• La adopción constituye su mejor oportunidad para desarrollarse, señala diputada Daniela de los Santos Torres
• Promueve iniciativas para que Congreso de la Unión expida ley general en la materia

13-09-2015 La diputada Daniela de los Santos Torres (PVEM) subrayó que el INEGI, en más reciente estudio al respecto, identificó casi 30 mil niños y adolescentes habitando en orfanatos de todo el país, datos que coinciden con las proyecciones del DIF Nacional; la Red por los Derechos de la Infancia advierte que existen otros 29 mil menores sin cuidados familiares ni institucionales.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados destacó que el censo 2010 del INEGI demostró que de 32.5 millones de niños de entre 0 y 14 años, 3.3 por ciento no vivía con sus padres y el DIF Nacional estimó que para 2040 el número de menores en casas hogar llegará a su clímax con una población de 33 mil 242.

Ante estas cifras, De los Santos considera que la protección y cumplimiento de los derechos de los niños sin hogar o tutores es responsabilidad del Estado, mientras que la adopción constituye “una de las mejores oportunidades para que niños, niñas y adolescentes en esta situación establezcan un parentesco equiparable al consanguíneo con el adoptante y su familia” y puedan desarrollarse adecuadamente.

En consecuencia, la legisladora promueve en San Lázaro una iniciativa para establecer en la Carta Magna la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de adopción. También presentó una propuesta de Ley General que integraría en un solo documento, definiciones, principios, requisitos, instituciones, obligaciones, responsabilidades criterios y procedimientos legales a seguir en una adopción.

Diputada por Michoacán, De los Santos Torres explica que actualmente cada entidad ha legislado la adopción de forma diversa, en virtud de que el derecho de familia es materia local, por lo que se requiere armonizar las leyes para lograr que el objetivo de la adopción cumpla con su interés prioritario de protección y mejoramiento de la calidad de vida de los niños mexicanos.

Con su propuesta para incluir en el 73 Constitucional la facultad del Congreso para expedir una Ley General de Adopción se “erradicaría cualquier actividad dolosa que intervenga en el proceso de adopción y, en general, se proporcionaría el pleno derecho de adoptar y de ser adoptado definiendo con claridad las vías y medios por las que se habrán de resolver estos procesamientos en todo el país”.

Su iniciativa de Ley General en la materia, por otra parte, tiene como objetivo esencial que el Poder Legislativo proporcione los medios básicos de subsistencia y los cuidados necesarios para el desarrollo integral infantil en un contexto familiar.

Entre sus 61 artículos, la referida ley plantea que tienen capacidad para adoptar los mayores de 25 años, además de que deben mediar no menos de diecisiete años de edad entre el adoptado y el adoptante.

Quien lo solicite “deberá tener aptitud física, psicológica, moral, y contar con medios suficientes para proveer subsistencia, cuidado y educación a quien se pretenda adoptar”, sustentado con estudios válidos.

Destaca en su propuesta de Ley la creación de consejos técnicos de Adopción en el DIF Nacional y en el de cada entidad, órganos interdisciplinarios cuya finalidad es procurar la adecuada integración de los menores sujetos de adopción a una familia que les proporcione las condiciones necesarias para su pleno y armonioso desarrollo.

Además “tienen la atribución de analizar, valorar y dictaminar los expedientes de los solicitantes”, y de “asegurarse de que los servidores públicos y especialistas (involucrados en el proceso de adopción) actúen de conformidad con el interés superior de la niñez”.

Al ser los niños y niñas las personas más vulnerables de nuestra sociedad, subraya De los Santos Torres, tratar de mejorar los procedimientos de adopción constituye un tema prioritario en la agenda legislativa.

Sus propuestas para modificar la Carta Magna y expedir una Ley General de Adopción, se presentan “como una respuesta en la que prevalece el derecho de los niños, niñas y adolescentes a formar parte de una familia y consecuentemente el derecho y deber de los adoptantes para garantizarle una vida mejor”, reitera.

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