• Banavim, sin información actualizada de violencia contra mujeres por falta de coordinación con fiscalías estatales

• Se carece de estadística nacional de órdenes de protección a víctimas de violencia de género: Nereida Plascencia

• Centros de Justicia para Mujeres, sobresaturados y con falta de presupuesto

• Policías estatales, sin protocolos ni preparación para atender población femenina

19-08-2016.- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco, afirmó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, “que viene en un ambiente complejo de austeridad”, no se puede permitir que en el anexo 13 “haya acciones o programas sin requisitos fundamentales de racionalidad, pertinencia y eficacia del gasto, o que no vayan enfocados a la aceleración del desarrollo de las mujeres”.

Dijo que se ha revisado puntualmente cada unidad responsable del gasto, cada ramo presupuestal y programa, y consideró que es fundamental impulsar lo que funciona, y en lo que no, replantear muy bien el ejercicio del gasto público, porque el recurso debe impactar en la sociedad mexicana.

Al encabezar las Mesa Interinstitucional “Presupuestos para Igualdad entre Mujeres y Hombres: Anexo 13”, revisión del Ramo 04, Gobernación, advirtió por otra parte, que debido a la falta de coordinación de las fiscalías estatales con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), nuestro país carece de una estadística nacional respecto al número de órdenes de protección a víctimas de violencia de género.

Aseguró que “es preocupante esta falta de coordinación. Hoy más que nunca se necesita de información actualizada frente a un escenario donde siete mujeres mueren al día por cuestiones de género”.

Respecto a la revisión del Ramo 04 – Gobernación-, lamentó que el Banavim no cuente con información actualizada, a pesar de que se concibió como el contenedor estadístico de la violencia que sufren las mujeres.

“No cuenta con información desagregada, carece de georeferenciación, y no clasifica por tipo de orden o entidad donde se presentaron los casos”, detalló.

Explicó que el problema radica en que las fiscalías estatales encargadas de atender los casos de violencia en contra de las mujeres no manda al Banavim la relación de asuntos que atienden, lo que no permite tomar las decisiones correctas.

Respecto de los Centros de Justicia para las Mujeres, que existen casi en la totalidad de los estados del país, Plascencia Pacheco señaló que a pesar de que cuentan con personal para la atención de las víctimas de violencia de género en sus diferentes rubros –Ministerio Público, piscología y trabajadoras sociales-, su presupuesto es mínimo comparado con la carga de trabajo.

“Muchos de ellos tienen resultados y son fundamentales para que las mujeres accedan a un refugio y a la justicia”, sostuvo.

Sobre los protocolos de actuación policial y penitenciario, la legisladora solicitó conocer el número de elementos y custodios que han sido capacitados con perspectiva de género y cuántos faltan por recibirla.

Dijo que en México la juventud ha evolucionado muchísimo y hay un gran reto como país para erradicar el matrimonio de niñas; reconocer el trabajo remunerado y no remunerado, y disminuir el embarazo en adolescentes, por lo que se ha retomado una política para este sector poblacional que no se veía desde los 90.

Agregó que 30 por ciento de los jóvenes en México está en edad adolescente; por lo tanto, continuó, se debe trabajar en temas de prevención no sólo de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, sino de drogadicción y suicidio, entre otros.

“El suicidio se ha incrementado mucho. Es alarmante el índice en niñas, hemos tenido casos de pequeñas de 6 años, por lo que es necesaria una campaña integral de riesgos”, exigió.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (PRI), secretaria de la comisión, propuso que cada estado del país se comprometa a entregar un diagnóstico sobre la situación de la violencia de género en que viven, y lamentó que no haya voluntad de los gobernadores por atender esta problemática.

Apuntó que las administraciones locales deben participar en la atención de la violencia de género, junto con el gobierno federal, mediante el modelo del paripaso, además de sensibilizar a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública estatales, ya que sus cuerpos policiacos presentan “graves problemas”.

“Creen que con pintar una patrulla rosa ya están atendiendo la violencia de género”, dijo.

Subrayó que las capacitaciones para elementos policiacos y custodios deben ser permanentes, aunque advirtió que si no se cuentan con indicadores que midan sus resultados, no servirá.

Pidió conocer la relación entre el número de trabajadoras, abogadas, MPs y psicólogas de los Centros de Justicia para mujeres y el de los casos que atienden, porque que “hay un exceso de asuntos”.

De igual forma, que haya más sensibilidad por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la reorientación de los recursos dentro del mismo Anexo 13 y “verdaderamente atienda a las mujeres”.

Cuestionó: “¿Qué se hace con este recurso para que todas las áreas estén capacitadas y sensibilizadas en un tema muy complejo, en donde cada vez se enfrentan a situaciones difíciles de atender”.

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, informó que actualmente cuentan con 29 Centros de Justicia para la Mujer y están en construcción 10 más, en casi todos los estados del país -Tlaxcala sería el único pendiente-, los cuales “son la mejor política nacional para prevenir y atender la violencia de género”.

Dichos sitios, abundó, han permitido a las mujeres salir de los círculos de agresión a los que están sometidas.

“Cuentan con atención integral, como MPs, psicólogas, trabajadoras sociales; además, en ellos hay salas de juicios orales y espacios especiales para los hijos de las víctimas, como lo son ludotecas, para evitar que estén con sus madres cuando son re-victimizadas. Se les brinda acompañamiento específico por ser víctimas secundarias de la violencia”.

Estos centros contarán próximamente con certificaciones que avalen su funcionamiento en 10 rubros; además, se puso en marcha un 01-800 HABLALO, que acompaña a las mujeres durante el proceso de salida del círculo de violencia, el cual tardan por lo menos dos años en abandonar y estar listas para denunciar.

También, esta línea atiende a hombres agresores que buscan salir del círculo de violencia, así como niñas y niños que son víctimas secundarias.

Respecto de la Alerta de Violencia de Género, puntualizó que actualmente hay 22 estados bajo este proceso, lo cual dijo, es grave.

La secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo) Patricia Chemor Ruiz, señaló que al 31 de julio, el presupuesto de este consejo fue de siete millones 452 mil pesos, de los cuales tres millones 452 mil se comprometieron en la difusión de la campaña “Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro”, que habla de un proyecto de vida para los jóvenes, no sólo de prevenir embarazos y enfermedades.

Falta por ejercer cuatro millones de pesos, ya se autorizaron los nuevos comerciales y se lanzará una campaña contra el abuso sexual infantil, para evitar los embarazos en niñas menores de 14 años.

El fin es contribuir a que las y los adolescentes tomen decisiones asertivas que les ayuden a disminuir riesgos y contribuir a un mejor proyecto de vida.

Explicó que se organizan diversos eventos con jóvenes líderes en el campo del deporte, la música, a los que se agregan los stands para brindar a este sector información necesaria que les permita planear mejor su vida.

El objetivo es desarrollar una cultura demográfica basada en valores de prevención, participación social, tolerancia y vigencia de derechos humanos.

Laura Cerna Lara, directora adjunta de Vinculación Social y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), comentó que mediante el programa Abriendo Futuros, se ha capacitado a 600 niñas, además, de buscar la reparación del tejido social, retrasar el embarazo en adolescentes, la deserción escolar y explicar a las menores los tipos de violencia que existen.

“Fortalecieron su compañerismo, manejan temas de derechos humanos, conocen sus responsabilidades, reflexionan sobre los estereotipos de género, conocen sobre su derecho a una vida libre de violencia”.

Lorena Baños, de la Unidad de Desarrollo e Integración Interinstitucional de la Comisión Nacional de Seguridad, informó que se destinaron un millón 295 mil 664 pesos de recursos al ámbito policial para la impresión del Protocolo de Actuación en Materia de Violencia de Género, con el fin de inculcarle cómo debe proceder un policía cuando una mujer es víctima.

Se ejercieron dos millones 44 mil 736 pesos, para llevar a cabo una investigación sobre el estado que guarda la perspectiva de género en el sistema penitenciario, y elaborar un modelo de formación de los agentes de guardia y custodia.

Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB, argumentó que tuvieron problemas para ejercer el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que no estaba dirigido a programas, sólo a acciones concretas.

América Nava, directora general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos en la Subsecretaria de Derechos Humanos, destacó que esta dirección de estrategias tiene un presupuesto asignado de poco más de 11 millones de pesos, divido en dos proyectos.

Uno, para la operación del Banavim y otro para la implementación del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

El Banavim crea el expediente único de la víctima desde que llega, cuenta con los datos generales de la víctima y del agresor, atenciones y medidas de protección que necesita. Es una herramienta esencial que pudiera dar muchísimo para combatir la violencia; sin embargo, todavía faltan estados por proveerle la información respectiva.

Patricia Montes Balderas, representante del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), expresó que su función principal es erradicar y prevenir la discriminación.

En el caso del presupuesto de igualdad entre hombres y mujeres se ha enfocado en dos programas: El primero, es difundir campañas de sensibilización sobre la inclusión, la valoración de la diversidad y la no discriminación de todos los sectores de la población.

El otro programa es de tipo editorial, para generar información y materiales que divulguen las prácticas de cómo prevenir la discriminación.

Comentó que mediante el programa televisivo con Canal 11, “Yo soy yo”, se planea elaborar un comic dirigido a los jóvenes a través de diferentes plataformas, enfocado al tema del odio en redes sociales, lo cual llega a todos los sectores.

Expuso que se tiene un presupuesto de 7.5 millones, donde 5.5 millones estarán dirigidos a las campañas y 1 millón de pesos está enfocado a las publicaciones.

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