19-04-2016.-

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 383 votos a favor, uno en contra y 32 abstenciones, el dictamen de la minuta por la que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta ley garantiza el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

Establece los mecanismos necesarios, en el ámbito federal, para garantizar de forma efectiva los objetivos de las disposiciones constitucionales y generales. Plantea, asimismo, que toda información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, o bien confidencial.

Determina que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción; además, a ninguna persona se le podrá restringir el derecho de acceso a la información por vías o medios directos o indirectos.

Amplía las obligaciones de los sujetos obligados, en el ámbito federal y establece que deberán poner a disposición de la ciudadanía toda la información que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y deberá mantenerla actualizada en sus respectivos medios electrónicos.

Las disposiciones abarcan a todos los servidores públicos, desde el Ejecutivo federal, hasta órganos autónomos constitucionales.

Clasifica como información reservada aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; la que menoscabe la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales.

También aquella que se entregue al Estado con carácter de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional; cuando afecte las políticas monetarias o financieras del país; la que ponga en riesgo la vida o integridad de una persona física y la que afecte los derechos del debido proceso, entre otros.

La información con carácter confidencial es la que contiene datos personales de una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, comercial, fiscal, bursátil, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y, aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados.

Considera además los tipos de sanciones que serán aplicables en la materia. El INAI podrá imponer a los sujetos obligados amonestación pública o una multa de entre 150 y hasta 1500 veces el salario mínimo general vigente.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena) presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción destacó que la expedición de la nueva ley cierra una etapa para continuar con otras que completen el Sistema Nacional de Transparencia.

Con esta, agregó, se abre la puerta a los cambios que permitan consolidar un marco normativo e institucional que garantice el derecho a la información pública.

Entre sus más importantes logros destacan la ampliación del catálogo de sujetos obligados, la autonomía constitucional del Instituto Nacional de Transparencia, además de que se fortalecen sus atribuciones.

“Se estableció, asimismo, la creación de organismos locales autónomos en materia de transparencia y se sentaron las bases mínimas para el fortalecimiento de la transparencia y el derecho de acceso a la información”.

El diputado Castro Vázquez reconoció que aún falta legislar en torno a datos personales en posesión de sujetos obligados y en materia de archivos.

Al término de su intervención, presentó una adenda para incluir en el dictamen una modificación al artículo 4o transitorio, misma que fue aprobada por el Pleno.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (PES) se congratuló por el hecho de no clasificar como reservada aquella información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción.

Dijo también que no basta con la apertura de la información, “debemos vigilar que los datos tengan un lenguaje sencillo y procuren su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas y al sistema Braille. Además, porque se incrementa el número de sujetos obligados al pasar de 245 a casi 900”.

Luis Alfredo Valles Mendoza (NA) consideró que el camino de la democracia en el país no ha estado exento de retos y de manera similar ocurre con la adopción de la transparencia como vía para la construcción de un gobierno abierto, en donde no existan verdades de Estado ni secretos que deban ser preservados del escrutinio público.

El derecho al acceso a la información, añadió, conlleva un ejercicio consciente y responsable. “No solo consiste en disponer de datos y documentos de carácter público a discreción, sino del compromiso para una correcta interpretación y uso de los mismos, dando siempre un cauce institucional y en el marco de la ley para no tergiversar el espíritu de la transparencia”.

José Clemente Castañeda Hoeflich (MC) mencionó que el derecho a la información no es una concesión del Estado, sino un mecanismo ciudadano para equilibrar el ejercicio del poder y reconocer que la política se debe ejercer en público y de frente a los ciudadanos.

El acceso a la información, dijo, debe ser un instrumento para combatir la corrupción, el derroche de los recursos y los abusos del poder. “Implica reconocer el lugar central de los ciudadanos en la vida democrática y la primacía del interés público por encima de los intereses particulares”.

María Teresa Cuenca Ayala (PVEM) enfatizó que la transparencia es irrefutable en todo Estado democrático y nuestro país no puede ser la excepción. “El acceso a la información es un derecho fundamental que debe ser garantizado y ese es precisamente una de las demandas más sentidas de la sociedad”.

Precisó que más allá de que sea un hecho histórico, se trata de una necesidad, porque brinda las herramientas necesarias para combatir a la corrupción. “Es un paso importante para una nueva cultura de la legalidad y la rendición de cuentas.

Omar Ortega Álvarez, del PRD, señaló que con la aprobación de este dictamen se da una mejora para atemperar la opacidad y la corrupción del sistema nacional. Añadió que si bien toda ley es perfectible, la de Transparencia y Acceso a la Información Pública representa un avance significativo en materia de transparencia, información y rendición de cuentas, lo cual vendrá a completar el Sistema Nacional de Anticorrupción.

Resaltó que con esta reforma se garantiza la transparencia en materia energética y en las empresas productivas del Estado, filiales y subsidiarias; además, instituciones como PGR, Secretaría de Gobernación o gobiernos de los estados, no podrán justificar actos de corrupción escudándose en la omisión de la ley o en la opacidad.

Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (PAN) indicó que la transparencia es mucho más que el solo acceso a la información. En esta ley, abundó, se incorporan nuevos elementos para seguir el tránsito a un modelo distinto de relación entre gobernados y gobernantes. “Un modelo que todos hemos dado por denominar gobierno abierto”.

No obstante, dijo que se puede ser todo lo transparente que se quiera ser, pero si no se traduce en sanciones, en castigo, en combate a la impunidad, “estamos generando un cinismo gubernamental y en el actuar de aquellos que representan a la ciudadanía”.

Edgar Romo García (PRI) manifestó estar a favor de un sistema integral que vaya más lejos de la sola presentación de declaraciones. “Que sea preventivo, fiscalizador, que regule, revise y sancione a toda persona física o moral; un sistema que incentive y permita la participación social. Estamos a favor de que los servidores públicos, incluidos los representantes populares, rindan declaraciones y que transparenten el uso y destino de los recursos públicos”.

Con esta ley, agregó, se da un paso hacia un sistema de transparencia que no se limite a descubrir cuánto tienen los gobernantes, sino que abata la corrupción y evite la impunidad. “Estamos determinados a solidificar la cultura de la legalidad, la rendición de cuentas y la transparencia para robustecer la confianza entre instituciones y ciudadanos”.

En la discusión en lo general, el diputado Manuel Clouthier Carrillo (Independiente) se pronunció en contra del dictamen al considerar que la ley no representará ningún avance si no se establecen sanciones adecuadas “para cambiar la cultura de secrecía y de caja negra que priva en la administración pública”.

Se pronunciaron a favor del dictamen los diputados Alejandro González Murillo (Encuentro Social), Francisco Javier Pinto Torres (Nueva Alianza), María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano), Jorgina Gaxiola Lezama (PVEM), Francisco Xavier Nava Palacios (PRD), Cecilia Romero Castillo (PAN) y Pedro Luis Noble Monterrubio (PRI). En tanto que el legislador Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena), anunció que se abstendría de votar.

Reservas

Se reservaron para su discusión en lo particular los artículos 1, 2, 4, 8, 11, 14, 20, 21, 23, 24, 28, 43, 46, 52, 55, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 91, 99, 110, 153, 154, 163, 174, 187, 202 y Tercero Transitorio.

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