• Tendrán libertad de gestión, presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios

28-04-2016.- El Pleno aprobó con 436 votos, dictamen que reforma la Constitución Política, a fin de que constituciones estatales garanticen autonomía de gestión, presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios a sus organismos de protección de derechos humanos.

La reforma al párrafo quinto del apartado B, del artículo 102 de nuestra Carta Magna, establece que para la designación de sus titulares, los congresos locales abrirán una convocatoria pública y los elegirán por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. El proceso para su designación se hará a través de un mecanismo transparente, en términos de la ley.

Al fundamentar el dictamen, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, la promovente Lia Limón García (PVEM), dijo que nuestra Constitución sólo habla de una autonomía “lisa y llana”. Esta reforma, fortalecerá la norma publicada el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, al dotar de autonomía no sólo al ombudsman nacional, sino también a los de las entidades federativas.

La reforma busca modificar el proceso de designación de sus titulares, al reducir la posibilidad de injerencia por parte del Ejecutivo local, para que no exista control político de origen sobre el ombudsman estatal.

“Se trata de una norma constitucional de limitación de poder hacia los poderes constituidos de una entidad federativa, a fin de asegurar que las comisiones estatales de derechos humanos no sean capturadas por algún grupo político”, apuntó.

La legisladora precisó que la norma no sólo atiende recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos; también permitirá fortalecer nuestro marco normativo en la materia, al permitir que en las entidades exista mayor respeto a los derechos humanos; un tema pendiente y fundamental.

“La garantía de autonomía de los órganos de protección de derechos humanos es un principio que exige el derecho internacional, como lo establecen los manuales relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción en la materia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, sustentó.

El documento señala que México tiene grandes pendientes en materia de derechos humanos, ya que el 2 de octubre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al realizar una visita a nuestro país, puso énfasis en las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como inseguridad ciudadana, acceso a la justicia e impunidad.

Asimismo, consideró el caso de periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos y otros grupos afectados por la violencia que se vive en el país.

El dictamen considera que la reforma dejará atrás un vacío legal y una excusa para que los órganos de derechos humanos de las entidades federativas sigan condicionados a las autoridades administrativas locales, lo que da lugar a la falta de imparcialidad y objetividad en sus resoluciones.

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