• Los causa la falta de aplicación del principio de anualidad: auditor Portal Martínez

06-04-2016.- En 2014, los subejercicios en fondos y programas revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ascendieron a 63 mil 607.2 millones de pesos, cifra que equivale, aproximadamente, al 50 por ciento del recorte presupuestal para este año, anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en febrero pasado.

Así lo precisó el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, ante diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside el legislador Luis Maldonado Venegas, durante el análisis del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, en el tema de fiscalización del Gasto Federalizado.

Portal Martínez destacó que los casos más graves de los subejercicios se dieron en los programas de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior y el de Escuelas de Tiempo Completo, así como en los fondos para Elevar la Calidad de la Educación Superior, de Cultura, de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y para la Infraestructura Social Estatal.

La causa, falta de aplicación del principio de anualidad. Por ello, dijo, la reciente Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios posibilitará un mejor orden en las finanzas de los gobiernos locales, y establece disposiciones para que la regla de la anualidad sea cumplida a cabalidad.

Una limitante del esquema actual radica en que el dinero subejercido se devuelve a las cuentas de los fondos, que son manejadas por los estados. “Esto impide contar con las condiciones necesarias para propiciar una rendición de cuentas completa y efectiva en las entidades federativas; la solución es que los recursos regresen a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y no a la cuenta de los fondos pertenecientes a los gobiernos estatales”.

Tal situación, agregó, significa que peso federal que no se utilice dentro del periodo fiscal y en los propósitos para los cuales fue aprobado, el mismo deberá reintegrarse a la Federación. Adelantó que a partir de este año, la ASF revisará la observancia de la referida Ley de Disciplina Financiera, de manera especial en lo que concierne al principio de anualidad.

El diputado Javier Guerrero García (PRI) preguntó por qué a pesar de una creciente acción de fiscalización en materia de gasto federalizado de la ASF, las faltas y observaciones se repiten y las irregularidades en el manejo de los recursos federales son las mismas a las de hace unos años, y cuáles son los impactos reales del trabajo de la ASF en la corrección y disminución de dichas auditorías.

Su compañera de bancada, legisladora María Esther Scherman Leaño, cuestionó si México, particularmente la ASF, se someterá este año a una auditoría voluntaria ante organismos internacionales para saber si sus acciones son correctas, e inquirió sobre el incremento de los recursos que la ASF destina a las ayudas sociales.

De Acción Nacional, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos calificó como inadmisible que cada año en esta Cámara se siga debatiendo el mismo problema de las entidades federativas y los municipios a partir de los resultados de fiscalización de la Cuenta Pública. Los resultados de la 2014, nos indican que “ya no es posible seguir manteniendo un modelo de corresponsabilidad fiscal entre Federación, estados y municipios, que a todas luces premia la ineficiencia en el gasto público local”.

Subrayó que el desvío de recursos para fines diferentes a los que establece la ley, por actos de omisión o corrupción, son una constante. Agregó que el daño a la hacienda pública de las observaciones a entidades y municipios ascendió a poco más de 30 mil millones de pesos. “Es momento de replantear el sistema de coordinación fiscal, establecer sanciones fuertes y más atribuciones a la ASF”.

Maricela Contreras Julián, legisladora del PRD, expresó que este informe revela que se tienen enormes retos para que el ejercicio de los recursos públicos sea eficaz y cumpla con su objetivo de mejorar la vida de quienes habitan en México, reducir la desigualdad y la pobreza; sin embargo, de esos datos se desprenden preocupaciones sobre la multiplicidad de facultades.

Preguntó si el principal problema de esta situación es la falta de ética en la función pública; si es necesario construir un sistema que considere lineamientos éticos y esquemas de profesionalización. Agregó que las entidades que presentan mayores irregularidades, son las que tuvieron o tendrán procesos electorales; por ello, inquirió si existe coordinación entre la ASF y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para detectar y denunciar estos hechos.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja (Morena) cuestionó por qué la Auditoría no reveló el nombre de la empresa beneficiaria del contrato APP del ISSSTE en el Informe Anual 2014 y cuáles han sido las acciones por la ASF ante las irregularidades detectadas en este contrato y qué funcionarios han sido denunciados por las anomalías.

En el tema de gasto federalizado, comentó que la Auditoría reportó que de las observaciones con mayor impacto económico pendientes de solventar por los estados, entre 2011 al cuarto trimestre de 2015, Veracruz sufre un quebranto de más de 45 mil 879 millones de pesos, por lo que se ubica como la tercera entidad más endeudada del país; por ello, cuestionó si es necesario eficientar la supervisión del gasto federalizado y qué propone para terminar con las recurrencia de irregularidades.

En tanto, la diputada Claudia Corichi García (Movimiento Ciudadano) señaló que el subejercicio es un asunto recurrente en la gestión del gasto federalizado, en la revisión de 2013 existían recursos no ejercidos por más de 26 mil millones de pesos y para 2014 llegó a 28 mil 500, es decir, cerca de dos millones más. Por ello, cuestionó qué impacto han tenido las solicitudes de aclaración emitidas por la ASF para contrarrestar esta tendencia, y qué sucede cuándo las entidades fiscalizadas no atienden esta solicitud.

Respecto al Seguro Popular, la ASF detectó una serie de irregularidades en la operación del programa, como recursos no devengados en el término del ejercicio, y preguntó qué consecuencias tiene el mal manejo y cuáles son las razones por las que presenta tantas deficiencias.

Por su parte, el diputado Francisco Javier Pinto Torres (Nueva Alianza) comentó que la reforma educativa ha traído beneficios, pero también problemas al propio sistema educativo, y uno de ellos son las escuelas de tiempo completo, donde existe un desfase. Recomendó hacer las observaciones correspondientes a esos gobiernos locales.

Asimismo, indicó que al transitar del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEBN) al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), quedaron muchos detalles por resolver, principalmente en prestaciones salariales de los trabajadores; por lo que estimó que esos conceptos deben ser armonizados en los estados.

El diputado independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, señaló que el Índice de Desarrollo Municipal puede ser de gran utilidad para el Mando Único, por lo que pidió cruzar ambos conceptos y compartir esta información con las instituciones correspondientes.

Destacó la importancia del desarrollo municipal, y compartió la necesidad de implementar un programa nacional al respecto.

En su intervención, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, destacó que uno de los principales resultados de la fiscalización al gasto federalizado en la Cuenta Pública 2014 fue que el monto observado ascendió a 77 mil 380.6 millones de pesos (mdp), 5.3 por ciento mayor al de 2013. Lo integran 47 mil 62.8 mdp, del importe por aclarar y 30 mil 317.8 mdp, de recuperaciones determinadas.

Algunas de las problemáticas con mayor peso, en función del monto observado, fueron: recursos no devengados, no ejercidos o no reintegrados a la TESOFE, por 28 mil 508.7 millones de pesos; falta de documentación comprobatoria del gasto por 9 mil 306.1 mdp; recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa por 8 mil 389.6 mdp.

También, retenciones no enteradas a terceros institucionales por 5 mil 854.6 millones de pesos; recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores por 5 mil 80.5 mdp; transferencias no justificadas de recursos a otras cuentas bancarias por 4 mil 653.6 mdp; pagos improcedentes o en exceso por 4 mil 568.9 mdp, y otros conceptos de irregularidad con un monto de 11 mil 18.6 mdp.

La ASF constató la problemática existente en materia de control interno al incorporar su evaluación como parte de las auditorías sobre gasto federalizado. En el caso de las entidades federativas, los resultados de la revisión de este concepto en la Cuenta Pública 2014 muestran que, de 287 auditorías en las que se evaluó el control interno, en el 7 por ciento éste fue satisfactorio; en el 74.2 por ciento regular y en el 18.8 por ciento deficiente.

Por su parte, en los municipios, de 390 auditorías realizadas en las que se evaluó el control interno, en el 20.8 por ciento este fue regular y en el 79.2 por ciento deficiente.

Juan Manuel Portal reconoció los avances que se han experimentado en materia de fiscalización superior a nivel federal, pero “desafortunadamente, a nivel estatal, la realidad es otra. Hay fenómenos recurrentes que se presentan en la mayoría de las entidades federativas, independientemente del partido político en el poder. Principalmente, a la presión que enfrentan los auditores superiores estatales para cumplir cabalmente con su función”.

Relató que para nadie es desconocido que, cuando un nuevo gobernador toma protesta, es altamente probable que el titular en turno de la entidad de fiscalización superior del estado sea remplazado. “No existen circunstancias que permitan a los auditores superiores realizar su trabajo de manera independiente”.

El nuevo esquema jurídico e institucional en materia de responsabilidades administrativas, previsto en el Sistema Nacional Anticorrupción, busca subsanar la limitación estructural, que propicia que los órganos internos de control, estatales y municipales, se erijan en juez y parte en esa materia.

“Es relevante subrayar el peso que tendrá el establecimiento de los sistemas locales dentro de Sistema Nacional Anticorrupción. Si no se generan las condiciones adecuadas para que a nivel local se opere lo que señala la reforma constitucional, el desarrollo y éxito de este proyecto para el país estará en riesgo”, afirmó.

El funcionario agregó que la falta de disciplina financiera y las debilidades en las finanzas de los gobiernos locales, se vincula con el crecimiento del gasto corriente y del servicio de la deuda, pues tan sólo en el periodo de 2010 a 2014, las participaciones federales tuvieron un crecimiento medio anual de 3.9 por ciento a precios constantes, por lo que se incrementaron en 16.7 por ciento en ese lapso, en tanto que la deuda se incrementó en 47.8 por ciento en términos reales; es decir, creció más de tres veces que la caída de las participaciones.

Otro rubro que ha afectado la posición financiera de los estados, lo constituye la gestión inadecuada del gasto educativo, ya que se concedieron, por parte de las entidades federativas, prestaciones al personal que no estaban autorizadas, ni soportadas presupuestalmente por la Federación.

Un tercer punto, es el insuficiente aprovechamiento de las fuentes de ingresos. Por ejemplo, la eliminación del cobro de la tenencia vehicular por varios gobiernos estatales obedeció a consideraciones políticas.

En el caso de los municipios, continuó, resulta relevante el reducido monto captado por concepto del impuesto predial, que en México significa sólo 0.2 por ciento del PIB. Además, el 90 por ciento del monto recaudado por este concepto se concentra en 150 municipios del país.

Tal situación, dijo, “se debe a que los gobiernos locales ponderan altamente el costo político por encima del aprovechamiento pleno de sus fuentes contributivas, lo que acentúa su dependencia de los recursos federales transferidos”.

Por otra parte, expuso que en algunos programas no es claro el mecanismo de asignación de los recursos, lo que propicia la discrecionalidad en su distribución. Son los casos de los programas: Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación; el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; Proyectos de Desarrollo Regional; Fondo de Infraestructura Deportiva y el Fondo de Capitalidad.

La ASF no avala ni desacredita gestiones de gobierno ni partidos políticos, no es esa su misión. Atiende solamente el cumplimiento del mandato constitucional, y las disposiciones que se derivan del mismo, de ser el órgano técnico de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública, aclaró.

“Hay problemas identificados en la fiscalización del gasto federalizado que sólo tendrán solución con la participación del Poder Legislativo. Necesitamos redoblar esfuerzos para que la ASF y la Comisión de Vigilancia interactúen con una sola visión y un mismo objetivo”, pidió.

El auditor Portal Martínez dijo que lo que provoca subejercicios es la falta de disciplina financiera local, la desorganización y el desorden en el manejo de sus finanzas que se va arrastrando año con año, viéndose en la necesidad de utilizar recursos de otros fondos por este desaseo.

Precisó que los fondos que reciben con oportunidad no los aplican como debe de ser y se quedan en las cuentas. El problema que preocupa más, es que posteriormente los recursos ya no están y no son subejercicios sino una desviación de recursos, lo que provoca que se queden sin utilizar.

Subrayó que la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios prevé que recursos que no se utilizan al 31 de diciembre, no estén devengados o comprometidos, deberán reintegrarse a más tardar 15 días después del cierre. “y esto es muy importante porque va a evitar desviaciones que de años y años han ocurrido en prácticamente todos los fondos”.

El titular de la Unidad de Evaluación y Control, Alejandro Romero Gudiño, mencionó que uno de los principales componentes del gasto público federal de nuestro país, es el gasto federalizado, que representa 35.3 por ciento del gasto neto total correspondiente a la Cuenta Pública de 2014.

El análisis de este gasto describe la principal estructura presupuestal con la que el Estado mexicano afronta alguno de los problemas más importantes y retos para entidades federativas y municipios como creación y desarrollo de infraestructura, pago de servicios educativos, potenciación del crecimiento regional, combate a la inseguridad, pago de obligaciones, pagos de servicios de salud, desarrollo de proyectos productivos, y la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

El propósito de la fiscalización superior es apoyar mediante su labor, el desarrollo de acciones para una gestión cada vez más eficiente y transparente de los recursos de los fondos y programas del gasto federalizado por los beneficios que significa para la población, así como coadyuvar al nivel de efectividad con el que se materializan diversas disposiciones normativas contempladas en la Constitución.

Subrayó que la ASF, al fiscalizar el gasto federalizado, reporta diversas irregularidades que en general se pueden agrupar en subejercicios presupuestarios, incumplimiento de metas y objetivos, traspasos irregulares a cuentas concentradoras diferentes a los fines de cada fondo y programa, ausencia de controles internos, incumplimiento en la normatividad, falta de oportunidad e idoneidad en el gasto público, recurrencia de irregularidades, así como dispendio y opacidad, entre otros.

Respecto a la fiscalización superior de esta Cuenta Pública en materia de gasto federalizado, destacan la confirmación de la relevancia del gasto federalizado para las finanzas públicas de los gobiernos subnacionales; se constata que los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México representan la parte mayoritaria de sus ingresos totales.

En las entidades federativas las transferencias equivalen aproximadamente al 90 por ciento de sus ingresos y en los municipios al 74 por ciento, aunque en los municipios rurales y con mayor marginación su importancia es superior al 90 por ciento, añadió.

Precisó que en la revisión de la Cuenta Pública 2014 se efectuaron mil 178 auditorías a las 32 entidades federativas, 570 a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 60 universidades, y 28 dependencias federales, que significó un aumento de 27.8 por ciento respecto a las auditorías practicadas en la pasada revisión, que fue por 992.

El monto observado en las auditorías practicadas a gasto federalizado fue de 77 mil 380.6 millones de pesos, derivado de los conceptos de recursos no devengados, no ejercidos o no reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 28 mil 508 millones de pesos, que representaron el 36.8 por ciento del monto total observado en la fiscalización superior del gasto federalizado; y falta de documentación comprobatoria del gasto, por 9 mil 306.1.

Además, recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con objetivos específicos de cada fondo o programa por 8 mil 389.6 millones de pesos; retenciones no enteradas a terceros institucionales por 5 mil 854.6 millones de pesos y recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la administración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores por 5 mil 80.5 millones de pesos, entre otros.

Arturo Orci Magaña, auditor especial del Gasto Federalizado, subrayó que la ASF se ha abocado a incrementar su presencia de forma permanente y de capacitación en los municipios, con la finalidad de tener menos equivocaciones en el ejercicio del gasto. “Estamos tratando de tener mayor contacto con las autoridades que ejercen recursos federales a nivel local”.

Comentó que el programa de Escuelas de Tiempo Completo ha sido muy observado debido a una incongruencia de carácter normativo entre reglas de operación y forma real de ejercicio de los recursos en el sector educativo respecto del ciclo escolar, por lo que se ha trabajado con la secretarías de Hacienda y de Educación para que se corrija este tema.

Refirió que el FONE es uno de los fondos que más recursos canaliza, casi 340 mil millones de pesos al año en las entidades federativas, con éste muchas veces se resolvían problemas de caja de las entidades federativas y al centralizar la nómina dado el desorden que se había generado, se pretende evitar discrepancias; sin embargo hay de origen un problema serio que es un número importante de prestaciones. En la revisión se determinó que está centralización de la nómina le significó al gobierno federal alrededor de 30 mil millones de pesos adicionales a lo que le costaba el FAEBN.

Víctor Manuel Andrade Martínez, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, señaló que a la fecha la auditoría tiene más de 261 denuncias penales presentadas. “Ustedes tengan la certeza que en cada uno de los temas donde se encuentre un presunto daño patrimonial la auditoría va a ir al límite de sus facultades”.

Resaltó que históricamente, la ASF -desde la Cuenta Pública 2001 e incluye cualquier rubro o tipo de recurso federal- ha iniciado mil 491 procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, los cuales han involucrado a más de cuatro mil 600 personas, ya sea servidores públicos o particulares. De esos actualmente se tienen resueltos mil 344. Agregó que de los mil 491, se han recuperado más de mil 600 millones de los procedimientos resarcitorios que se han iniciado.

Con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, comentó, una vez materializado ese mecanismo, las responsabilidades resarcitorias las llevará el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y todo aquello que sea de conducta grave. Y en su caso, las denuncias penales se presentarán ante la fiscalía anticorrupción.

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