15-09-2015 Durante el análisis del Tercer Informe de Gobierno en materia de política social, los grupos parlamentarios de oposición coincidieron en la necesidad de ajustar la estrategia para combatir la pobreza en el país, en tanto que el PRI consideró que el gobierno federal inició una política pública de nueva generación, cuyos resultados ya se ven reflejados.

La diputada María Verónica Muñoz Parra (PRI) destacó que se trata de una política social que incorpora un enfoque de derechos de género y de ciudadanía. “Bajo esta nueva orientación transita de una política asistencialista a una política transversal e integral, coordinada, federalista, participativa e incluyente, y deja atrás una política social descoordinada y con la limitada concurrencia de los tres órdenes de gobierno”.

Mencionó que es momento para que los legisladores asuman un compromiso con la población, con el propósito de que las políticas económicas sean implementadas para ayudar al mejoramiento del bienestar de las familias, haciendo a un lado intereses partidistas.

Joaquín Jesús Díaz Mena (PAN) aseguró que en los últimos tres años, la política social enfrenta sus peores momentos, ya que abandona su razón de ser, lo cual es el desarrollo humano de quienes viven en condiciones de pobreza.

Indicó que pese a que hubo un gasto de 68 mil millones de pesos más que en 2012, se generaron dos millones más de pobres y los programas emblema del gobierno han arrojado “resultados mediocres”.

Araceli Saucedo Reyes (PRD) dijo que el Tercer Informe presenta malos resultados y pocos avances no sólo por los recortes presupuestales, sino el enfoque estructural de la política social que “lamentablemente sigue bajo visión asistencialista”. Mencionó que según cifras del Coneval, el 80 por ciento de la población en México tiene un grado de vulnerabilidad o de pobreza.

Por todo ello, señaló, se debe generar una política de desarrollo social bajo una visión de inversión y no de gastos, de inclusión y no de exclusión, para generar capacidades y no dependencias. Pidió al Estado hacer valer los derechos sociales de los mexicanos, consagrados en la Constitución.

En su turno, el diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez (PVEM) afirmó que gracias a la implementación de los programas sociales que “cada día son más incluyentes”, hoy pueden acceder a ellos quienes no contaban con la posibilidad de una vivienda digna, servicios de salud, escuela y alimentación.

Precisó que el porcentaje de la población sin acceso a los servicios de salud se redujo del 21.5 al 18.2 por ciento y a la seguridad social disminuyó del 61.2 al 58.5. No obstante, reconoció que la pobreza sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país.

Patricia Elena Aceves Pastrana (Morena) indicó que “a tres años de mal gobierno, el Ejecutivo presenta un informe que recurre a cifras poco claras y tendenciosas para mostrar una realidad distinta a la que se padece cotidianamente en el país, lo que es indignante”.

Manifestó su preocupación ante “el despojo y desmantelamiento de la educación y la salud públicas en México”. Hoy más que nunca, indicó, Morena reclama un cambio de régimen para que la educación y la salud no sean lujos ni privilegios sino un derecho de todos como lo consagra la Carta Magna.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Rene Cervera García dijo que la política social sólo son retazos de modelos utilizados en el pasado, basados en el asistencialismo, focalización, necesidades básicas y subsidios. Agregó que los 233 programas federales dirigidos a la materia consumen más de 905 mil millones de pesos y dan pocos resultados.

Puntualizó que el país se encuentra atrapado en un paradigma viejo, incapaz de contener los efectos básicos de la desigualdad, toda vez que la pobreza extrema pasó de 9.8 por ciento en el 2012 al 9.5 en el 2014, y tomará 95 años para abatirla al ritmo actual.

El diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz (Nueva Alianza) destacó que uno de los logros más importantes de esta administración ha sido la Reforma Educativa; sin embargo, añadió, aún se enfrentan retos para lograr los objetivos planteados, tales como renovar los planes de estudio, reorganizar las escuelas normales y rediseñar sus funciones, que son demandas del sector docente.

Indicó que sólo se podrá aspirar a una mejor educación si el desarrollo de la docencia cumple con su función primordial de brindar los espacios para la capacitación, profesionalización y formación continua de los maestros.

La diputada de Encuentro Social, Ana Guadalupe Perea Santos, consideró que a pesar de los avances obtenidos, falta mucho por hacer y los contrastes en los programas sociales hacen notar la necesidad de replantear estrategias.

“Uno de los retos más importantes es el acceso a la salud y a la seguridad social. Si bien se han consolidado esfuerzos en favor de una pensión para adultos mayores, la formalidad del empleo, la protección de la salud y la vivienda, aún existen serias carencias en las prestaciones de los trabajadores”, externó.

El diputado independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo aseguró que México no se encuentra entre los países más pobres, sino entre los más desiguales, lo que evidencia el fracaso de la política social.

Agregó que se trata de una política que no ha puesto el acento en el ser humano, sino en el control político y el paternalismo. “Ese paternalismo que consolida un sistema político clientelar y populista”, por tal motivo, dijo, es tiempo de dar un viraje.

En la segunda ronda de posicionamientos, el diputado Javier Guerrero García (PRI) mencionó que la pobreza aumentó como consecuencia de un entorno económico internacional adverso y a una serie de factores internos derivados del bajo crecimiento, las inercias y los errores en la ejecución de políticas públicas en la década pasada.

Rocío Matesanz Santamaría (PAN) subrayó que se ejercen dos billones de pesos anuales en política social sin obtener resultados palpables y así lo demuestran los 3 de cada 10 jóvenes que no acceden a la educación superior, el desabasto de medicinas, la carencia de servicios básicos en las viviendas de 25.2 millones personas y el recorte presupuestal que se hará al programa de adultos mayores.

Araceli Madrigal Sánchez (PRD) enfatizó que la educación en el país presenta graves rezagos en diferentes planos: 22.6 millones de mexicanos en edad escolar están fuera del sistema educativo; 5.4 millones, según la Unesco, son analfabetas, y de éstos el 60 por ciento son mujeres. Estimó que la reciente reforma educativa presenta serias limitaciones, ya que sólo se limita a cuestiones de forma pero no de fondo.

Omar Noé Bernardino Vargas (PVEM) reconoció que falta mucho por hacer, pero destacó que gracias a la política social de la actual administración 4.5 millones de personas han visto garantizado su derecho a la alimentación.

La legisladora Araceli Damián González (Morena) señaló que este informe es tan solo un rosario desarticulado de acciones de gobierno, con una supuesta población beneficiada. “Sus apartados contrastan con la realidad que vive México”.

Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano, dijo que se debe dejar de pensar que los programas sociales para los más pobres son la solución. Planteó cambiar el enfoque del gasto público y redefinir la estructura del presupuesto.

Ángel García Yáñez (NA) indicó que los programas vigentes han aumentado sus apoyos a las familias y personas beneficiarias, pero “incorporar más personas no es una cosa que se deba presumir. Por el contrario, es un indicador de que la política social está mal encaminada”. Planteó redirigir dicha política hacia el incremento del ingreso.

Abdies Pineda Morín (PES) señaló que mientras la mitad de la población se encuentre en pobreza y el 80 por ciento sufra alguna carencia básica no se puede hablar de consolidación de la democracia, ni restaurar la confianza en instituciones. Se pronunció por aumentar la generación de empleos e impulsar el crecimiento económico.

Finalmente, se levantó la sesión y se citó a la que tendrá lugar el 17 de septiembre a las 11:00 horas.

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