08-09-2015.- En el análisis al Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República respecto al tema de política interior, diputados abordaron temas como los de Ayotzinapa, Tlatlaya, Ostula, derechos humanos, transparencia y combate a la corrupción, violencia contra las mujeres, seguridad pública, libertad de expresión de periodistas, así como la fuga de Joaquín Guzmán Loera.

En la primera ronda, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES) dijo que la corrupción en México tiene que ver con la falta de seguridad y de mecanismos de justicia cuando, según estudios, “el país es considerado una de las 20 naciones más corruptas del mundo”.

El tercer Informe, continuó, señala cifras del INEGI que determinan el avance en la disminución de delitos como extorsiones, asesinatos y secuestros con 23, 24 y 27 por ciento, respectivamente. “Estamos a favor de esas cifras que destacan que esos delitos han bajado, pero también reconocemos que la percepción social de la gente sufre porque no hay justicia”, apuntó.

El diputado federal por Veracruz añadió que la política interior es multifactorial, un eje de oferta y demanda, es decir, para que haya corrupción alguien tiene que ofrecerlo y otro demandarlo, por lo que “tenemos la responsabilidad de ir a fondo, sin oportunismos ni prácticas que a todas luces son para sacar raja; debemos ser un Poder Legislativo crítico y objetivo, eso es lo que reclama la sociedad”.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre (NA) indicó que el informe refiere que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Administración Pública Federal disminuyeron en un 64 por ciento, al pasar de 50, en el 2013, a solo 18, en el 2014. Sin embargo, “este dato contrasta con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que coloca a México como el país latinoamericano con mayor número de denuncias sobre violaciones a las garantías individuales”.

Expresó que el caso Iguala puso en evidencia la colusión de las corporaciones de seguridad pública municipal con los grupos del crimen organizado y demostró el nivel de penetración de estos grupos en las estructuras políticas de los municipios en Guerrero, así como las deficiencias en materia de inteligencia del Estado mexicano.

Resaltó que “los periodistas siguen siendo blanco de persecución política y acoso por parte de los grupos criminales”; otra asignatura pendiente es la erradicación de la violencia contra las mujeres; en materia de seguridad pública los avances plasmados en el informe palidecen frente al fenómeno de la inseguridad, ya que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014, estima que el 93.8 por ciento de los delitos que se cometen no son denunciados ante la autoridad ministerial.

El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (MC) resaltó que el tercer Informe no representa la realidad de los más de 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza ni de los más de 120 millones que se encuentran dentro de las fronteras y que son vulnerables ante la inseguridad que se vive en México.

El país, dijo, atraviesa por una grave crisis de desconfianza y legitimidad en sus instituciones producto de una fallida visión de la política interior y del papel del Estado; para muestra, indicó, el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que desmintió la versión oficial respecto a lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ante ello, propuso una comparecencia por parte de la Procuraduría General de la República, a fin de indagar sobres las omisiones en la investigación.

Enfatizó que el Informe no menciona la incorporación de la Sedena en el caso de Tlatlaya, ni el caso de Ostula, tampoco el informe del relator especial contra la tortura de la ONU, donde establece que existe una tortura generalizada en el país; aunado a ello, “el Estado ha fracasado en el objetivo de proteger la libertad de expresión de periodistas y activistas de la información, ya que las agresiones a ellos se producen cada 26 horas, mientras que en el sexenio anterior era cada 48 horas”, destacó.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (Morena) señaló que más allá del discurso triunfalista que contiene el Informe de Gobierno, la lacerante realidad que viven millones de mexicanos, lo contradicen, “estamos hartos de la impunidad y del tráfico de influencias que desde las altas esferas del poder se realizan”.

Enfatizó que en este período se dieron graves violaciones de los derechos humanos como el caso de Ayotzinapa con severas negligencias de la investigación. “Se nos presume un nuevo modelo de justicia penal cuando desde un centro penitenciario de alta seguridad se les escapó “El Chapo Guzmán”, sin que el responsable directo del sistema penitenciario haya sido destituido por incompetente”.

Consideró que el balance se sintetiza en privatización de la riqueza energética del país y de las playas nacionales, complicidad entre empresarios y clase gobernante así como la violación de los derechos humanos.

En tanto, el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez (PVEM) destacó la importancia de los pasos que se han dado en materia de política interior, ya que hay muchas transformaciones, “y un claro ejemplo es el pasado proceso electoral, el que un diputado independiente integre esta Cámara y que la paridad de género sea histórica”.

En el marco de la rendición de cuentas, dijo, el gobierno de la República ha sido gran impulsor y promotor de la transparencia y la erradicación de la corrupción y muestra de ello es la reforma constitucional en la materia.

Estimó que se debe trabajar duro para fortalecer a México, “pero sin duda alguna en este trienio de la administración presidencial se ha avanzado como nunca en las materias de rendición de cuentas, la responsabilidad de los funcionarios y la lucha a la corrupción”.

Del PRD, el diputado Erik Juárez Blanquet (PRD) afirmó que “el México de la prosperidad que se vislumbraba y se publicitaba como meta de este sexenio se convirtió en el México de la impunidad, porque no se castigan las graves e inaceptables violaciones a los derechos humanos perpetrados por la Policía Federal y el Ejército mexicano”.

“Impunidad de los funcionarios que protegen las operaciones y facilitan la evasión de los narcotraficantes en las cárceles de máxima seguridad”, además de que los gobernadores no son enjuiciados por el desvío de recursos que obtuvieron endeudando a sus estados, agregó.

Resaltó que México se ha convertido en una fábrica de pobres, obteniendo “dos millones más en los dos últimos años del sexenio”. Refirió que en materia de seguridad, los delitos no denunciados han crecido por la desconfianza en las instituciones y la delincuencia organizada se ha empoderado y coludido con las autoridades de los tres niveles de gobierno, “ejemplo básico es la fuga de “El Chapo Guzmán”.

En su turno, la diputada Claudia Sánchez Juárez (PAN) refirió que el Tercer Informe presentado en días pasados por el Ejecutivo federal, carece de resultados en materia de inversión, infraestructura, generación de empleos, estabilidad social y combate al crimen, y muestra una notoria debilidad del Estado de Derecho.

Explicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un documento sobre cómo va la vida en México a partir de agosto de 2014 y encontró que está por debajo de la media en rubros como empleo, salud, ingresos y seguridad social.

“Ante la crisis, el gobierno presenta decálogos para arreglar el problema, una estrategia mediática que no contiene soluciones. La administración ha movido a México, pero hacía la pobreza y es urgente establecer mejores niveles de seguridad y condiciones de gobernabilidad, a través de todas las fuerzas políticas, para corregir el rumbo del país y evitar mayores daños a familias mexicanas”, indicó.

Por su parte, José Hugo Cabrera Ruíz (PRI) destacó que el pasado proceso electoral es un ejemplo de la aplicación de una de las reformas estructurales a las que apostó el gobierno federal. Además, resaltó acciones como la posibilidad de obtener un acta de nacimiento en el extranjero y el servicio de protección civil para la población, asuntos que, consideró, fueron olvidados en pasadas administraciones.

Refirió que no debe existir duda de que durante los tres primeros años de la actual administración, la gobernabilidad ha sido prioridad y el país se fortalece.

En este momento, sostuvo, se tiene rumbo, se sabe a dónde se quiere llegar y se proponen soluciones. “Compartimos con el gobierno sacrificios en aras del desarrollo generacional y compartimos su visión de la política interior perfilada en diálogo y acuerdo, por sobre todos los medios”, agregó.

En la segunda ronda, el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo aseveró que la política interior del país debe analizarse en función de la seguridad nacional, ya que el crimen organizado ha corrompido “las más altas esferas” de los tres órdenes de gobierno y trascendido las áreas de seguridad, propiciando que la “arrogancia de la mafia” aumente con la “ausencia y la complicidad” del Estado.

Advirtió que, debido a la corrupción, en México “no existe crimen organizado sin el apoyo institucional”, y lamentó que no exista una cruzada para erradicar este flagelo de la función pública, lo que constituye una “seria omisión” en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto.

El diputado independiente acusó que los crímenes en contra de periodistas y medios de comunicación “provienen del poder mismo” y que en entidades donde ocurre esto se recurre al “disfraz” de delincuencia común u organizada para ocultar a los verdaderos responsables, lo que, señaló, también es una falta grave en el tercer Informe de gobierno del Ejecutivo federal.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) consideró necesario que el gobierno federal revise las estrategias de combate al abuso sexual, pornografía infantil y trata de personas, debido a que sectores poblacionales como los niñas, niños y los adolescentes, son los más vulnerables a ello.

Instó a profesionalizar los cuerpos de policía, particularmente la cibernética, y a transformar el sistema penitenciario, tareas que deben ser “una constante día a día” en los tres órdenes de gobierno para que “realmente nos podamos sentir protegidos”.

Asimismo, hizo un llamado para que los Poderes de la Unión trabajen en conjunto y se privilegie el diálogo para alcanzar acuerdos que ayuden a fortalecer la gobernabilidad en lo que queda del sexenio.

La diputada Karina Sánchez Ruiz (Nueva Alianza) exhortó a combatir la impunidad con castigos ejemplares para que prospere un sistema de trasparencia y combate a la corrupción en el país y a que los funcionarios actúen en congruencia a su discurso y con resultados en la acción.

Recordó que en 2014, México ocupó el lugar 103 de los 175 países evaluados por Transparencia Internacional en materia de corrupción, situación crítica que, enfatizó, se agrava con la reciente fuga de “El Chapo Guzmán”, la compra de propiedades millonarias por parte de servidores públicos de alta jerarquía y los crímenes de lesa humanidad de Tlatlaya y Ayotzinapa.

Ante ello, dudó que los ciudadanos confíen en las instituciones y condenó que “la corrupción sea un lastre que impida el crecimiento del país e involucre a los servidores con las organizaciones criminales”, lo que constituye, agregó, “la más grande traición a los interés de la sociedad” que trae, como consecuencia, desconfianza hacia el Estado.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, calificó como un fracaso la política interna mexicana, debido al uso incorrecto del poder público y alejado de la consecución de bienes colectivos. “El informe que acabamos de recibir alimenta la desconfianza por la forma en que contradice la realidad cotidiana”.

“Los escándalos de corrupción no dejan de brotar día con día y quedan sin resolverse, mientras tanto vemos cómo quedan en la impunidad los casos que más indignan a los mexicanos”, sostuvo.

Comentó que el capítulo México en Paz, referente a seguridad, menciona que de 2012 a 2014 los delitos como los homicidios dolosos, han bajado; no obstante, abundó, “en la segunda mitad del año pasado y en lo que llevamos de 2015, los homicidios han aumentado, según las propias estadísticas del gobierno federal”.

Por la fracción parlamentaria de Morena, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, afirmó que la actual administración pasará a la historia como una de las peores evaluadas por la sociedad debido, argumentó, a sus bajos niveles de aceptación e inequidad. “Lleva al país a una situación insostenible en diversos ámbitos”.

“No se puede hablar de gobernabilidad democrática cuando fueron desaparecidos 43 normalistas arrancados con violencia por fuerzas criminales asociadas a los agentes del Estado; no se puede hablar de estabilidad social cuando ocurren masacres como la de Tanhuato, Michoacán”.

Subrayó que no se ha logrado un Estado de Derecho como se afirma en el Informe de Gobierno, ni se ha cumplido la promesa de mayor seguridad en el patrimonio. “La violencia en contra de la mujer en diversas entidades de la República es un síntoma de la crisis humanitaria por la que estamos atravesando; hay un saldo rojo en materia de violencia de género”.

Del PVEM, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas aseguró que en los primeros tres años de gobierno “se ha dado un giro de 180 grados” en la forma de conducción de política interior, mediante acuerdos en beneficios de los mexicanos. “En años pasados la falta de diálogo democrático y de consensos no permitieron avanzar en los cambios que el país requería”.

Agregó que el desencuentro entre Poder Ejecutivo y Legislativo acentuaron las diferencias entre actores políticos, que provocó la parálisis en las reformas que se necesitaban. “El actual gobierno logró desde el primer día convocar a todas las fuerzas entorno a un gran acuerdo nacional: el Pacto por México”.

Destacó la implementación de estrategias regionales en materia de seguridad, así como el uso de sistema de inteligencia y de nuevas tecnologías que ayuden a detectar y atacar las conductas delincuenciales. “A la fecha se han detenido 92 de los 122 delincuentes más peligrosos”, aseveró.

Luego de reiterar la invitación al Presidente de la República de acudir, debatir y sostener un diálogo democrático con el Congreso de la Unión, la diputada María Luisa Beltrán Reyes (PRD) expresó que el mensaje y tercer informe de gobierno adolecen de autocrítica de la gestión gubernamental, ya que más allá de la numeralia no se reconoce en los hechos la grave realidad que aqueja al país.

Indicó que los escándalos de corrupción, errores y omisiones en las decisiones tomadas, contradicen la narrativa triunfalista que rodea “todo el montaje de este show. La Casa Blanca y la de Malinalco pusieron en evidencia los conflictos de interés”, por ello, necesitamos una verdadera legislación secundaria del Sistema Anticorrupción que permita su articulación autónoma y combata eficazmente este flagelo, “que es no sólo una asignatura pendiente, sino la verdadera cruzada del presente”.

Beltrán Reyes planteó discutir entre todas las fuerzas políticas una verdadera agenda de gobierno, consensada con los poderes y construir las políticas del Estado. “Ya no se puede seguir por el camino de la improvisación y la insensibilidad. Esperamos una pronta respuesta de Enrique Peña Nieto”, concluyó.

Del PAN, el legislador Jorge Triana Tena lamentó que la política interior de este gobierno haya sido rebasada por la realidad, ya que las 13 reformas aprobadas por el Legislativo y “presumidas por el Ejecutivo, resultan insuficientes para una sociedad que reprueba la gestión de su presidente, que no acepta las explicaciones dadas por indignantes actos de corrupción en su gobierno y que no termina por legitimarlo porque es incapaz de expedir justicia”.

La gran falla y deuda de este gobierno, indicó, es la falta de seguridad y la protección y respeto a los derechos humanos. Añadió que en el informe no se haya una cifra, que se refiera a 3 mil 250 toneladas de tierra “mismas que fueron necesarias para que el delincuente más buscado del continente pudiera desnudar la fragilidad del gobierno al fugarse del penal de máxima seguridad”.

Triana Tena sostuvo que los homicidios no han disminuido; hay una crisis de legitimidad, un vacío de gobernabilidad y una ausencia de autoridad, reflejada en una escala de asesinatos, como los de Tlatlaya, Cocula, Apatzingán y Ayotzinapa. “Hace tiempo que no veíamos a un país tan desprestigiado por la violencia y la impunidad. El gabinete de seguridad ha fracasado en su tarea básica de velar por la gobernabilidad y la impartición de justicia. Hay retrocesos en materia de seguridad y derechos humanos”.

Mariana Benítez Tiburcio, diputada del PRI, subrayó que devolver paz y tranquilidad a las familias mexicanas, brindarles seguridad, generar confianza y certeza, garantizar a toda persona una vida en la que se respeten sus derechos y establecer reglas que propicien la gobernabilidad en el país, “han sido metas que el presidente Peña Nieto se fijó como prioridad al inicio de su gestión”.

Precisó que este gobierno le dio un nuevo rostro a la política de justicia, invirtiendo recursos, regionalizando los delitos y priorizando la coordinación. Se logró reducir la tasa de homicidios en el país y la violencia contra las mujeres, así como impulsar la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y priorizar la protección a periodistas.

Benítez Tiburcio expuso que México está atravesando por grandes heridas y en el último año se han enfrentado sucesos dolorosos y frustrantes que nos recuerdan que es imperativo y urgente que el país entero se aboque a abatir la corrupción, la violencia y la impunidad, pero también la pobreza. “Necesitamos hacer a un lado las mezquindades. El país clama justica, demanda paz y futuro, no podemos dejar de trabajar por el bien común”.

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