10-04-2016 El diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (Movimiento Ciudadano) propuso que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue la emisión de placas y engomados para la circulación de vehículos extranjeros, que realizan la Unión Campesina Democrática (UCD) y la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa) en diversos estados de la República.

El secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, mediante un punto de acuerdo, sostuvo que se requiere transparentar este proceso y conocer los criterios por los cuales se expiden estos documentos que carecen de validez oficial, ya que no provienen de una autoridad legalmente constituida.

Propuso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) diseñe un mecanismo accesible para regularizar los vehículos que actualmente portan placas de dichos grupos, a fin de lograr una apropiada identificación y recaudación de los derechos correspondientes.

Explicó que la importación definitiva de vehículos se encuentra regulada por la SHCP y la Secretaría de Economía; sin embargo, debido al incremento en el decomiso de automotores efectuado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), muchos ciudadanos han optado por recurrir a dichas organizaciones como un mecanismo para “regularizarlos”.

De esta forma, dijo, se incrementan las unidades que circulan de forma ilegal, convirtiéndose en un gran negocio para diferentes organizaciones como son la UCD y la Onappafa, las cuales afilian los automotores por un costo promedio de 3 mil pesos, de acuerdo con su valor, y emiten placas y engomado.

“La ilegalidad con la que circulan miles de automóviles representa un riesgo para el patrimonio de los propietarios y facilita la extorsión, y por el miedo a perder el vehículo, los propietarios permiten que las autoridades cometan abusos y actos de corrupción”, afirmó.

Sosa Carpio destacó que en la medida en que prolifera la circulación de autos sin registros y permisos adecuados, aumenta de manera significativa la probabilidad de que sean utilizados por el crimen organizado.

“Tener un auto sin registro oficial permite a los criminales evadir a la justicia con mayor facilidad, pues el rastreo adecuado del vehículo resulta imposible para las autoridades”, señaló.

Además, la falta de control y registro de las unidades que se importan al país evita una correcta revisión de los vehículos respecto a su estado y emisión de gases, con el riesgo de generar graves peligros para la salud y seguridad de las personas, enfatizó.

El legislador refirió que, en el caso de Tamaulipas, se calcula que circulan ilegalmente alrededor de 20 mil vehículos de procedencia extranjera. La UCD aglutina al mayor número de “beneficiados”, con alrededor de 17 mil vehículos, mientras que la Onappafa tiene en sus registros más de 2 mil 700 unidades.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Onappafa y la UCD se promocionan como opciones para regularizar los automóviles de procedencia estadounidense, y sólo basta ser integrante de alguna de ellas para circular sin ser molestados.

Indicó que, de acuerdo con declaraciones de los líderes de esas organizaciones, la razón por la que los propietarios de vehículos pueden circular sin problema alguna, se debe a que tanto la Onappafa como la UCD han llegado a acuerdos con autoridades estatales y federales para que a sus agremiados se les permita circular sin que sean decomisados sus vehículos.

Sin embargo, aclaró, autoridades de la Policía Federal en Ciudad Victoria, Tamaulipas, descartaron que se tenga algún acuerdo con estas organizaciones y que las unidades puedan circular sin restricción alguna.

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