• El afluente tiene al menos 25 sustancias nocivas por desechos industriales; pueden causar cáncer, entre otros males

05-04-2016.- La Cámara de Diputados exhortó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que vigilen el cumplimiento de las normas y sancionen a quienes contaminen el río Atoyac, en Puebla y Tlaxcala.

El afluente, señaló, es considerado uno de los más afectados del país por las descargas de aguas residuales y de desechos industriales.

Al fundamentar el llamado, Arturo Álvarez Angli (PVEM) acusó que la actividad humana de 38 municipios de Tlaxcala y 22 de Puebla, es la responsable de la polución del rio. Diariamente, abundó, unas mil industrias descargan sus desechos en este cuerpo de agua, lo cual ha ocasionado su el afluente tenga, al menos, 25 sustancias nocivas.

Por esa razón, el río Atoyac es un foco de infección capaz de causar enfermedades como hepatitis, cólera y cáncer.

Reveló que compañías textiles, alimenticias, químicas y petroquímicas, de bebidas, metal-mecánicas, automotrices y de autopartes, así como productoras de papel, lanzan todos los días 146 toneladas de materia orgánica, 68.8 toneladas de sólidos suspendidos y 14 kilogramos de metales pesados a lo largo de los 400 kilómetros de longitud del río.

El diputado enfatizó que el alarmante nivel de deterioro y contaminación que presenta actualmente el río Atoyac, afecta sensiblemente al 40 por ciento de la población que vive en sus márgenes, más de dos millones 300 mil habitantes de los 22 municipios de Puebla por donde corre el caudal.

“Es por eso que exhortamos de manera respetuosa a la Profepa y a la Conagua, para que vigilen la normatividad, y destinen recursos humanos y financieros para la optimización de plantas tratadoras de agua, además de que las autoridades locales frenen la descarga de residuos en el río Atoyac”, concluyó.

Piden a Sedatu intervenir en auxilio de desempleados por cierre de mina de Naica

Asimismo, se aprobó un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que establezca un programa de apoyo para los trabajadores afectados por el cierre de la mina de Naica, en Saucillo, Chihuahua, que por muchos años fue sostén de las familias de la región y cuya inactividad impacta negativamente en sus ingresos económicos.

Planteó que la Sedatu haga uso de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, a fin de crear fuentes de empleo alternas en Saucillo donde, además, la escasez de agua de los últimos años ha mermado la actividad agrícola que, junto a la minera, es la más recurrida de la zona.

Al fundamentar el exhorto, Juan Antonio Meléndez Ortega (PRI) recordó que durante su funcionamiento, la mina de Naica fue reconocida mundialmente como la mejor en extracción de plomo. Al cierre del tercer trimestre de 2014, registró una producción de 14 mil 862 toneladas de este material, así como de 10 mil 987 toneladas de zinc y 1.3 millones de onzas de plata.

En diciembre de ese año, la mina sufrió una inundación. Para continuar con la extracción de metales, la Compañía Mexicana Peñoles invirtió aproximadamente 290 millones de pesos; sin embargo, los recursos fueron insuficientes, por lo que de 700 trabajadores mineros, 140 se retiraron voluntariamente y el resto, ante la imperiosa necesidad de conservar el empleo, “se vio afectado al recibir un salario tabular”.

El diputado insistió en que las familias de Saucillo, además de no contar con empleo, carecen de agua para las actividades agrícolas, y el 70 por ciento de quienes se dedican a cultivar son de la tercera edad, por lo que consideró urgente tomar cartas en el asunto.

“Se corre el riesgo de incumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual contiene las estrategias para lograr un México incluyente, a fin de enfrentar y superar el hambre y, sobre todo, alinear las acciones para revertir la pobreza a través de la construcción de un país próspero”, subrayó.

Situación de inseguridad prevalece en Veracruz; promueven punto de acuerdo para atenderla

Por otra parte, el Pleno cameral conoció la proposición con punto de acuerdo de la diputada Rocío Nahle García (Morena), para exhortar al Ejecutivo federal a que, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Segob, intervenga para atender la “situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz, y que amenaza la paz pública, lesiona el Estado de derecho y ha puesto en peligro a la sociedad”.

Al presentar el documento, el diputado Sergio René Cancino Barffuson (Morena) detalló que, entre otras acciones, el exhorto planeta acelerar las investigaciones sobre los delitos de desaparición forzada que se han cometido durante los últimos cinco años y brindar medidas de protección al gremio periodístico, “ante la violencia extrema de que han sido víctimas varios de sus miembros”.

La proposición con punto de acuerdo no fue considerada de urgente resolución por el Pleno. Fue turnada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su trámite.

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