• También avalan dictámenes de reforma en materia de grupos vulnerables, usurpación de identidad y uso de dinero falso

28-04-2016.- La Comisión de Justicia, que preside el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), aprobó un punto de acuerdo que solicita a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas informe el avance de los protocolos y convenios suscritos con las procuradurías estatales para coordinarse en la localización de personas extraviadas y en los métodos de identificación forense.

El exhorto se extendería a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR para que dé a conocer a la Cámara de Diputados, el avance de los acuerdos alcanzados con Laboratorios de Genética Forense de las entidades para colaborar, recíprocamente, en lo relativo al programa informático de datos de Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS).

La diputada proponente del llamado, Candelaria Ochoa Ávalos (MC), refiere que la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), informó recientemente que su CODIS cuenta con 28 mil 600 perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas, lo que deriva en la identificación de 10 personas al mes.

Sin embargo, advirtió que existe un número no determinado de cadáveres sin identificar en las morgues o en las fosas comunes a cargo de los gobiernos estatales, que no proporcionan datos de cuántos cuerpos sin identificar tienen en sus investigaciones; asimismo, “el cómputo de victimas de desaparición forzada es alto, y denota la lentitud en su búsqueda”.

“Esta situación es particularmente grave por lo que concierne a las personas migrantes desaparecidas en tránsito por México; algo no está funcionando”, agrega.

La Comisión, por su parte, coincide en que resulta alarmante la estrecha relación que guarda la desaparición de personas con ilícitos como la trata de personas, explotación sexual o laboral, y extracción de órganos. Este último, lamentaron los legisladores, es muy lucrativo, pues genera 32 mil millones de dólares al año.

Por tales consideraciones, el órgano colegiado subraya que se requiere un esfuerzo conjunto de instituciones de procuración de justicia, una colaboración de autoridades locales y federales que permita fortalecer el combate a la desaparición de personas.

La Comisión de Justicia también avaló dictámenes de otras modificaciones legales, durante su reunión extraordinaria de esta mañana.

Uno, para reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de usurpación de la identidad, ilícito que, a nivel internacional, se ha expandido de manera exponencial desde hace algunos años, y del cual México “no es la excepción”.

Con la enmienda, se agregaría un apartado especial dedicado a la Usurpación de Identidad en dicho ordenamiento para reconocer su existencia, tipificarlo y precisar las sanciones correspondientes por su comisión: De uno a seis años de prisión y de 400 a 600 días multa.

Respecto al Código Penal Federal, se aprobó el dictamen de una reforma para imponer una pena de dos a cinco años de prisión, y de hasta 500 días multa, a quienes usen monedas falsas para adquirir bienes y servicios. La sanción procederá incluso cuando el individuo tenga elementos para sospechar que posee dinero falso, pero aun así, lo emplee.

La enmienda diferencia entre producción, distribución y uso de moneda falsa, y disminuye la pena por este ilícito en particular, la cual es de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa, en el texto vigente del Código.

Por otra parte, reformaron la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para instruir la creación del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.

Tal instrumento, que sería puesto en marcha por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, tiene el objetivo de proporcionar a quienes se encuentren en proceso ante procuradurías y fiscalías, locales y federales, una lista ordenada de traductores e intérpretes en lenguas originarias, cuando así lo soliciten.

En temas similares, se aprobó una reforma a la Ley de la Defensoría Pública para privilegiar a personas que enfrenten situaciones de riesgo o discriminación, cuando soliciten servicios de asesoría jurídica.

Lo anterior ayudaría a quien solicite protección del Estado durante un proceso y que por sus características de vulnerabilidad – como edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental- requieran de un esfuerzo adicional para desarrollarse y convivir.

La Comisión de Justicia también avaló una modificación a las leyes De Amparo, y Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para incluir al 14 de septiembre como día inhábil en los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Por último, se aprobó el dictamen por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente y el 214 del Código Penal Federal.

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