual y la concesión del agua para fines industriales han generado conflictos que particularmente afectan a grupos vulnerables, como los indígenas.

Ejemplo de ello es el Valle de Mexicali, donde existe un conflicto entre Estados Unidos y México por el agua del Canal Todo Americano; en Chihuahua, hay un problema entre grupos menonitas y campesinos por la apertura de pozos ilegales y el cierre de ríos para la producción de alimentos. Más recientemente, se dio el caso de contaminación del Río Sonora, causa por la que han luchado constantemente los indígenas yaquis de la zona.

De la asociación Agua para Todos, Agua para la Vida, Helena Baca León hizo un llamado para “cambiar paradigmas” en la administración de recursos hídricos, ya que legalmente, se ha considerado normal la explotación de mantos acuíferos, el mal manejo de cuencas y las estrategias de riego poco adecuadas, entre otras malas prácticas que destruyen al medio ambiente.

En tal sentido, Jessica Jiménez Mota, de la misma organización, propuso adoptar una tendencia donde el agua sea un bien de dominio público para que la ciudadanía pueda revisar si las empresas dañan o abusan de él, y decida si es necesario quitarles la concesión, como ocurrió con la trasnacional Bechtel, en Bolivia.

El especialista en Política Urbana de El Colegio de México, Armando Rosales García, subrayó que aunque las leyes en materia de aguas, o las iniciativas para reformarlas, no hablan de la privatización del líquido vital, sí dejan abierta la puerta para su comercialización, con lo que monopolios empresariales, como embotelladoras y refresqueras, han convertido al agua en una mercancía.

Enfatizó que las iniciativas de Ley de Aguas se basan en tres premisas que atienden al modelo neoliberal: el líquido es escaso en algunas partes y otras no, y únicamente el Estado puede repartirlo; existe una crisis de los servicios públicos, y debe entrar el sector privado para invertir en infraestructura hidráulica, para hacer un uso eficiente y racional del agua.

“En estos argumentos se construye la gobernanza del agua y ocasionan una serie de contradicciones entre los grandes capitalistas, a quienes sólo les importa obtener una ganancia, y la mayoría de la población, que busca satisfacer su necesidad más elemental: el acceso al líquido vital”, subrayó.

Francisco García, de Climatología IBE A.C. detalló las ventajas de un sistema patentado por mexicanos para la inducción de lluvias en zonas áridas y semiáridas: la Irradiación de Baja Energía, que desde 1952 la familia de Héctor Pescador Estrada han desarrollado y probado con éxito.

Dicha tecnología modifica el clima para lograr precipitaciones pluviales y es la única en el mundo que no perjudica la atmósfera; además, aseguró, puede ayudar a disminuir los efectos del cambio climático. Con este sistema, se pueden lograr lluvias en cualquier parte del país, además de que cuenta con sustentos científicos que le han dado gran aceptación en otras naciones.

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