• Realizan en San Lázaro Mesa de Trabajo “Legislación, Derechos Humanos y Género”

• México, con grandes retos por cumplir en materia de equidad dentro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: Plascencia Pacheco

• En 26 estados se castiga más daño patrimonial que abuso sexual: INMUJERES

• Nuestro país, séptimo lugar en participación del sector femenil en su parlamento: ONU Mujeres

17-08-2016.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), diputado César Camacho, informó que la Cámara de Diputados está “a nada” de contar con una Unidad de Igualdad de Género, como lo marca la disposición normativa que, por meses, “había permanecido sólo en letras”.

“Si el buen legislador por su casa empieza, debemos hacer que en San Lázaro esta unidad acredite que no sólo somos capaces de entendernos para únicamente crear instituciones y leyes, sino que aquí mismo se da el ejemplo de que estos principios, valores y normas son vida cotidiana para nosotros”, sostuvo.

Al dar inicio la Mesa de Trabajo “Legislación, Derechos Humanos y Género: Avances, Obstáculos y Propuestas para una Agenda Legislativa”, organizada por la Comisión de Igualdad de Género en el Palacio Legislativo, indicó que éste será un “tema que va a emerger y en el que vamos a estar de acuerdo” para que lo que en este evento discutan y resuelvan se vuelva en materia prima para convertirla en iniciativas, dictámenes y en normas jurídicas vigentes.

“Las mujeres se atreven a todo y hacen bien, es justamente por ello que la agenda que han impulsado mis compañeras, con el respaldo convencido de los varones, ha caminado tan pronto y estoy seguro que en la dirección correcta”, destacó.

Sostuvo que este “tema contemporáneo y de absoluta vigencia” para satisfacción de todas y todos, ha avanzado, pero dada la condición incansable, las mujeres no cejarán en su propósito vital de ir por más.

“Esta mañana vengo hacer no sólo profesión de fe en la igualdad de género, sino a ratificar el compromiso de una bancada cuya fuerza no radica en su número, sino en sus convicciones”, afirmó el priísta.

Consideró que la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Para), y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, se han convertido en una brújula, “estrella polar que permite navegar con seguridad para llegar a puerto seguro”.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), aseguró que México enfrenta un gran reto rumbo al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en materia de equidad entre hombres y mujeres.

“Lo que el día de hoy nos reúne, lejos de ser un foro o una reunión de análisis, es una mesa de trabajo en donde compañeras y compañeros de la administración pública federal vendrán a plantearnos diferentes propuestas en torno a la construcción de la agenda legislativa de la comisión para el próximo periodo ordinario”.

“Hoy y mañana estaremos llenos de un gran trabajo dirigido a la construcción de la Agenda Legislativa que habremos de iniciar en el siguiente periodo, con un compromiso a favor de la igualdad”, celebró.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Lorena Cruz Sánchez, informó que hace más de tres años la institución a su cargo detectó que en 26 entidades del país se castiga más el daño patrimonial como el robo de ganado o el grafitear una barda que el abuso sexual, lo que calificó como vergonzoso.

“Es inconcebible que en siete entidades se exculpe al hombre del delito de rapto si contrae matrimonio con la víctima; inadmisible que en seis entidades la pornografía infantil y la corrupción de menores se clasifique como delitos contra la moral y no como una franca violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”.

Añadió que hasta el momento el 81 por ciento de los estados de la República tienen leyes para prevenir y sancionar la trata de personas. Excepto Nuevo León, todas las entidades cuentan con legislaciones contra la discriminación, sólo falta tipificar el feminicidio en el estado de Chihuahua.

Sin embargo, abundó, hay un rezago importante en el número de entidades que han incorporado la perspectiva de género en sus leyes de presupuestos, de las cuales sólo ocho estados lo hacen en su ley de planeación, y siete etiquetan recursos específicos para acelerar el logro de la igualdad entre mujeres y hombres.

“Al día de hoy existen mecanismos para el adelanto de las mujeres en las 32 entidades del país y en el 74.5 por ciento de los municipios”, reconoció.

Hasta el momento hemos identificado 138 reformas locales en materia penal en pro de las mujeres, como la tipificación del homicidio por razones de orientación sexual o de género y la derogación de tipos penales discriminatorios; no obstante, en materia civil, sólo se han logrado 58 reformas, entre las que destacan el establecimiento de los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio y la derogación de artículos que contenían la figura de emancipación.

Para cumplir las metas de la estrategia nacional para reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente y erradicar el embarazo infantil como lo propuso el Ejecutivo, es fundamental prohibir, sin excepciones, el matrimonio de menores de edad en todo el país. “Es un avance que 16 entidades ya lo han hecho, pero en la otra mitad aún se permiten violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, disfrazadas de dispensas de los códigos locales”.

Advirtió que las niñas, debido a su corta edad, son vulnerables y frecuentemente son víctimas de delitos de rapto, estupro y violación, sin contar la seducción, el engaño y el abuso, en donde la edad del victimario, en relación con la de la víctima es determinante.

“El Comité de Expertas de la CEDAW, ante quienes el próximo mes entregaremos el noveno informe de México en cumplimiento de la convención, ha señalado al Estado Mexicano lo apremiante de eliminar de nuestras leyes, tanto federales como locales, todas aquellas disposiciones discriminatorias contra las mujeres”, enfatizó.

En el contexto de las pasadas contiendas electorales en el país, ocurrieron eventos que involucraron la comisión de delitos contra las mujeres, que fueron desde descalificaciones, hasta asesinatos, lo que obliga a legislar con rigor en torno a la violencia política por razones de género, afirmó.

En su turno, Juliette Bonnafe, especialista de ONU Mujeres México, celebró que gracias al mandato constitucional de paridad de género, México se ha colocado en el lugar número siete entre los países con mayor porcentaje de diputadas, lo que, declaró, “no es cualquier cosa”.

Este espacio, apuntó, servirá para compartir avances y desafíos en materia de igualdad de género en el ámbito legislativo y en el marco de la implementación de la nueva agenda de Desarrollo Sostenible que inició este año.

“Pese a todos estos progresos, las esperanzas de igualdad en los hechos aún están lejos de verse realizadas, el panorama general es de una implementación lenta y desigual, incluso, de regresión en algunos ámbitos a causa de brechas de financiamiento”.

Propuso empoderar las organizaciones de mujeres de la sociedad civil y trabajar de forma conjunta hombres y mujeres, ya que “si no se cambia la mentalidad no se puede cambiar la situación actual”.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (PRI) coincidió en que legislar con enfoque de género, más que una frase de discurso, “es el tiempo de cambio profundo en las mentalidades y los hechos.

Por ello esta LXIII Legislatura será reconocida por construir bases sólidas y reformas necesarias, así como mecanismos institucionales para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres del país”.

Aseguró que el avance de institucionalizar la paridad de género marcó el parteaguas del derecho de las mujeres, por lo que hoy en día la agenda de género está vigente.

Destacó que la Cámara de Diputados camina hacia políticas públicas en materia de igualdad de género, por lo que estas mesas de trabajo tienen como objetivo constituir un diálogo entre el Legislativo y el Poder Ejecutivo, para compartir un balance del estado que guarda la política pública en igualdad, sus logros y, sobre todo, las propuestas de reformas urgentes a realizar que garanticen plenamente los derechos de las mujeres.

“Este ejercicio debe ser de forma conjunta entre el Legislativo y el Ejecutivo, un trabajo de colaboración y análisis e intercambio de reflexiones con las instituciones que hacen posible la igualdad en el desarrollo, la educación, salud, seguridad y justicia”.

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