10-09-2015.- Las ocho fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados expresaron sus puntos de vista respecto al informe sobre el Caso Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual “revela datos omitidos por la PGR durante su investigación e irregularidades en las que incurrió para esclarecer los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”.

Asimismo, apoyaron la iniciativa de crear una comisión especial en San Lázaro para abundar y dar seguimiento a los trabajos del GIEI y propusieron la comparecencia de distintas autoridades con el objetivo de esclarecer los hechos. Todo lo anterior, sostuvieron, forma parte de las obligaciones que tiene el Poder Legislativo con los familiares de los 43 normalistas, en su lucha por conocer la verdad.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (PES) advirtió que la información equivocada presentada por las autoridades respecto al Caso Ayotzinapa, dañó severamente la imagen del gobierno mexicano a nivel internacional, lo que obliga al Estado a sancionar y castigar a los responsables de la desaparición de los normalistas, para mostrar al mundo que “México no es un país de bárbaros”.

Sostuvo que las víctimas y sus familiares deben encontrar en la clase gobernante, incluyendo al Congreso de la Unión, interlocutores válidos y puertas abiertas para aclarar los hechos, pues “si nadie responde o explica el asunto, ¿por qué la sociedad tendría que confiar en sus instituciones?”.

Ante ello, se sumó a la iniciativa de crear una comisión especial en San Lázaro que reciba a los expertos internacionales para que den cuenta de los resultados de su investigación, y solicitó la comparecencia de la titular de la PGR, Arely Gómez, para explicar lo que la instancia hará con los datos que le proporcione el GIEI.

De Nueva Alianza, María Eugenia Ocampo Bedolla aseguró que lo acontecido en Iguala “sintetiza en mucho la situación de descomposición del Estado mexicano, particularmente en los municipios del país”.

Consideró que, aunque el informe de los expertos no ofrece un diagnóstico definitivo, sí da cuenta de aquellos hechos que considera probados y de otros altamente controversiales, cuya atención “resulta necesaria en razón del daño causado a las víctimas y a sus familiares”.

Asimismo, respaldó la creación y funcionamiento de una comisión especial abocada a trabajar de la mano de familiares de los normalistas para lograr su localización, pero sobre todo para “vigilar que la actuación de las autoridades sea apegada a derecho”.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) manifestó que el Congreso de la Unión debe asumir el compromiso de dar seguimiento puntual al informe de los especialistas con el objetivo de tener resultados positivos. “Los diputados que estamos aquí deberíamos decirle a los familiares de los estudiantes que queremos justicia”, agregó.

Condenó que, a casi un año de los sucesos de Ayotzinapa, la investigación se haya manejado de “forma tendenciosa” y que el informe del GIEI evidenciara una deficiente capacidad de las instituciones de justicia. Muestra, señaló, “no solamente irresponsabilidad por parte de las autoridades, sino su complicidad por omisión”.

Propuso que todas las autoridades involucradas en el caso sean llamadas a rendir cuentas, incluyendo a elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala; al extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y a la actual fiscal, Arely Gómez González, dadas sus responsabilidades al frente de instancias de seguridad.

En su turno en tribuna, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (Morena) acusó que la investigación oficial del Caso Ayotzinapa mostró la intención de los más altos niveles de gobierno de “manipular la justicia y ocultar la verdad sobre el paradero de los estudiantes y el móvil de la agresión masiva”.

Subrayó que, además de haber puesto en entredicho a la PGR, el informe del GIEI expuso que se afectaron evidencias y se recurrió a la tortura y a chivos expiatorios para encubrir a los verdaderos responsables, con la intención de “abrirles una vía ancha para que pudieran salir libres de todo cargo”.

“Ayotzinapa es síntoma de una enfermedad grave en el país. Mientras los padres y la sociedad demandamos justicia, el gobierno no da señales claras para llegar a la verdad. En cualquier país democrático, el gobierno habría caído por un caso como el de Ayotzinapa”, sentenció.

Del Verde Ecologista, el diputado Arturo Álvarez Angli coincidió en que no debe existir oposición a que asista la titular de la PGR para dar cuenta de los avances en la investigación; empero, consideró que también debe exigirse la comparecencia de autoridades de Iguala, Guerrero, así como de personajes políticos ligados a estos socesos.

“El tema de Ayotzinapa es un asunto de México, es un asunto de todos los que estamos aquí. Es importante hacer un recuento de cómo se presentó. Tiene origen en un gobierno municipal corrupto y vinculado con el crimen organizado y en la atención tardía e ineficaz del gobierno estatal”, abundó.

Calificó de irresponsable desacreditar la investigación hecha por la PGR, aunque admitió que la nueva información recabada por el GIEI obliga al gobierno de la República y a la Procuraduría a llevar a cabo y abrir nuevas líneas de investigación.

A nombre del PRD, la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández manifestó que, ante los hechos de Ayotzinapa, es indispensable “un proceso de reconciliación nacional, cuyo inicio será el nombramiento de un nuevo procurador o procuradora general de la República, que tendrá como primera encomienda la designación de una fiscalía especial para atender el caso”.

El nombramiento del nuevo titular de esta fiscalía, agregó, debe tomar en cuenta la opinión de las familias de las víctimas, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado la investigación.

Asimismo, refirió que la fracción parlamentaria que representa considera necesario llevar ante la justicia a aquellos que cometieron fallas e inconsistencias durante las investigaciones. “Específicamente, esta Cámara debe iniciar los procedimientos de juicio político en contra de Jesús Murillo Karam por delitos en contra de la administración de justicia”, precisó.

En su turno, la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) dijo que su partido reitera su condena al hecho y se suma la consternación que provocan los resultados presentados por el grupo de expertos independientes, ya que este documento pone al descubierto la profunda corrupción e impunidad que imperan en el sistema de procuración de justicia.

Resaltó que, según el informe del grupo especializado, la investigación de la PGR contiene graves irregularidades y, por ello, se deben revisar con detenimiento y, en su caso, rectificar, así como sancionar a los funcionarios responsables, ya sea por omisión, incompetencia o por complicidad política o delincuencial.

Para Acción Nacional, indicó, solo hay dos posibilidades: una falta de capacidad de quien llevó a cabo la investigación o un encubrimiento de los hechos ocurridos. Recordó que su grupo parlamentario propuso a la Junta de Coordinación Política la formación de una comisión especial para dar seguimiento a este enorme problema, así como declarar el 26 de septiembre como Día Nacional contra la Desaparición Forzada.

La diputada Ivonne Ortega Pacheco (PRI) resaltó que México necesita conocer las causas y el origen de estos hechos; por ello, “con firmeza y responsabilidad se debe apoyar cualquier esfuerzo personal e institucional que coadyuve a esclarecer definitivamente estos lamentables hechos”.

Precisó que su partido respaldó constituir una comisión especial en esta Soberanía para dar seguimiento a las investigaciones del caso y apoyar todo esfuerzo para esclarecer los hechos que tanto indignan y lastiman a los mexicanos. Asimismo, dijo que como legisladores tienen el compromiso de revisar el marco legal para garantizar que este tipo de hechos no ocurran nunca más.

Refirió que la legislatura anterior aprobó la iniciativa presentada por el Ejecutivo en materia de tortura y desaparición forzada, por lo que ahora “nos toca expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sanciones en materia de secuestro, desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, así como trata de personas, tortura y otros tratos inhumanos o degradantes”.

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