22-09-2015 La Comisión Especial del caso Ayotzinapa, presidida por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), aprobó en lo general, por mayoría, su Programa de Trabajo, el cual prevé reuniones con los padres de los normalistas; autoridades federales, estatales y municipales, y organismos de derechos humanos de México, de Guerrero e internacionales, así como con líderes sociales.

“Este Programa de Trabajo no es limitativo en ningún caso, ni es una camisa de fuerza y se enriquecerá con la información que puedan allegarse todos. Si se identifican grupos, reuniones y personas que puedan aportar algo al esclarecimiento de los hechos se integrará y nos reunimos con ellos con apertura de la Comisión”, aseguró Murguía Gutiérrez.

Apuntó que como presidenta de la instancia legislativa “establecerá contacto con los familiares de los desaparecidos y con las distintas autoridades para la celebración de reuniones de trabajo”. Se informará puntualmente de los avances que se tengan, precisó.

Indicó que la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, creada en la Legislatura anterior, entregó a la nueva instancia, formada por la LXIII Legislatura, 7 carpetas, no digitalizadas, que fueron la conclusión de los documentos proporcionados por diferentes autoridades. “Están a disposición de todos los integrantes de la Comisión, a fin de que los consulten quienes quieran hacerlo”, subrayó.

Los diputados avalaron realizar una sesión extraordinaria el próximo jueves, a las 16 horas, con el propósito de prepararse para integrarse, eventualmente, el viernes entrante, al encuentro que sostendrán senadores de la República con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su estancia en el país.

En el calendario de reuniones se especificó que en razón de la naturaleza y objeto de su existencia, la Comisión Especial podrá efectuar una reunión ordinaria cada semana y cuantas sean necesarias de manera extraordinaria cuando la situación así lo requiera, previa convocatoria.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (PRD) propuso crear un sitio web para que la sociedad, organizaciones civiles y demás involucradas en la investigación hagan sus aportaciones a la Comisión. Se busca una total apertura y quien así lo desee puede aportar de manera regular información, con el único fin de entregar los mejores resultados posibles, apuntó.

Subrayó que esta Comisión no debe olvidar a los heridos y fallecidos, ya que actualmente “existe un abandono de estas personas”; por ello, consideró necesario vincular los trabajos para la atención y respeto a las garantías de las víctimas.

Pidió no burocratizar las tareas de la instancia, porque esto no ayuda y no suma en el apoyo que se les debe bridar a los padres de familia.

En su turno, el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI) se pronunció a favor de enriquecer el plan de trabajo para que este sea de carácter enunciativo y no limitativo, ni definitivo, y solicitó que la comisión se enfoque en dar seguimiento a las investigaciones y no se fije una opinión que no sea por la vía oficial.

En tanto, Roberto Guzmán Jacobo, diputado de Morena, dijo que la Comisión debe realizar reuniones extraordinarias para poder avanzar y esclarecer la realidad. “Tenemos que enfocarnos en esta línea porque a un año no se sabe nada y se sigue con la incertidumbre”, dijo.

Refirió: “es triste ver que los padres de los estudiantes desaparecidos son agredidos por los militares y reprimidos en las diversas manifestaciones”. Por ello, enfatizó que se deben buscar mecanismos que eviten hechos como los ocurridos en la Carretera de Tixtla-Chilpancingo, donde “una manifestación pacífica fue atacada con gases lacrimógenos”.

En representación del Movimiento Ciudadano, la diputada Marbella Toledo Ibarra puntualizó su interés primordial por abonar a que los hechos del 26 de septiembre lleguen a un buen término y se esclarezca lo que sucedió.

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco propuso entrevistarse con los expertos forenses argentinos y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes han cuestionado la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Asimismo, planteó integrar un grupo de trabajo para reunirse con los procesados penalmente y conocer sus expedientes, a fin de confrontar la información de la PGR.

En el Plan de Trabajo destacan reuniones con los familiares de los jóvenes estudiantes para conocer la información de que disponen respecto a los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, así como allegarse la información necesaria que permita detallar los acontecimientos ocurridos con los normalistas.

También se prevén encuentros con servidores públicos federales, estatales y municipales que conforme a su competencia intervienen o participaron en los hechos, y presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados los informes correspondientes.

De igual forma, efectuar cualquier otra acción que contribuya a lograr los objetivos de continuar las investigaciones y seguimiento de los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionados con los hechos de los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

El programa de acciones especifica que la Comisión Especial se reunirá con todas las autoridades que considere necesarias, organismos de derechos humanos y ciudadanos en particular, entre los que destacan encuentros con miembros de las comunidades donde se registraron los hechos en Iguala y Cocula, Guerrero, y organizaciones de la sociedad civil.

Entre las autoridades federales, estarían los titulares de la secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina; de la Procuraduría General de la República; de la Dirección General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; del Comisionado Nacional de Seguridad; de la Policía Federal, y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Además, con los ex funcionarios Jesús Murillo Karam y Monte Alejandro Rubido.

Respecto a las autoridades de Guerrero, prevé reunirse con el gobernador; el mandatario electo y el Fiscal General de Justicia, así como con ex funcionarios, entre ellos Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador; Jesús Martínez Garnelo, ex secretario general de Gobierno; Iñaki Blanco, ex Fiscal General, y con los ex secretarios de Seguridad Pública y de Protección Civil del estado.

También con autoridades municipales y policiacas de los Ayuntamientos de Iguala y Cocula; con comisiones y organismos de Derechos Humanos, estatales, nacionales e internacionales, entre los que sobresalen representantes de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de la OEA y del grupo de Antropología Forense de Argentina.

Además, del sacerdote Alejandro Solalinde; el director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y líderes sociales de la comunidad.

También asistieron a la reunión las diputadas Guadalupe González Suástegui, del PAN, y Araceli Damián González, de Morena, así como el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social.

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