• Entre ellos se encuentran Liconsa, Estancias Infantiles, Diconsa, Injuve, Inapam y Prospera
• De suspenderlos, se generaría mayor vulnerabilidad o se podrían violentar derechos humanos de beneficiarios: Suárez Licona

05-04-2016.- En reunión con la Comisión de Desarrollo Social, el Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Sedesol, Emilio Suárez Licona, aseguró que programas como Liconsa, Estancias Infantiles, Diconsa, Injuve, Inapam y Prospera “continuarán con su funcionamiento habitual, siendo cuidadosos en las semanas clave previas a la jornada electoral”.

Mencionó también los programas de Adultos Mayores, Seguro de Vida para Jefas de Familia, Atención a Jornaleros Agrícolas y Comedores Comunitarios, los cuales tampoco se suspenderán, debido a que se generaría una mayor condición de vulnerabilidad en los beneficiarios sociales o se podrían violentar sus derechos humanos por la naturaleza del mismo programa o la conformación del padrón.

Suárez Licona dijo que aquellos programas cuyo padrón está sujeto a convocatoria, “se recanderizarán posteriormente a las elecciones”. En este caso son: Inversión Social, Empleo Temporal, Fomento a la Economía Social, Opciones Productivas y Tres por Uno.

El presidente de esta instancia legislativa, diputado Javier Guerrero García (PRI), explicó que la reunión es importante no sólo por la coyuntura del tema, sino por el esfuerzo que hace la Sedesol en materia de transparencia.

Un tema importante a destacar, comentó, es la capacidad que se tenga para transmitir la información y los criterios con que operan los programas, así como el tipo de empoderamiento de la población.

Mencionó que uno de los aspectos importantes es el de comunicación en lengua indígena, donde las reglas de operación de los programas ya se encuentran en sus lenguas.

En su intervención, Suárez Licona destacó que en el marco de las determinaciones de cada programa social, la Sedesol ha instalado un comité central de legalidad y transparencia de blindaje electoral, en donde por primera vez se incorpora la participación de la contraloría social, integrada por los propios beneficiarios.

Precisó que se han instalado 14 comités preventivos de blindaje electoral, uno por cada entidad federativa donde habrá elecciones, los cuales cuentan con la participación de la contraloría interna, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y los órganos electorales locales, así como legisladores y contralorías de cada entidad que tienen incidencia.

Asimismo, expresó, en cada uno de estos comités se lleva a cabo un proceso de certificación de beneficiarios de los programas sociales, en cuanto a mecanismos de denuncia, derechos humanos y transparencia.

Aunado a ello, se creó un micrositio dedicado al blindaje electoral que concentra todas las acciones de coordinación institucional, de asistencia ciudadana y mecanismos de transparencia; además, se capacitó a mil 600 funcionarios del sector social involucrados con programas de estas 14 entidades federativas.

Señaló que uno de los retos es mejorar los mecanismos de fortalecimiento institucional de supervisión y control; por ello, el trabajo coordinado con la Fepade y el órgano interno de control para tener una sólida participación del sector social y promover el respeto a los derechos humanos de los beneficiarios.

Indicó que los comicios a celebrarse en 14 estados de la República, el próximo 5 de junio, se elegirán 12 gobernadores, 448 diputados y 965 alcaldes, para un total de mil 425 cargos públicos.

Dichas elecciones representan el 45.40 por ciento de la población votante del país y se concentra el 43 por ciento del número total de servidores públicos del sector social.

En términos de pobreza, enfatizó, se concentra el 42 por ciento de los pobres moderados de México, así como el 43 por ciento de los pobres extremos a nivel nacional.

Agregó que el blindaje electoral es una política de transparencia que da certeza a acciones efectuadas desde el sector social en el periodo electoral y su objetivo es prevenir y evitar que la ejecución de programas sociales influya en las contiendas electorales.

En su turno, titular del Órgano Interno de Control de Sedesol, Paulo Arturo Téllez Yuren, mencionó que dicho órgano participa en el comité central de blindaje electoral, el cual velará por que los servidores de esta dependencia y de los organismos sectorizados se conduzcan bajo principios de transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas.

Uno de los ejes rectores, acotó, es brindar certeza a los titulares de los derechos de cada uno de los programas sociales y delimitar el marco de acción de los servidores públicos, ya que “en ocasiones los propios servidores públicos no conocen los límites de sus actuaciones”.

En este sentido, continuó, el órgano interno desempeña funciones preventivas, y una de sus principales atribuciones es integrar, investigar y, en su momento, iniciar procedimientos en caso de sanciones en contra de servidores que se vean envueltos en irregularidades administrativas.

Por el Revolucionario Institucional, Jorge Alejandro Carvallo Delfín pidió al funcionario abundar acerca de las denuncias ciudadanas en torno al empoderamiento de los derechos políticos de quienes detentan un programa social y la prospectiva para el año 2016 en este aspecto.

Representando al PRD, la diputada Natalia Karina Barón Ortiz reconoció el esquema de denuncia de delitos delitos electorales de la Sedesol, aunque señaló que el conocimiento de tal mecanismo debe difundirse en todas partes del país, principalmente en zonas rurales, como las de Oaxaca, para que los habitantes puedan hacer valer sus derechos.

En su intervención, la diputada Ximena Tamariz García (PAN) solicitó información sobre los programas que han sido suspendidos y cuáles han sufrido alguna modificación.

La perredista Araceli Saucedo Reyes sugirió revisar los mecanismos del blindaje electoral, ya que es lamentable que en las regiones rurales estos programas se utilicen para intimidar a los beneficiarios en los procesos electorales para votar por algún partido político determinado.

Suarez Licona aseguró que una opción oportuna para difundir en las comunidades marginadas los mecanismos de protección y blindaje electoral de los programas sociales, es trabajar en conjunto con la Contraloría Social, que cuenta con 550 mil elementos en todo el país.

Para el proceso electoral del próximo 5 de junio, que tendrá efecto en 14 entidades, detalló que la Sedesol enfrenta el reto de divulgar esta información entre el 43 por ciento de los servidores públicos del sector social, además del 41 por ciento de los beneficiarios, esto es, cerca de 15 millones de personas.

Necesarios dos mil mdp para que Diconsa distribuya alimentos en comunidades marginadas: Valle Pereña

Por su parte, el director general de Diconsa, Juan Manuel Valle Pereña, estimó que se necesitan dos mil millones de pesos para que esta abastecedora de alimentos a comunidades marginadas pueda corregir en los próximos tres años las deficiencias de su infraestructura (tiendas y almacenes) y vehículos.

“Nuestro compromiso es trabajar eficientemente para que, sin pedir más y sin que nos recorten presupuesto, cumplamos ese objetivo y dejemos a la empresa en condiciones óptimas, para que los trabajadores reconozcan que el lugar donde laboran ofrece las mejores condiciones para su desempeño diario”, agregó.

Durante su exposición, recordó que Diconsa tiene presencia en 30 mil localidades del territorio nacional, a través de 27 mil tiendas y 300 unidades móviles, y que el 50 por ciento de ellas se desplaza en comunidades indígenas. En todas se ofrecen 23 productos de canasta básica, 18 alimenticios, y cinco de limpieza y aseo personal, hasta 23 por ciento más baratos.

Pese a la asistencia que brinda la empresa en muchas comunidades de alta marginación –beneficia a 12.5 millones de personas-, Valle Pereña reconoció que aún existen ocho mil localidades en las que no se encuentra. Consideró que Diconsa “realmente debe tener presencia” en dos mil o tres mil de ellas, dado que no cuentan con servicios de abasto de alimentos a precios accesibles.

Por otra parte, subrayó que un factor de importancia para esta paraestatal es la comunicación social. Muchos ciudadanos no están familiarizados con la empresa, sin embargo, “no se trata de salir en los medios, sino que la gente conozca bien Diconsa, sepa lo que hace y cómo lo hace”, refirió.

Asimismo, comentó a los diputados que el organismo a su cargo se ha propuesto fortalecer vínculos con proveedores locales para que pongan en marcha proyectos de inclusión social en las localidades donde tiene presencia Diconsa.

El diputado Javier Guerrero García (PRI), presidente de la comisión de Desarrollo Social, destacó la labor de Diconsa para fortalecer sus actividades y pronosticó un buen cauce en el tema presupuestal, pues el titular de la dependencia tiene amplia experiencia en Hacienda y Egresos.

Aseguró que Diconsa se encuentra con grandes retos, ya que el impacto de los costos de la canasta básica en comunidades marginadas es enorme; por ello, dijo, se requiere la integración de mercados locales y de productores de estas comunidades, para que comercialicen sus cultivos en las tiendas de este organismo, las cuales están ubicadas en zonas catalogadas de alta y muy alta marginación.

Consideró que un ejemplo exitoso de la vinculación entre estos sectores es Oaxaca, donde este diseño de política pública ha permitido el desarrollo de la cadena de distribución de los productos locales, así como el crecimiento y consolidación de Diconsa.

El diputado Miguel Ángel Huepa Pérez (PAN) cuestionó el procedimiento para abrir una tienda Diconsa en una comunidad rural. Consideró fundamental aumentar el número de proveedores locales que vendan sus productos en la misma región. Además, preguntó por la meta de crecimiento para los próximos años.

El diputado del PRI, Miguel Ángel Sulub Caamal reconoció que Diconsa ha logrado disminuir la carencia alimentaria en 18 por ciento en zonas rurales, “pero también hay que atender la pobreza de zonas urbanas por el tema demográfico, para que en los polígonos y Zonas de Atención Prioritarias el establecimiento estratégico de tiendas Diconsa ayude a abatir la carencia alimentaria urbana.

Del PRD, la diputada Natalia Karina Barón Ortiz indicó que este programa ha permitido a muchas comunidades tener alimentación, pero todavía hay mucho por hacer. Preguntó a quién se le compra el maíz, pues no se produce el 100 por ciento en México, y si en el cierre de tiendas Diconsa tiene que ver la delincuencia organizada.

Al dar respuesta, el funcionario detalló que Diconsa posee una premisa fundamental: “no realizar compras pensando que la gente lo va a pedir, sino lo hace sabiendo que la gente lo solicita, lo cual contribuye a eliminar las mermas y que los productos que se distribuyen permanezcan mucho tiempo en los almacenes”.

Indicó que una de las metas de esta red de abasto es lograr la ampliación de los almacenes de granos e identificar los estados donde se tiene mayor concentración de consumo y una peor infraestructura de acopio, y enfocar apoyos que permitan su modernización y mejor distribución.

Comentó que se pretende que en los próximos tres años se construyan tres o cuatro almacenes en la zona sureste del país; además, se prevé incluir a los productores de perecederos.

Informó que existe el compromiso de rebasar la compra de 215 mil toneladas de granos, de las cuales se hará una asignación del 20 por ciento de las adquisiciones a productores sociales.

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