• Se convocará a organizaciones sociales; hay una gran deuda con las mexicanas: Plascencia Pacheco

18-08-2016.- La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, informó que se convocará a una reunión nacional con organizaciones sociales para consolidar una agenda legislativa que responda a los requerimientos de las mujeres mexicanas y fortalezca el respeto de sus derechos humanos.

Durante la segunda jornada de las mesas de trabajo “Legislación, Derechos Humanos y Género: avances, obstáculos y propuestas para una agenda legislativa”, apuntó que “hay una gran deuda con las mujeres mexicanas, y las que tenemos participación política debemos avanzar y no dar ningún paso atrás en sus derechos”.

Sostuvo que estas mesas de trabajo están enfocadas a lograr una agenda clara y definida de lo que urge avanzar a las mujeres en el país, pero consensuada y avalada con todas las fuerzas políticas.

“Hoy más que nunca se necesita una visión crítica, objetiva y realista. Aunque es un avance la paridad en el Congreso de la Unión, no se resuelve el problema. Lo que trascendería sería la historia que hagamos para transformar la vida de las mujeres afuera”, destacó.

La secretaria de esta Comisión, diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (PRI), consideró que estos ejercicios forman parte del trabajo de la Cámara de Diputados. “Sin protagonismos, pero sí con responsabilidad y escuchando las voces de las dependencias que trazan la ruta crítica de lo que debe hacerse”, para que de forma coordinada se haga lo que necesitan las mexicanas, precisó.

La diputada Fabiola Guerrero Aguilar (PRI) dijo que lo que se busca es el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, “ni más ni menos”.

Al participar en la Mesa “Procuración y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia”, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, indicó que el Estado mexicano debe garantizar que en cada caso de violencia contra las mujeres operen los mejores estándares protectores de derechos humanos.

En su ponencia, “Derechos Humanos y Acceso a la Justicia para las Mujeres”, sostuvo que las autoridades están obligadas a respetar y no violar los derechos humanos de las víctimas de violencia, y no revictimizar a la mujer que acuda a esos funcionarios, sin importar su extracción social, económica o cultural.

Planteó eliminar estereotipos de género, para realizar una justicia efectiva, y tener recursos judiciales adecuados como un medio de defensa accesible y oportuna. Asimismo, que toda la Federación, los estados y la Ciudad de México elaboren y apliquen protocolos especializados, y legislen e impulsen políticas públicas con perspectiva de género.

“Tenemos una gran complicación en los recursos judiciales por formalismos innecesarios; utilizamos términos imposibles de entender, rebuscados, ininteligibles”, explicó.

Subrayó que prevenir la violación de los derechos humanos de las mujeres, su investigación, sanción, reparación y adecuado acceso a la justicia, es obligación del Estado mexicano. La no atención adecuada de esos deberes específicos implica violencia institucional, “lo cual es aún más grave”.

A su vez, la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimntra), Ángela Quiroga Quiroga, destacó la necesidad de contar con tipos penales homologados en materia de feminicidios.

Señaló que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia debe contener una estructura mínima de atención ministerial y especificar cómo deben ser las fiscalías especializadas para garantizar la operatividad de la ley.

Al presentar su ponencia “Desafíos en la implementación estatal y municipal en los protocolos de actuación para prevenir la trata de personas, búsqueda y localización, criterios para homologar tipos penales”, propuso etiquetar recursos para garantizar acciones concretas y específicas de operatividad y legislar tipos penales básicos de violencia contra la mujer.

De no incorporar la homologación de feminicidio, dijo, se corre el riesgo de que cualquier día se cambie, dependiendo del momento político y la coyuntura de cada entidad. De ahí, la importancia de tener tipos penales homologados desde la ley general, para contar con mejores herramientas de sanción, puntualizó.

Añadió que en las procuradurías no hay comunicación entre la materia penal y la familiar. Ejemplificó: un padre que abusó de su hija, sigue un proceso penal pero, al mismo tiempo, hay un ordenamiento en un juzgado familiar para que ambos tengan convivencia porque tienen ese derecho. “El resultado es una mamá que huye con su hija a un cuarto de hotel para que no las encuentre. Es insensato”.

Señaló que el 29 por ciento de los casos de un tribunal es penal y las materias más importantes en los tribunales locales son la civil y familiar; sin embargo, “las tenemos olvidadas en cuanto a recursos y apoyo”.

El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Sergio Jaime Rochín del Rincón, mencionó que es urgente atender el acceso a recursos del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, pues disposiciones legales limitan y obstaculizan los beneficios y la reparación del daño.

Reconoció que la Ley General de Víctimas es un avance sin precedentes en la historia de México y “hay que defenderla en sus principios. No se trata de generar algo diferente, cambiar y reconocer a un tipo de víctimas, sino de generar condiciones para que sea verdaderamente efectiva y se acceda con más facilidad a recursos. La deuda está muy lejos de saldarse”.

Dijo que “a pesar de los avances normativos, más de la mitad de la población mexicana ve coartados sus derechos. Una nación como México no puede permitirlo”. Llamó a transformar la situación con conocimiento, experiencia, facultades y voluntad para cambiar la realidad de 61 millones de mujeres y niñas mexicanas; sacar la ley de las letras y pasarla a las acciones, para que sea un verdadero instrumento de acceso a la justicia.

En su exposición “Obstáculos y propuestas para el acceso de las víctimas a la justicia, su protección y reparación del daño”, explicó que para 2017 la CEAV buscará emitir protocolos de atención y crear una Unidad Especializada para atender a mujeres víctimas de violencia.

Entre los retos que impiden la atención de las mujeres y niñas víctimas de violencia destacó los sistemas burocráticos y la falta de mecanismos para atraer casos al fuero federal, lo que deja a muchas de ellas sin posibilidad de acompañamiento, atención, reparación integral.

Enseguida, Marco Antonio Velasco Arredondo, consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, indicó que existen desafíos en la aplicación de la norma como la armonización de la ley con los códigos civiles, familiares y penales, y lograr una protección integral de mujeres víctimas de violencia.

Explicó que los retos son en materia de facilitación de independencia económica de las mujeres; ausencia de protocolos nacionales de protección e insuficiencia de refugios y programas reeducativos integrales para agresores, que contemplen medidas alternas a la privación de libertad.

Exhortó a las y los legisladores a fortalecer partidas presupuestales para implementar el nuevo sistema de justicia penal que implica la oralidad, la aplicación de mecanismos alternos de solución de controversias y una impartición de justicia más cercana a las mujeres, en la construcción de un mundo libre de violencia.

Afirmó que todas las medidas quedan en papel, porque no se revisa su cumplimiento y se requiere la cooperación interinstitucional, contar con recursos suficientes para que todas las instituciones encargadas de velar por estos derechos puedan dar apoyo efectivo. “No será posible sin presupuesto”.

La secretaria de la Comisión de Justicia, diputada María Gloria Hernández Madrid (PRI), planteó modificar la ley para que jueces municipales proporcionen órdenes de protección a mujeres violentadas sin investigación previa y por el tiempo que la víctima lo requiera, tal como lo establece la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw).

Estas órdenes son consideradas una gran herramienta a nivel internacional, “está demostrado que todos los casos de feminicidio tuvieron como antecedente a una mujer que presentó una denuncia y que, si se le hubiera brindado una inmediata orden de protección, nunca hubiese existido feminicidio”.

Durante su exposición, con el tema “Modelos de Atención de los Centros de Justicia para Mujeres. El caso de Hidalgo”, la legisladora sostuvo que es necesario sensibilizar a todas las entidades donde se encuentran esas instalaciones, para que no queden sólo como un modelo, sino que sean un sistema al que se acerquen todas las mujeres que han sido abusadas.

Asimismo, es indispensable contar con recursos suficientes para fomentar talleres de contención para que los operadores de los centros de justicia cuenten con atención psicológica e incluso, agregó, que continúen con talleres de masculinidad, donde se atienden a quienes realizaron conductas violentas.

Con el tema “Centros de Justicia para las Mujeres; avances y retos”, la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Katia Chávez León, destacó que uno de los principales retos es dotarlos de recursos humanos y financieros suficientes, ya que cada uno responde a un contexto diferente de violencia.

Es necesario fortalecer su estructura e incluir esa figura en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que los recursos se otorguen por mandato legal.

La operación de los centros, continuó, está rebasada por el número de usuarias que atienden y el personal no es suficiente, por lo que es indispensable dotarlos de recursos que permitan dar una atención adecuada a las víctimas.

Informó que de 2011 a 2016 se han atendido a 219 mil 217 usuarias en los 29 centros de justicia que se encuentran en 22 estados de la República.

“La violencia es un problema multifactorial que se debe atender desde lo local, por lo que un centro de justicia no es suficiente para un estado, y por lo cual la propuesta es crear más centros y focalizar la atención para la población indígena”.

En la Mesa “Igualdad de Género y Legislación en México: Balance, Avance Obstáculos y Propuestas para una Agenda Legislativa”, el coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Pablo Navarrete Gutiérrez, afirmó: en México cada cuatro horas se consuma el asesinato de una mujer, lo que totaliza seis al día, 180 al mes y dos mil 160 al año.

Dijo que entre 1984 y 2014 se cometieron más de 47 mil homicidios con presunción de feminicidio, cuyas hijas o hijos quedaron al cuidado de abuelas y abuelos. Pidió medidas de atención para ellos y que desde la legislación civil de todas las entidades, el feminicidio de la pareja sea motivo suficiente y automático para que pierda la patria potestad el agresor sobreviviente.

También planteó crear una Defensoría Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, para que haya acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

El primer lugar de requerimientos de respaldo y asesoría jurídica para las mujeres es por incumplimiento de pensión alimenticia. Planteó que se creen registros estatales de deudores alimentarios porque es una “vergüenza que sea más grave deberle al banco, que sí haya consecuencias jurídicas para quien le debe a la banca, y no para los deudores alimentarios”.

En su ponencia “Balance Legislativo; cumplimiento de la CEDAW y de la Convención Belén Do Pará”, se pronunció por avanzar en la armonización legislativa del feminicidio pues de lo contrario “incurrimos en la práctica de violencia legislativa, que se configura cuando se generan leyes restrictivas a los derechos humanos de las mujeres o que, a sabiendas de su existencia, no se hace lo suficiente por cambiarla, modificarla o derogarla”.

El funcionario destacó que el feminicidio no está tipificado igual en los diferentes estados y todo fue en un tiempo récord, por presión y no por convicción, como instrumento de legitimidad política “porque no era correcto, políticamente, decirles que no a las mujeres y ahí están las consecuencias del uso político de un tema tan delicado como el feminicidio porque no hay uniformidad en el tipo penal”.

Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, pidió al Legislativo sumarse, mediante un punto de acuerdo, a la exigencia de que las autoridades garanticen la seguridad y protección de las presidentas municipales que han sido amenazadas o agredidas por el hecho de ser mujer.

Tal fue el caso, destacó, de la presidenta municipal de Chenalhó Rosa Pérez Pérez, víctima de la quema de su casa y violencia política, quien se vio obligada a renunciar a su cargo por decreto del Congreso de Chiapas y que, por sentencia del Tribunal Electoral, debe ser restituida.

Cuestionó cuántos agresores se encuentran detenidos o bajo proceso frente a los 219 mil casos de violencia que se han registrado en toda la República. “Existen cientos de medidas cautelares, cursos de capacitación e iniciativas de ley, pero cuántos agresores se han encarcelado”.

Cuando no existe sanción en contra de un delito, el infractor se empodera al doble o triple, además, el Estado no está asumiendo su responsabilidad frente al problema de los feminicidios.

Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres México, apuntó que muchas Comisiones de Igualdad de Género en los Congresos locales carecen de mandato presupuestal, por lo que no son tomadas en cuenta al momento de revisar la asignación de los recursos.

En materia laboral existe discriminación en la Ley Federal del Trabajo en contra de las trabajadoras domésticas, que suman 2.5 millones de personas que sufren carencias y en, muchos casos, de pobreza.

“Será un profundo cambio estructural lograr la igualdad de género y un futuro más luminoso”, sin discriminación ni violencia, por lo que la pregunta es cómo desencadenar acciones que tengan el poder transformador”, expresó.

A nivel global es el ámbito parlamentario en donde más participación de mujeres hay, pero aún falta hacerlo en las presidencias municipales en donde más rezago existe, así como en el área empresarial.

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