• En los últimos 15 años se ha incrementado este delito; proyecto de decreto se remite al Senado de la República

17-09-2015.- La Cámara de Diputados aprobó, con unanimidad de 463 votos, el proyecto de decreto que declara el 26 de septiembre de cada año como "Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas", y se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El documento fue suscrito por siete de los ocho coordinadores de los grupos parlamentarios e integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), César Camacho (PRI), Marko Antonio Cortés Mendoza (PAN), Francisco Martínez Neri (PRD), Jesús Sesma Suárez (PVEM), José Clemente Castañeda Hoeflich (MC), Luis Alfredo Valles Mendoza (NA) y Alejandro González Murillo (Encuentro Social).

Destaca que durante los últimos 15 años se han incrementado los casos de desaparición forzada; uno de ellos, de gran impacto social, fue el de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el cual no debe repetirse.

En el combate a esta conducta delictiva, abunda, los tres poderes de la Unión se han comprometido con el desarrollo y puesta en marcha de políticas y acciones jurídicas que contribuyan a la difusión, aceptación y ejercicio de una amplia cultura en favor de los derechos humanos y de respeto a la ley, que permita erradicar de manera definitiva las prácticas criminales y deshumanizadas que concurren en este delito.

A nivel internacional, el 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación por el aumento de desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros, cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas.

Ello, añade, dio como resultado la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y la declaración del 30 de agosto como Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas, el cual se conmemora a partir del año 2011.

Refiere que el martes 8 de septiembre, el Pleno dio turno a la iniciativa respectiva, y el miércoles 9, los coordinadores parlamentarios, en reunión de la Jucopo, “atendiendo a las diversas inquietudes y propuestas presentadas por diversos legisladores, y en un acto de solidaridad con los familiares de las víctimas de desaparición forzada en México y con el firme propósito de fortalecer y hacer valer el derecho que tienen las víctimas a la verdad, suscribimos la iniciativa”.

Al fijar su postura, el diputado Abdies Pineda Morín (Encuentro Social) expresó que la desaparición forzada es uno de los actos más crueles e inhumanos que puede sufrir una persona, pues no sólo se le priva de su libertad, sino que la violencia psicológica que se ejerce sobre la víctima y sus familias, es cruel y deshumanizada.

Con este día, dijo, se busca concientizar a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno de la necesidad de combatir y erradicar esta conducta delictiva. “Esta conmemoración servirá como un acto de solidaridad con las familias de miles de víctimas de desaparecidos, y tiene el firme propósito de servir de recordatorio para fortalecer y hacer valer el derecho que tienen las víctimas y sus familiares de conocer la verdad y que los culpables sean llevados ante la ley”, abundó.

Ángel García Yáñez, legislador de Nueva Alianza, mencionó que la desaparición forzada es un delito que debe ser castigado con todo el peso de la ley, sin ambigüedades ni cortapisas. “Es una infracción que ofende a la sociedad, sobre todo cuando es cometido por entes del Estado o miembros de cuerpos de seguridad, quienes traicionan la confianza que la ciudadanía les ha conferido”.

Sostuvo que el 26 de septiembre de 2014 es una fecha emblemática que ha dejado una huella profunda en la historia del país, por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. “Nos sumamos a esta propuesta porque es un deber político y ético que reafirma nuestros compromisos con los derechos humanos y el estado de derecho”, y recordó que por mandato constitucional se tiene la facultad de expedir la Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco resaltó que no se puede aspirar a construir un país viable y un Estado a la altura de los mexicanos si no existe un respeto integral por los derechos humanos, si no se protege la dignidad y si no se garantiza el acceso a la justicia. “Celebramos que a través de este proyecto se reconozca la problemática de las desapariciones forzadas y se enmarque en el trágico aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.

Indicó que es momento de construir una legislación de avanzada en materia de desapariciones forzadas; honrar a las víctimas de este fenómeno; construir un Estado de derecho en donde efectivamente se protejan los derechos, la integridad y la vida de las personas; una definición del delito apegada a los tratados internacionales; penas significativas; crear el registro nacional, y que existan protocolos de investigación para iniciar procedimientos sin demora.

La diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena) sostuvo que ese ilícito no es un problema sino una tragedia nacional, pues así lo viven los familiares de los 62 mil desaparecidos que ha habido a lo largo del país en los últimos años, y pidió respetar el Reglamento de la Cámara, para que se analice en comisiones. “Este trámite es una falta de respeto para los padres y amigos de los desaparecidos que tienen años luchando”.

Se pronunció por ir más allá y realizar acciones concretas y expresó que su grupo parlamentario aboga por la adición de un artículo segundo al decreto para que se cree la Comisión Bicameral e investigue todos los casos de desaparición forzada. “Tenemos que comportarnos a la altura; somos el Poder Legislativo, no tenemos que hacer cosas urgentes y sin discusión”.

Por el PVEM, la legisladora Sasil Dora Luz De León Villard manifestó que este delito constituye una clara violación de los derechos humanos, es una práctica aberrante que no puede tener cabida en un Estado democrático y de derecho, en donde las instituciones se encuentran obligadas a garantizar el pleno ejercicio de las libertades de las personas.

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa acapara la atención; sin embargo, “no sólo nos faltan ellos, sino miles de mexicanos”. Añadió que este decreto es un acto de solidaridad con las víctimas y sus familiares; es el mensaje de que el Poder Legislativo comparte el dolor y la indignación, y se compromete a trabajar para que el marco jurídico cuente a la brevedad con una Ley General en la materia.

La diputada del PRD, Cristina Ismene Gaytán Hernández, apoyó la propuesta de crear una Comisión Bicameral en la materia que dé seguimiento a las investigaciones del grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; sostuvo que este decreto es de relevancia, ya que es el primero de muchos para la reconciliación nacional.

Es indispensable, dijo, lograr la rápida incorporación de las disposiciones de los instrumentos internacionales y la armonización del sistema nacional de justicia penal y la legislación en materia de derechos humanos. “Debemos encaminar nuestros esfuerzos hacia el desarrollo de un protocolo nacional para la búsqueda de personas desaparecidas que garantice a las víctimas la seguridad de la no re victimización, con el fin de disminuir los altísimos índices de impunidad que actualmente rondan el 98 por ciento”.

José Hernán Cortés Berumen, diputado del PAN, señaló que a un año de los lamentables acontecimientos en Iguala, Guerrero, esta Cámara asume una importante responsabilidad con la historia, que sin duda será necesario recordarla para no repetirla. “Se trató de un hecho verdaderamente abominable, que despertó el descontento, la tristeza y el luto en todo el país”.

El 26 de septiembre de cada año, México debe recordar el pesar de los desaparecidos, los ausentes, las familias incompletas, de los hijos, hermanos y padres que lloran la pérdida de un familiar, pero también es necesario que se aplique la justicia de manera expedita, objetiva, imparcial y se concrete una investigación seria, eficaz y profunda por parte de las autoridades, abundó.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI) expresó que este decreto, es muestra del compromiso que se tiene con los derechos humanos y con que las leyes se perfeccionen para garantizarlos. Aclaró que se le habrá de preguntar a la Cámara de Senadores si efectivamente estaría en condiciones de crear o no una comisión bicameral, con estas características.

Subrayó que se tiene que ir más allá, buscar que no solamente se recuerde el 26 de septiembre un solo hecho, sino muchos. “La ley debe atender la desaparición de personas aun cuando no sean eminentemente mexicanos, sino que también sean extranjeros. No podemos ser indiferentes ante tales hechos, debemos reforzar el tema de los derechos humanos, reforzar las acciones y las recomendaciones que tengamos que hacer a cualquier nivel de gobierno”.

Los diputados de Morena, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Cuitláhuac García Jiménez señalaron que en México la violación masiva a los derechos humanos es un crimen cotidiano y el Estado está implicado en él. Expresaron que el día de desaparición forzada, se debe asumir en efecto y no como una efeméride que pretenda lapidar el caso de Ayotzinapa y otros tantos casos más, sino que obligue al Estado a rendir cuentas sobre la pésima procuración de justicia.

En lo particular, el diputado Juan Romero Tenorio (Morena) propuso adicionar un artículo segundo al decreto, con el propósito de crear la Comisión Bicameral para la atención de victimas de desaparición forzada de personas.

Romero Tenorio argumentó que no existe impedimento legal para la constitución de la comisión y dijo que en materia de desaparición forzada hay una alta impunidad, pues no hay sentencias ni detenidos. La propuesta fue rechazada por el Pleno.

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