25-04-2016.- La Comisión de Pesca, presidida por el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, avaló punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a que, conforme al artículo sexto transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política, expida a la mayor brevedad el Reglamento de dicha Ley General. Blandina Ramos Ramírez y Mario Ariel Juárez, ambos de Morena, y proponentes del exhorto, refieren que a más de 8 años de estar en vigor esa ley, la emisión de su regulación es nula, por lo que, como indica el artículo sexto transitorio de esa norma, “mientras no se expida dicho reglamento, continuará vigente el de la Ley de Pesca publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1999”. En consecuencia, su aplicación es inadecuada, pues ante la falta de un nuevo reglamento que enmarque las disposiciones actuales, dicha legislación no ha beneficiado al sector pesquero. La Comisión consideró que ese vacío normativo se traduce en la aplicación parcial de la ley. Se requiere un reglamento pesquero incluyente, para beneficiar a los productores, pese al panorama económico nacional. La instancia también aprobó un exhorto para que las secretarías de Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Comunicaciones y Transportes, mantengan como beneficiarios del Programa de Empleo Temporal (PET) a pescadores y acuicultores que ven afectados sus ingresos por situaciones adversas. Refirió que el PET se creó a partir de la necesidad de atender a la población vulnerable, particularmente, por la inestabilidad de sus ingresos. Con el objeto de apoyar de manera temporal los recursos de las familias que dependen de la pesca, afectadas por la baja demanda laboral, consecuencia de los periodos de veda impuestos para las capturas de diferentes especies, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca implementó el PET. El exhorto propuesto por la diputada Blandina Ramos Ramírez (Morena), indica que permitir acceder al sector pesquero a ese programa representa un gran beneficio para el gremio, cuyas actividades e ingresos disminuyen contantemente, profundizando aún más su ya crítica condición. En la reunión de trabajo, la Comisión de Pesca también aprobó un exhorto para que la Sagarpa, a través de Conapesca, elabore estrategias pertinentes, con el fin de ordenar el sector pesquero a nivel nacional, y mejorar el diseño del Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, con base en las observaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Solicitó también evaluar la condición de los recursos pesqueros y acuícolas para incidir en un aprovechamiento sustentable de los mismos. De igual forma, pedir a estatales coadyuven con el gobierno federal, facilitando los elementos de información e investigación necesarios que permitan concretar el ordenamiento pesquero en sus entidades. El diputado Wenceslao Martínez Santos (PAN), proponente del punto de acuerdo, consideró necesario que el Estado cuente con un ordenamiento pequero adecuado, anclado a una estrategia institucional con la responsabilidad de los tres niveles de gobierno. Explicó que los tres principales problemas del sector son la sobreexplotación de los recursos, la sobrecapitalización de la actividad y el conflicto social. “Sabemos que muchas pesquerías ya observan los efectos causados por el desorden, además de que hay un problema de pesca ilegal”, comentó. La Comisión consideró importante que los registros del sector estén actualizados y haya un control sobre las embarcaciones dedicadas a esa actividad. Por último, avaló un acuerdo para exhortar al titular de la Sagarpa a que mediante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, realice acciones de promoción y difusión de los servicios que ofrecen las subdelegaciones y oficinas de pesca en las entidades federativas. También, que dote de nuevas atribuciones y facultades a estas instancias con la finalidad de ofrecer una atención pronta y expedita al sector pesquero y acuícola nacional. El documento refiere que existen inquietudes de quienes participan en la cadena productiva y comercial del sector pesquero y acuícola, por el desconocimiento de los servicios que ofrecen las subdelegaciones y oficinas de pesca en los estados, y la falta de facultades en asuntos como la emisión de concesiones, permisos o programas públicos. Se plantea que la Conapesca realice acciones de promoción y difusión de servicios que ofrecen las 32 subdelegaciones de pesca y las 121 oficinas, a fin de que sean consideradas como lugares de gestión y resolución de los asuntos competentes. -- ooOoo -- |