• El traslado evitaría pérdida de vidas por un desastre natural o falla técnica: Zamora Morlet

10-09-2015.- La Cámara de Diputados aprobó un exhorto para que el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) ponga en marcha la inmediata reubicación de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de combustible (TAR) de Tapachula a la nueva terminal de Puerto Chiapas.

Asimismo, se aprobó la adición propuesta por el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), para que la Junta de Coordinación Política solicite un informe económico y material del avance de la nueva terminal de Puerto Chiapas, vigilando el ejercicio transparente de los recursos económicos que en su caso se ejerzan.

El diputado Enrique Zamora Morlet (PVEM) indicó que los habitantes de la ciudad han calificado estas instalaciones como una “bomba de tiempo” y han exigido en múltiples ocasiones su reubicación para evitar la pérdida de vidas humanas como consecuencia de un eventual desastre natural o una falla técnica, aunado a que el pasado agosto venció el último de los plazos establecidos por la paraestatal para realizar dicho traspaso.

En la argumentación del punto de acuerdo considerado de urgente y obvia resolución, el legislador por Chiapas dijo que la TAR ubicada en la zona céntrica del municipio chiapaneco de Tapachula representa un gran riesgo para la sociedad, lugar donde además se desarrollan las principales actividades comerciales de la ciudad y se asientan diversas instituciones educativas de distintos niveles.

Mencionó que como respuesta a las demandas de la sociedad tapachulteca, el pasado 18 de julio de 2008, el entonces director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, firmó un convenio con el gobierno de Chiapas para iniciar los trabajos de reubicación de la TAR que actualmente se encuentra en Tapachula, así como la construcción de una nueva en la zona de Puerto Chiapas con capacidad de 34.7 hectáreas.

De esta manera, continuó, se comprometió a dejar concluida la obra en diciembre del ejercicio 2011; sin embargo, llegó esa fecha y la obra no se había iniciado.

Fue hasta el 14 de enero de 2012 cuando dieron inicio los trabajos de la construcción de la nueva terminal, la cual a la fecha presenta múltiples retrasos, llevando a la fecha cuatro prórrogas para su conclusión; esta última se cumplió el pasado 31 de agosto, precisó.

El punto de acuerdo precisa que las nuevas instalaciones duplicarán la capacidad útil de almacenamiento de combustibles y con ello se podrá manejar, de manera eficiente, la demanda incremental durante los siguientes 20 años, aunado a que la antigua terminal resulta insuficiente para hacer frente al crecimiento de la demanda de productos petrolíferos en la región, que se estima en un cuatro por ciento anual.

La reubicación inmediata de las instalaciones tiene como fundamento el dictamen de riesgo emitido por el Sistema de Protección Civil, el cual establece el traslado con las medidas de seguridad pertinentes, considerando las amenazas químicas, tecnológicas, socio-organizativas y sanitarias que genera la operatividad de esta industria.

Los terrenos sobre los cuales se asientan las diversas instalaciones de Pemex también son propensos a sufrir contaminación y deterioro. Muestra de lo anterior son las explosiones registradas en las plantas de almacenamiento y distribución de Pemex en San Juan Ixhuatepec, México, en noviembre de 1984 o la contaminación del suelo por hidrocarburos que durante muchos años persistió en los terrenos ocupó la antigua refinería de Azcapotzalco, en el Distrito Federal.

El diputado José Bernardo Quezada Salas (NA) coincidió en que la instalación de Tapachula representa un riesgo para la población de esa ciudad debido al continuo tránsito de auto tanques que suministran los petrolíferos y los frecuentes problemas de descarrilamiento de estos carros, así como la obstrucción de vialidades que se presentan.

Enfatizó que en el año 2000 se originó el proyecto de traslado a Puerto Chiapas, con una mejora sustancial de almacenamiento y seguridad, la cual brindaría una sustentabilidad operativa por su cercanía con la refinería de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca.

En tanto, la diputada María Elena Orantes López (MC), destacó que en un principio la inversión de dicha obra se estableció en 417 millones de pesos, registrados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); al día de hoy se han invertido 856 millones 266 mil 339 pesos, monto que rebasa más del 100 por ciento del presupuesto original.

Destacó que de acuerdo a los resultados consultados a través de la plataforma virtual de la SHCP, señala que en el pasado mes de junio el avance de la obra era poco más del 90 por ciento. “Es urgente que Pemex atienda de inmediato el cumplimiento de esta obra y remita un informe de las causas que ocasionaron la demora”, agregó.

La diputada Guadalupe Hernández Correa (Morena) precisó que la obra de Puerto Chiapas ha tenido varios incidentes durante su construcción, por temporadas se han suspendido los trabajos y la falta de recursos han sido la tónica. “Al día de hoy se calcula que falta alrededor del 25 por ciento de la obra para poder empezar a operar”, afirmó.

En Morena, dijo, exigen al director de Pemex que antes de que opere la terminal se efectúe un peritaje realizado por terceros independientes a la petrolera, que certifiquen la calidad de la obra y los sistemas de seguridad industrial. Sin embargo, refirió que con la nueva reforma energética, desapareció la necesidad de que las instalaciones estén revisadas y certificadas. Por lo tanto, aclaró que su partido no puede apoyar la propuesta.

En su turno, el diputado Diego Valente Valera Fuentes (PVEM) consideró que “no se vale que una paraestatal edifique su riqueza a costa del riesgo de la vida de la gente”; por ello, reiteró la exigencia a Pemex que ya termine de moverse del centro de la ciudad hacia la zona del Puerto Chiapas.

Además, dijo, que entregue esos terrenos para poder gestionar, a través del gobierno estatal y federal, un parque recreativo y deportivo que sirva para todos los habitantes del Soconusco. Pidió sumarse a este punto de acuerdo para exigir a la paraestatal que haga lo que falte rápido y bien hecho por el beneficio de Tapachula y de la Costa de Chiapas.

El diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, propuso agregar al punto de acuerdo que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) solicite un informe detallado a Pemex sobre el estado actual de la obra en términos económicos y avances materiales, a fin de que haya plena transparencia en el manejo de los recursos.

Resaltó el compromiso por la vida y seguridad de las personas que habitan en las cercanías de esa planta. Convocó a que “no haya utilización electoral o maniquea, a que se tomen medidas ordinarias y extraordinarias en materia de medio ambiente y transparencia en la aplicación presupuestaria.

La diputada Janette Ovando Reazola (PAN) resaltó que no se ha cumplido con la reubicación de la planta, pese a haberse firmado un acuerdo hace más de 7 años. “No vamos a permitir una voz más, que esto, no está listo. Exigimos que a la brevedad los ciudadanos de Tapachula tengan respuesta de las autoridades”, y convocó a sus homólogos a apoyar estas acciones.

Precisó que Pemex se ha consolidado como un factor de crecimiento y desarrollo; sin embargo, algunas de sus instalaciones pueden ser riesgo para la salud y seguridad de la población, como es el caso de la Terminal de Almacenamiento y Reparto en Tapachula, por lo que brindar seguridad, en su más amplio concepto, es obligación inherente del Estado, que incluye la protección civil.

En su turno, Samuel Alexis Chacón Morales (PRI) se pronunció a favor del punto de acuerdo, ya que con ello se garantizará la seguridad de los habitantes de Tapachula y se evitarán accidentes, esto toda vez que “los habitantes de Tapachula están hartos de que se les dé atole con el dedo” sobre los avances de la obra.

Indicó que con el exhorto se logrará brindar seguridad a cerca de 325 mil habitantes y con una población flotante de 200 mil personas entre centroamericanos, chinos, japoneses y alemanes que habitan Tapachula, y para ello es necesario que se cumplan las fechas pactadas y se reubiquen las instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Exigen renuncia de director de Pemex y secretario de Comunicaciones y Transportes

Se turnará a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción un punto de acuerdo que exige la renuncia de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex y de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, por el posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción en que incurrieron en el otorgamiento de concesiones, contratos y proyectos a la empresa OHL México y sus filiales.

En el documento presentado por la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, diputada Rocío Nahle García, indicó que es indispensable que el gobierno mexicano informe y esclarezca las diferentes denuncias de actos de corrupción, ya que no puede ser posible que personal que ha sido miembro de consejos administrativos, tengan bajo su responsabilidad empresas productivas del Estado y beneficien a empresas como OHL México.